“Superente” de control a privatizadas

El Gobierno evalúa poner en marcha un "superente" de control de las empresas privatizadas, con el fin de incrementar la supervisión sobre las inversiones y la calidad del servicio que prestan.

9 diciembre, 2003

El organismo funcionaría en forma autárquica y estaría integrado por representantes del gobierno nacional y de las provincias, más dirigentes de asociaciones de consumidores y usuarios.

La creación de este “superente” forma parte del proyecto del
“Régimen Nacional de Servicios Públicos” e involucra a todos los
sectores que forman parte de la actividad.
Ese régimen establece las nuevas normas que deberán cumplir las
privatizadas, ya que a través de él se detalla la forma en que
deben prestarse los servicios públicos.

Con respecto a la política tarifaria, se incluye la “tarifa
social” para los carenciados y se aclara que los precios de los
servicios deben ser “los más bajos posibles”.

El proyecto señala que “todo servicio público debe quedar
comprendido en el marco de competencia de un organismo de control
configurado por ley de la Nación como entidad autárquica del Poder
Ejecutivo Nacional”.

Además, destaca que “deberá asegurarse la participación de
usuarios y consumidores a través de asociaciones legalmente
inscriptas y de las provincias interesadas, en los procesos
administrativos”.

El organismo funcionaría en forma autárquica y estaría integrado por representantes del gobierno nacional y de las provincias, más dirigentes de asociaciones de consumidores y usuarios.

La creación de este “superente” forma parte del proyecto del
“Régimen Nacional de Servicios Públicos” e involucra a todos los
sectores que forman parte de la actividad.
Ese régimen establece las nuevas normas que deberán cumplir las
privatizadas, ya que a través de él se detalla la forma en que
deben prestarse los servicios públicos.

Con respecto a la política tarifaria, se incluye la “tarifa
social” para los carenciados y se aclara que los precios de los
servicios deben ser “los más bajos posibles”.

El proyecto señala que “todo servicio público debe quedar
comprendido en el marco de competencia de un organismo de control
configurado por ley de la Nación como entidad autárquica del Poder
Ejecutivo Nacional”.

Además, destaca que “deberá asegurarse la participación de
usuarios y consumidores a través de asociaciones legalmente
inscriptas y de las provincias interesadas, en los procesos
administrativos”.

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