Tregua social y reinserción financiera, prioridades de la presidente

El triunfo en primera vuelta no alcanza aún para alterar la relación de fuerzas en el Congreso. Sigue con los superpoderes y el control del Consejo de la Magistratura. El pacto social buscaría ajuste gradual y repartir su costo político.

29 octubre, 2007

Cuando la candidata oficialista, Cristina Fernández de Kirchner, amanezca
este lunes 29 de octubre como presidenta electa de los argentinos, el vector de
la gestión de gobierno, que en 2003 iniciara su esposo Néstor, apuntará
hacia los problemas reales del país que vino soslayando en este año
de campaña: la inflación, la crisis energética, la inserción
del país en la comunidad financiera internacional, la necesidad de inversiones,
la inseguridad ciudadana, todas negadas en la competencia electoral.

El resultado de los cómputos hoy no influirá demasiado en las decisiones
claves, salvo que las activará. Inclusive antes que asuma el 10 de diciembre,
seguramente se habrá preparado el terreno para negociar en firme con el
Club de París por la deuda en default, a fin de abrir el camino a la financiación
de inversiones claves para la oferta de energía y a la concreción
de “argentinizaciones” de paquetes accionarios como el de YPF y Esso,
que tienen que ver con el control de servicios públicos básicos
para el desenvolvimiento de la economía.

La transición servirá asimismo para activar los cambios metodológicos
en la medición de los precios, que permitirán rehabilitar el “termómetro”
que oficiará de fiel de balanza del pacto social que se propone instrumentar
el gobierno entrante para apaciguar la carrera entre precios y salarios, con el
nuevo ingrediente que entrará en acción: las tarifas.
La normalización del Indec es un paso ineludible en la estrategia del matrimonio
Kirchner para fijar el punto de partida de la llamada puja distributiva, con un
horizonte de por lo menos tres años.

El antes de los convenios laborales que vencen en enero deberá quedar absorbido
por la pauta que arranque hacia delante, lo cual no será una píldora
de fácil digestión para los amigos sindicales de la Casa Rosada.

De todos modos, los gremios industriales ya dejaron arreglada su compensación
por el desfase salarial de los acuerdos firmados antes de mitad de año
ante el avance real de los precios y, por tanto, no harán sentir su presión
en las negociaciones que encabece la CGT.

Los empresarios, que salvo los rurales aceptan que la UIA lleve la voz cantante,
están dispuestos a cerrar trato en torno de una pauta de 10 % para los
sueldos y los precios, siempre a condición de que sea serio y creíble
el índice que elabora el Indec.
El ministro de Economía y el presidente del Banco Central, Miguel Peirano
y Martín Redrado, ya estuvieron desparramando por los rincones del FMI
en Washington que tenían asegurada su continuidad con el casi seguro triunfo
de Cristina Kirchner en la elección, y que la idea era presentar un plan
económico con consenso social explícito que combinara la defensa
del crecimiento con la baja de la inflación.

Sería la carta de presentación oficial de la presidenta electa ante
las autoridades políticas del FMI y el Club de París, con el propósito
de allanar el camino hacia la refinanciación de la deuda en default. La
victoria electoral en primera vuelta y el acta de compromiso con los sectores
sociales constituirán el aval ofrecido a la comunidad financiera internacional
para que sea aprobada la refinanciación sin que el país sea sometido
a las auditorías de práctica del organismo que ahora dirige Dominique
Strauss-Khan.

Por lo demás, el gobierno seguirá contando con los superpoderes,
con el control del Consejo de la Magistratura y con la llave de paso para auxiliar
a las economías provinciales, puntos más o menos en la representación
parlamentaria.

Hasta el domingo, de las 257 bancas de la Cámara de Diputados, el Frente
para la Victoria tenía 111 propias, 19 aliados del llamado peronismo federal
y más bloques unipersonales y radicales K. Puso en juego la renovación
de 49 legisladores más 13 de los 19 de los ex duhaldistas.

Con los más y los menos, la coalición oficialista mantendrá
su participación, lo mismo que ocurre con el Senado, donde cambian 24 de
las 72 bancas. El Frente para la Victoria arriesga 13 sobre los 41 que posee.

Es previsible que en el primer año de gobierno de Cristina, el Congreso
se convierta más en un escenario de reacomodamiento de la oposición,
que de debate de leyes fundamentales.

La Casa Rosada continuará la tónica actual de ejercicio concentrado
del poder, aunque con formalidades legislativas que la actual senadora no descuidará,
al menos en los primeros tiempos.

La previsible presencia en el gabinete de los principales funcionarios de la actual
administración, como Alberto Fernández, Miguel Peirano, Julio de
Vido y Martín Redrado ratificará la impronta vigente.

La marcha de la inflación y la duración de la tregua con los sindicatos,
además de la intensidad con que se manifieste la crisis energética,
regularán el paso de la oposición hacia un plano más protagónico
de la política, pero de la capacidad de articularse como no lo logró
para enfrentar en las urnas a los Kirchner dependerá su crecimiento.
Después del comicio, la alianza socialista-radical surgida en Santa Fe
y plasmada a nivel nacional en la fórmula Carrió-Giustiniani se
enriquecerá con el aporte bonaerense de Margarita Stolbizer, segunda aunque
muy lejos del ganador Daniel Scioli.

Depende de lo que construyan dentro de la Coalición Cívica en el
Congreso durante este primer año de mandato y de cómo afecte al
frente oficialista parlamentario el desgaste por los conflictos que hereda el
gobierno de Cristina, para el 2009 podrían recomponerse las alianzas y
desembocar, así, en la elección legislativa con una nueva relación
de fuerzas en la que aparezca debilitado el oficialismo.

