Supervisión judicial al espionaje interno, pero no al Pentágono

El plan había sido aprobado tiempo atrás por el presidente, a instancias del entonces secretario de defensa, Donald Rumsfeld, el director nacional se seguridad (era John Negroponte) y Michael Hayden, jefe de la CIA. Se trata de une esquema que invade la privacidad de los ciudadanos. Hasta ahora, no ha dado resultados.

Alberto González, secretario de justicia, informó este jueves -en nota a la comisión senatorial del ramo- que se ha ampliado la jurisdicción del tribunal de supervisión sobre inteligencia extranjera (ya supervisa grabaciones secretas y casos que impliquen a agentes no norteamericanos). Desde ahora, cubre “toda clase de vigilancia electrónica incluida en el programa interno”.

Según González, un ultraconservador, su departamento “ha estado analizando, des principios de 2005, opciones para que ese plan sea aprobado por las instancias judiciales”. Un número creciente de legisladores ha estado protestando, porque el gobierno espiaba ciudadanos sin orden legal de intercepción. Pero, hasta la amplia derrota parlamentaria de noviembre, la Casa Blanca no les daba importancia.

González señaló a los senadores que el tribunal supervisor dispuso, desde el 10, que se le transfiriera material confidencial originado en el programa interno. Pero el funcionario no dio detalles, al menos en público, actitud que generó nuevas críticas en el Capitolio. Máxime al trascender detalles sobre el “nuevo papel” del Pentágono en materia de espionaje a norteamericanos.

Según revelaron esta semana algunos medios, los militares han estado empleando desde 2001 facultades “subrepticias” para obtener información financiera sobre centenares de personas, sospechosas de terrorismo, agitación o espionaje dentro de EE.UU. Esta obsesiva intromisión del Pentágono en inteligencia interna no ha llegado a descubrimientos relevantes.

También la CIA ha estado remitiendo a los bancos “comunicaciones de seguridad nacional”, exigiendo acceso a estados financieros de empresa norteamericanas. En este caso, se ha practicado escasa “inteligencia”. Quizá porque la instancia natural es la Securities & exchange commission (comisión de valores), no la CIA ni el Pentágono. Aun en el país de George W.Bush.

Al recibir los mensajes, bancos, emisores de tarjetas y otras entidades financieros, sin parar mientes en los derechos del cliente, entregan todo tipo de documentación. Esta conducta, que explica por qué tantos prefieren Suiza, Luxemburgo o Caimán, permite investigar activos y transacciones de civiles y militares norteamericanos dentro o fuera del territorio.

Por su parte, el FBI –agencia encargada de contraterrorismo y espionaje internos- envió millares de esas cartas desde los ataques del 11 de septiembre. Esto levantó fuertes críticos y generó pleitos, especialmente de grupos dedicados a las libertades públicas, porque implica intrusiones no justificables en la vida privada.

Pero había un detalle hasta ahora ignorado aun por funcionarios dedicados a contraterrorismo: el Pentágono y la CIA han estado usado sus propias “versiones no compulsivas” de esas solicitudes. Ya desde 2002, el congreso había rechazado varios intentos de ambas agencias, interesadas en obtener facultades para hacer precisamente eso.

Reglamentariamente, militares y CIA están limitados en materia de inteligencia interna. Tampoco pueden actuar como policías ni oficiales de justicia. Pero las últimas revelaciones forzaron a Carl Kropf, vocero de la agencia nacional de inteligencia, a admitir que “los militares y la CIA han empleado ese tipo de misivas en forma restrictiva”. Vale decir, “delinquieron, pero poco”.

Funcionarios del Pentágono defienden las cartas como”herramientas valiosas” y reconocen que, desde 2001, son parte de una estrategia mas amplia, cuyas prioridades fueron fijadas por Rumsfeld –un obsesivo del tema- y no han sido cambiadas. “Proporcionan indicios que nos permiten seguiros y corroborarlos con otras pruebas en un contexto de contraespionaje y contraterrorismo”, fantasea el mayor Patrick Ryder (defensa).

Algunos abogados del poder ejecutivo sostienen que el Pentágono y la CIA tienen esas facultades desde tiempos de Richard Nixon. En realidad, fueron ampliadas por otro engendro jurídico, la “ley patriótica”. No obstante los excesos y la complicidad de las entidades financieras, los documentos recogidos por esos métodos no han probado –en seis años- nexos con espionaje ni terrorismo. Así admiten los propios militares.

Expertos en la materia y abogados de libertades civiles ven con inquietud que la CIA y el Pentágono se metan en actividades locales de inteligencia. Sobre todo a la luz de recientes revelaciones, en cuanto a que la contrainteligencia interna mantenía archivos sobre opositores norteamericanos a la guerra de Irak (como antiguamente sobre quienes rechazaban Vietnam). Esto es una violación a los propios reglamentos militares.

