Toman cuerpo fantasmas del “lavado”
Dirigentes políticos, banqueros, instituciones nacionales e internacionales encarnan los hasta ahora fantasmas del escándalo del "lavado de dinero". Difunden el informe del Senado de EE.UU.
Los matutinos del jueves 1º y las pantallas de TV dedicaron páginas, horas de emisión y comentarios de sus colaboradores y de especialistas entrevistados, a informar a los argentinos sobre los alcances del escándalo del “lavado de dinero”, cuyas connotaciones económicas y políticas fueron motivo de polémicas.
Para el Gobierno, el documento no llega a cuestionar a los funcionarios y dirigentes de mayor nivel de la coalición oficial; para el Justicialismo, abre una puerta a la sospecha de que la administración de Carlos Saúl Menem está involucrada en el affaire.
El informe dedicado 40 de sus 111 páginas a la situación argentina; confirma que Raúl Moneta era dueño del Federal Bank, involucrado en actividades delictuosas y da pábulos a sospechas de que Mercado Abierto, empresa de Aldo Ducler intervenía en el lavado de dinero del Cartel de Juárez.
También surge de la investigación que Moneta mantuvo una intensa relación comercial y financiera con el Citibank de Nueva York, entidad que no aplicó los recaudos debidos para verificar el origen de los fondos que formaban parte de las transacciones.
Los expertos que asesoran a la comisión senatorial determinaron, al analizar los blancas del Federal Bank en su cuenta correspondiente al Citibank que entre noviembre de 1991 y mayo de 2000, pasaron por esa cuenta más de US$ 4.500 millones.
En lo referente a Mercado Abierto, determinaron que Aldo Ducler, considerado uno de sus dueños, “estaba al tanto de las cuentas que se abrirían para transferir dinero de la droga desde Estados Unidos hacia la Argentina”.
Quedan muchos aspectos vinculados con la investigación abiertos a la controversia; uno de ellos se refiere a la actuación del presidente del Banco Central de la Argentina, Pedro Pou, en vista de que consta que una auditoría realizada en 1998, funcionarios de la institucíón expresaron su alarma por el volumen de las transacciones entre el Banco de la República, de Moneta, y el Federal Bank.
Esas advertencias, sin embargo, no fueron tenidas en cuenta, ya que no se adoptaron las medidas de control pertinentes; llama la atención que el Banco República siguiera funcionando, pese a no cumplir con los requisitos mínimos de solidez y recién fuera liquidado en abril de 1999.
Tanto el gobierno como la oposición manejan con cautela el tema en cuestión; el primero, porque entiende que no es el momento adecuado para incentivar las dudas de los inversores y la segunda, porque el Justicialismo advierte el riesgo de que se reactiven las acusaciones sobre corrupción que la alianza descargó sobre la administración Menem, como arma decisiva para la conquista del poder.
Mientras el ex Presidente mantuvo “silencio de radio” durante los primeros días de conocido el documento norteamericano, su hermano, el senador Eduardo Menem le restó importancia: “Esa institución (por el Senado de E.UU.9) no es la verdad revelada. No hay que dar por sentado que todo lo que dicen es cierto o exacto”.
Alberto Kohan, tras repudiar a quienes intentan ligar a Carlos Saúl Menem con el escándalo, se mostró cuateloso en sus dichos: “No leí el informe aún, pero tengo un enorme respeto por los senadores norteamericanos; son serios, no se largan a decir cosas sin pruebas, como hacen tanto acá…”.
Para algunos observadores la marcha de los acontecimientos apuntaría a la salida del presidente del Banco Central, contra el cual apuntan los políticos, pero cuenta en cierta medida con el apoyo de banqueros y empresarios, inclinados a respaldar la vida institucional de esa institución.
Quedan en pie las declaraciones del ministro de Justicia y hermano del Presidente, Jorge de la Rúa, que el martes 27 insinuó que la substitución de Pou en el cargo podría traer como consecuencia alivio a los mercados.
En los círculos que se consideran informados se afirma que el ministro Machinea y el Jefe de Gabinete, Colombo, se inclinan por un pedido de licencia del funcionario.
Los polìticos cercanos al Presidente, entre ellos el ministro del Interior, Federico Storani, y el senador Mario Losada, consideran que en base al asesoramiento de la comisión bicameral que considerará el affaire, sea Fernando de la Rúa quien lo remueva.
En este sector se considera que su eventual reemplazo por Ricardo López Murphy, ministro de Defensa, mejoraría notablemente el ánimo de los inversores y empresarios y contribuiría a lograr la reactivación económica, logro hasta ahora negado al titular del Palacio de Hacienda.
La comisión legislativa aguarda el informe personal de los diputados Elisa Carrió y Gustavo Gutiérrez, cuya imagen ganó aceleradamente puntos ante la opinión pública, por ser impulsores de las denuncias por lavado de dinero y el descargo del imputado, para decidir su actitud.
El viernes las expectativas quedaron centradas en el contenido de 25 cajas con la documentaciòn analizada por Carl Levin y sus colaboradores del Senado estadounidense, en las cuales , además de un gran caudal de pruebas de los ilícitos, se incluiría el listado de empresarios y ciudadanos privados que tenían cuentas en las entidades bancarias protagonistas de ellos.
Una copia será entregada al Gobierno argentino y otra a Carrió y Gutiérrez; quienes podrán disponer de hombres de empresas, titulares de cuentas y de testaferros que aparecen mencionados en las operaciones de triangulación entre Mercado Abierto, Banco República, MA Bank y Federal Bank para lavar dinero.