Cuando la candidata oficialista, Cristina Fernández de Kirchner, amanezca
este lunes 29 de octubre como presidenta electa de los argentinos, el vector de
la gestión de gobierno, que en 2003 iniciara su esposo Néstor, apuntará
hacia los problemas reales del país que vino soslayando en este año
de campaña: la inflación, la crisis energética, la inserción
del país en la comunidad financiera internacional, la necesidad de inversiones,
la inseguridad ciudadana, todas negadas en la competencia electoral.

El resultado de los cómputos hoy no influirá demasiado en las decisiones
claves, salvo que las activará. Inclusive antes que asuma el 10 de diciembre,
seguramente se habrá preparado el terreno para negociar en firme con el
Club de París por la deuda en default, a fin de abrir el camino a la financiación
de inversiones claves para la oferta de energía y a la concreción
de “argentinizaciones” de paquetes accionarios como el de YPF y Esso,
que tienen que ver con el control de servicios públicos básicos
para el desenvolvimiento de la economía.

La transición servirá asimismo para activar los cambios metodológicos
en la medición de los precios, que permitirán rehabilitar el “termómetro”
que oficiará de fiel de balanza del pacto social que se propone instrumentar
el gobierno entrante para apaciguar la carrera entre precios y salarios, con el
nuevo ingrediente que entrará en acción: las tarifas.
La normalización del Indec es un paso ineludible en la estrategia del matrimonio
Kirchner para fijar el punto de partida de la llamada puja distributiva, con un
horizonte de por lo menos tres años.

El antes de los convenios laborales que vencen en enero deberá quedar absorbido
por la pauta que arranque hacia delante, lo cual no será una píldora
de fácil digestión para los amigos sindicales de la Casa Rosada.

De todos modos, los gremios industriales ya dejaron arreglada su compensación
por el desfase salarial de los acuerdos firmados antes de mitad de año
ante el avance real de los precios y, por tanto, no harán sentir su presión
en las negociaciones que encabece la CGT.

Los empresarios, que salvo los rurales aceptan que la UIA lleve la voz cantante,
están dispuestos a cerrar trato en torno de una pauta de 10 % para los
sueldos y los precios, siempre a condición de que sea serio y creíble
el índice que elabora el Indec.
El ministro de Economía y el presidente del Banco Central, Miguel Peirano
y Martín Redrado, ya estuvieron desparramando por los rincones del FMI
en Washington que tenían asegurada su continuidad con el casi seguro triunfo
de Cristina Kirchner en la elección, y que la idea era presentar un plan
económico con consenso social explícito que combinara la defensa
del crecimiento con la baja de la inflación.

Sería la carta de presentación oficial de la presidenta electa ante
las autoridades políticas del FMI y el Club de París, con el propósito
de allanar el camino hacia la refinanciación de la deuda en default. La
victoria electoral en primera vuelta y el acta de compromiso con los sectores
sociales constituirán el aval ofrecido a la comunidad financiera internacional
para que sea aprobada la refinanciación sin que el país sea sometido
a las auditorías de práctica del organismo que ahora dirige Dominique
Strauss-Khan.

Por lo demás, el gobierno seguirá contando con los superpoderes,
con el control del Consejo de la Magistratura y con la llave de paso para auxiliar
a las economías provinciales, puntos más o menos en la representación
parlamentaria.

Hasta el domingo, de las 257 bancas de la Cámara de Diputados, el Frente
para la Victoria tenía 111 propias, 19 aliados del llamado peronismo federal
y más bloques unipersonales y radicales K. Puso en juego la renovación
de 49 legisladores más 13 de los 19 de los ex duhaldistas.

Con los más y los menos, la coalición oficialista mantendrá
su participación, lo mismo que ocurre con el Senado, donde cambian 24 de
las 72 bancas. El Frente para la Victoria arriesga 13 sobre los 41 que posee.

Es previsible que en el primer año de gobierno de Cristina, el Congreso
se convierta más en un escenario de reacomodamiento de la oposición,
que de debate de leyes fundamentales.

La Casa Rosada continuará la tónica actual de ejercicio concentrado
del poder, aunque con formalidades legislativas que la actual senadora no descuidará,
al menos en los primeros tiempos.

La previsible presencia en el gabinete de los principales funcionarios de la actual
administración, como Alberto Fernández, Miguel Peirano, Julio de
Vido y Martín Redrado ratificará la impronta vigente.

La marcha de la inflación y la duración de la tregua con los sindicatos,
además de la intensidad con que se manifieste la crisis energética,
regularán el paso de la oposición hacia un plano más protagónico
de la política, pero de la capacidad de articularse como no lo logró
para enfrentar en las urnas a los Kirchner dependerá su crecimiento.
Después del comicio, la alianza socialista-radical surgida en Santa Fe
y plasmada a nivel nacional en la fórmula Carrió-Giustiniani se
enriquecerá con el aporte bonaerense de Margarita Stolbizer, segunda aunque
muy lejos del ganador Daniel Scioli.

Depende de lo que construyan dentro de la Coalición Cívica en el
Congreso durante este primer año de mandato y de cómo afecte al
frente oficialista parlamentario el desgaste por los conflictos que hereda el
gobierno de Cristina, para el 2009 podrían recomponerse las alianzas y
desembocar, así, en la elección legislativa con una nueva relación
de fuerzas en la que aparezca debilitado el oficialismo.

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