El plan había sido aprobado tiempo atrás por el presidente, a instancias del entonces secretario de defensa, Donald Rumsfeld, el director nacional se seguridad (era John Negroponte) y Michael Hayden, jefe de la CIA. Se trata de une esquema que invade la privacidad de los ciudadanos. Hasta ahora, no ha dado resultados.

Alberto González, secretario de justicia, informó este jueves -en nota a la comisión senatorial del ramo- que se ha ampliado la jurisdicción del tribunal de supervisión sobre inteligencia extranjera (ya supervisa grabaciones secretas y casos que impliquen a agentes no norteamericanos). Desde ahora, cubre “toda clase de vigilancia electrónica incluida en el programa interno”.

Según González, un ultraconservador, su departamento “ha estado analizando, des principios de 2005, opciones para que ese plan sea aprobado por las instancias judiciales”. Un número creciente de legisladores ha estado protestando, porque el gobierno espiaba ciudadanos sin orden legal de intercepción. Pero, hasta la amplia derrota parlamentaria de noviembre, la Casa Blanca no les daba importancia.

González señaló a los senadores que el tribunal supervisor dispuso, desde el 10, que se le transfiriera material confidencial originado en el programa interno. Pero el funcionario no dio detalles, al menos en público, actitud que generó nuevas críticas en el Capitolio. Máxime al trascender detalles sobre el “nuevo papel” del Pentágono en materia de espionaje a norteamericanos.

Según revelaron esta semana algunos medios, los militares han estado empleando desde 2001 facultades “subrepticias” para obtener información financiera sobre centenares de personas, sospechosas de terrorismo, agitación o espionaje dentro de EE.UU. Esta obsesiva intromisión del Pentágono en inteligencia interna no ha llegado a descubrimientos relevantes.

También la CIA ha estado remitiendo a los bancos “comunicaciones de seguridad nacional”, exigiendo acceso a estados financieros de empresa norteamericanas. En este caso, se ha practicado escasa “inteligencia”. Quizá porque la instancia natural es la Securities & exchange commission (comisión de valores), no la CIA ni el Pentágono. Aun en el país de George W.Bush.

Al recibir los mensajes, bancos, emisores de tarjetas y otras entidades financieros, sin parar mientes en los derechos del cliente, entregan todo tipo de documentación. Esta conducta, que explica por qué tantos prefieren Suiza, Luxemburgo o Caimán, permite investigar activos y transacciones de civiles y militares norteamericanos dentro o fuera del territorio.

Por su parte, el FBI –agencia encargada de contraterrorismo y espionaje internos- envió millares de esas cartas desde los ataques del 11 de septiembre. Esto levantó fuertes críticos y generó pleitos, especialmente de grupos dedicados a las libertades públicas, porque implica intrusiones no justificables en la vida privada.

Pero había un detalle hasta ahora ignorado aun por funcionarios dedicados a contraterrorismo: el Pentágono y la CIA han estado usado sus propias “versiones no compulsivas” de esas solicitudes. Ya desde 2002, el congreso había rechazado varios intentos de ambas agencias, interesadas en obtener facultades para hacer precisamente eso.

Reglamentariamente, militares y CIA están limitados en materia de inteligencia interna. Tampoco pueden actuar como policías ni oficiales de justicia. Pero las últimas revelaciones forzaron a Carl Kropf, vocero de la agencia nacional de inteligencia, a admitir que “los militares y la CIA han empleado ese tipo de misivas en forma restrictiva”. Vale decir, “delinquieron, pero poco”.

Funcionarios del Pentágono defienden las cartas como”herramientas valiosas” y reconocen que, desde 2001, son parte de una estrategia mas amplia, cuyas prioridades fueron fijadas por Rumsfeld –un obsesivo del tema- y no han sido cambiadas. “Proporcionan indicios que nos permiten seguiros y corroborarlos con otras pruebas en un contexto de contraespionaje y contraterrorismo”, fantasea el mayor Patrick Ryder (defensa).

Algunos abogados del poder ejecutivo sostienen que el Pentágono y la CIA tienen esas facultades desde tiempos de Richard Nixon. En realidad, fueron ampliadas por otro engendro jurídico, la “ley patriótica”. No obstante los excesos y la complicidad de las entidades financieras, los documentos recogidos por esos métodos no han probado –en seis años- nexos con espionaje ni terrorismo. Así admiten los propios militares.

Expertos en la materia y abogados de libertades civiles ven con inquietud que la CIA y el Pentágono se metan en actividades locales de inteligencia. Sobre todo a la luz de recientes revelaciones, en cuanto a que la contrainteligencia interna mantenía archivos sobre opositores norteamericanos a la guerra de Irak (como antiguamente sobre quienes rechazaban Vietnam). Esto es una violación a los propios reglamentos militares.