Sobre la decisión presidencial y el futuro del titular del Banco Central quedaba, al cerrar la semana, pendiente un interrogante: nadie se animaba a afirmar categóricamente qué pasaría.
Los matutinos del jueves 1º y las pantallas de TV dedicaron páginas, horas de emisión y comentarios de sus colaboradores y de especialistas entrevistados, a informar a los argentinos sobre los alcances del escándalo del “lavado de dinero”, cuyas connotaciones económicas y políticas fueron motivo de polémicas.
Para el Gobierno, el documento no llega a cuestionar a los funcionarios y dirigentes de mayor nivel de la coalición oficial; para el Justicialismo, abre una puerta a la sospecha de que la administración de Carlos Saúl Menem está involucrada en el affaire.
El informe dedicado 40 de sus 111 páginas a la situación argentina; confirma que Raúl Moneta era dueño del Federal Bank, involucrado en actividades delictuosas y da pábulos a sospechas de que Mercado Abierto, empresa de Aldo Ducler intervenía en el lavado de dinero del Cartel de Juárez.
También surge de la investigación que Moneta mantuvo una intensa relación comercial y financiera con el Citibank de Nueva York, entidad que no aplicó los recaudos debidos para verificar el origen de los fondos que formaban parte de las transacciones.
Los expertos que asesoran a la comisión senatorial determinaron, al analizar los blancas del Federal Bank en su cuenta correspondiente al Citibank que entre noviembre de 1991 y mayo de 2000, pasaron por esa cuenta más de US$ 4.500 millones.
En lo referente a Mercado Abierto, determinaron que Aldo Ducler, considerado uno de sus dueños, “estaba al tanto de las cuentas que se abrirían para transferir dinero de la droga desde Estados Unidos hacia la Argentina”.
Quedan muchos aspectos vinculados con la investigación abiertos a la controversia; uno de ellos se refiere a la actuación del presidente del Banco Central de la Argentina, Pedro Pou, en vista de que consta que una auditoría realizada en 1998, funcionarios de la institucíón expresaron su alarma por el volumen de las transacciones entre el Banco de la República, de Moneta, y el Federal Bank.
Esas advertencias, sin embargo, no fueron tenidas en cuenta, ya que no se adoptaron las medidas de control pertinentes; llama la atención que el Banco República siguiera funcionando, pese a no cumplir con los requisitos mínimos de solidez y recién fuera liquidado en abril de 1999.
Tanto el gobierno como la oposición manejan con cautela el tema en cuestión; el primero, porque entiende que no es el momento adecuado para incentivar las dudas de los inversores y la segunda, porque el Justicialismo advierte el riesgo de que se reactiven las acusaciones sobre corrupción que la alianza descargó sobre la administración Menem, como arma decisiva para la conquista del poder.
Mientras el ex Presidente mantuvo “silencio de radio” durante los primeros días de conocido el documento norteamericano, su hermano, el senador Eduardo Menem le restó importancia: “Esa institución (por el Senado de E.UU.9) no es la verdad revelada. No hay que dar por sentado que todo lo que dicen es cierto o exacto”.
Alberto Kohan, tras repudiar a quienes intentan ligar a Carlos Saúl Menem con el escándalo, se mostró cuateloso en sus dichos: “No leí el informe aún, pero tengo un enorme respeto por los senadores norteamericanos; son serios, no se largan a decir cosas sin pruebas, como hacen tanto acá…”.
Para algunos observadores la marcha de los acontecimientos apuntaría a la salida del presidente del Banco Central, contra el cual apuntan los políticos, pero cuenta en cierta medida con el apoyo de banqueros y empresarios, inclinados a respaldar la vida institucional de esa institución.
Quedan en pie las declaraciones del ministro de Justicia y hermano del Presidente, Jorge de la Rúa, que el martes 27 insinuó que la substitución de Pou en el cargo podría traer como consecuencia alivio a los mercados.
En los círculos que se consideran informados se afirma que el ministro Machinea y el Jefe de Gabinete, Colombo, se inclinan por un pedido de licencia del funcionario.
Los polìticos cercanos al Presidente, entre ellos el ministro del Interior, Federico Storani, y el senador Mario Losada, consideran que en base al asesoramiento de la comisión bicameral que considerará el affaire, sea Fernando de la Rúa quien lo remueva.
En este sector se considera que su eventual reemplazo por Ricardo López Murphy, ministro de Defensa, mejoraría notablemente el ánimo de los inversores y empresarios y contribuiría a lograr la reactivación económica, logro hasta ahora negado al titular del Palacio de Hacienda.
La comisión legislativa aguarda el informe personal de los diputados Elisa Carrió y Gustavo Gutiérrez, cuya imagen ganó aceleradamente puntos ante la opinión pública, por ser impulsores de las denuncias por lavado de dinero y el descargo del imputado, para decidir su actitud.
El viernes las expectativas quedaron centradas en el contenido de 25 cajas con la documentaciòn analizada por Carl Levin y sus colaboradores del Senado estadounidense, en las cuales , además de un gran caudal de pruebas de los ilícitos, se incluiría el listado de empresarios y ciudadanos privados que tenían cuentas en las entidades bancarias protagonistas de ellos.
Una copia será entregada al Gobierno argentino y otra a Carrió y Gutiérrez; quienes podrán disponer de hombres de empresas, titulares de cuentas y de testaferros que aparecen mencionados en las operaciones de triangulación entre Mercado Abierto, Banco República, MA Bank y Federal Bank para lavar dinero.
Sobre la decisión presidencial y el futuro del titular del Banco Central quedaba, al cerrar la semana, pendiente un interrogante: nadie se animaba a afirmar categóricamente qué pasaría.
