Solicitan la detención de 38 represores

Los fiscales federales Eduardo Freiler y Federico Delgado solicitaron la detención de 38 represores, acusados de haber cometido delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar.

4 septiembre, 2003

Los fiscales hicieron su pedido ante la jueza federal María
Servini de Cubría, quien finalmente se quedó con el expediente
450, reabierto recientemente por orden de la Cámara Federal
tras la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final,
mientras que su par Sergio Torres se quedó con la denominada
“causa ESMA”.

Entre los pedidos de detención figuran los de algunos militares
que ya fallecieron, pero entre los nombres más conocidos se
destacan el del ex jefe del Primer Cuerpo Guillermo Suárez Mason,
ya detenido en el marco de otras causas, el ex agente civil de
inteligencia Raúl Guglielminetti y los ex represores Guillermo
Minicucci y Jorge Olivera Rovere.

El listado se completa con Omar Aguilera, Luis Baraldini,
Alberto Barda, Néstor Cenizo, César Comes, Roberto Constantino,
Jorge Crespi, Eduardo Cruz, Juan Antonio del Cerro (alias
“colores”), Pedro Durán Sáenz, Julio Estévez, Andrés Ferrero,
Enrique Ferro, Roberto Fiorucci, Osvaldo Forese, Héctor Gamen y
Juan García.

Las detenciones también alcanzan a Pedro Godoy, Aníbal Gordon
(fallecido), Franco Luque, José Maidana, Hipólito Mariani, José
Montes, Otto Carlos Paladino, Roque Presti, Carlos Reinhardt,
Athos Reta, Carlos Rolón, Roberto Roualdes, Eduardo Ruffo, Jorge
Sandoval, Juan Sasiaiñ, Adolfo Sigwald, Julio Simon.
Mediante un dictamen de tres carillas al que tuvo acceso la
agencia Noticias Argentinas, Freiler y Delgado especificaron que
los eventos que conforman “el contenido de la causa abarca una
pluralidad de hechos” ocurridos “en dos diferentes circuitos
federales y vinculados por su origen en un comando común”.
Los hechos de privación ilegítima de la libertad y tortura se
atribuyen a “personas depedientes del Primer Cuerpo del Ejército o
sometido operacionalmente a él, ocurridos en la Capital Federal o
en la provincia de Buenos Aires”.

“El señalamiento no puede obviar el hecho de que el montaje o
subsistencia de una estructura de represión al margen de la ley
resultaba ilusoria sin la conducción que, por vía del comando, en
cada caso ejercían”, indicaron los fiscales, quienes agregaron que
“ese manejo es el que tiene manifestación delictiva”.

Los fiscales aclararon en su presentación que si bien durante
la primera parte de la investigación, paralizada a fines de los
años ´80, se definieron varios conjuntos de hechos, ahora “las
imputaciones no se ceñirán de manera exclusiva” a los mismos,
“sino que podrán incluir nuevos sucesos que surjan de la
investigación”.

Al respecto, los fiscales puntualizaron en el caso de Olivera
Róvere, Montes y Ferro “los hechos ocurridos en 1976 en los
centros clandestinos de la subzona Capital Federal” y en los casos
de Sigwald y Sasiaiñ los registrados en subzona 11 en 1977.
Los representantes del Ministerio Público explicaron que al
momento de la aplicación de las denominadas “leyes del perdón” los
38 represores se encontraban detenidos, y por eso “corresponde
retrotraernos a ese momento procesal disponiendo su nuevo
encarcelamiento”.

Freiler y Delgado reconocieron que varios de los imputados,
como Suárez Mason, fueron beneficiados con los indultos del ex
presidente Carlos Menem, pero aclararon que una vez avanzado el
proceso se convertirán “en una de las futuras discusiones
incidentales ineludibles”.

“Por ahora, podemos establecer que su operatividad (en
referencia a los indultos) sólo puede contener a los hechos que,
por entonces, constituían el objeto específico de esta causa. Esto
es de manera excluyente aquellos hechos por los cuales fueron
interrogados”, indicaron los fiscales abriendo la puerta a la
posiblidad de imputarles nuevos casos no alcanzados por ese
“perdón”.

Los fiscales hicieron su pedido ante la jueza federal María
Servini de Cubría, quien finalmente se quedó con el expediente
450, reabierto recientemente por orden de la Cámara Federal
tras la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final,
mientras que su par Sergio Torres se quedó con la denominada
“causa ESMA”.

Entre los pedidos de detención figuran los de algunos militares
que ya fallecieron, pero entre los nombres más conocidos se
destacan el del ex jefe del Primer Cuerpo Guillermo Suárez Mason,
ya detenido en el marco de otras causas, el ex agente civil de
inteligencia Raúl Guglielminetti y los ex represores Guillermo
Minicucci y Jorge Olivera Rovere.

El listado se completa con Omar Aguilera, Luis Baraldini,
Alberto Barda, Néstor Cenizo, César Comes, Roberto Constantino,
Jorge Crespi, Eduardo Cruz, Juan Antonio del Cerro (alias
“colores”), Pedro Durán Sáenz, Julio Estévez, Andrés Ferrero,
Enrique Ferro, Roberto Fiorucci, Osvaldo Forese, Héctor Gamen y
Juan García.

Las detenciones también alcanzan a Pedro Godoy, Aníbal Gordon
(fallecido), Franco Luque, José Maidana, Hipólito Mariani, José
Montes, Otto Carlos Paladino, Roque Presti, Carlos Reinhardt,
Athos Reta, Carlos Rolón, Roberto Roualdes, Eduardo Ruffo, Jorge
Sandoval, Juan Sasiaiñ, Adolfo Sigwald, Julio Simon.
Mediante un dictamen de tres carillas al que tuvo acceso la
agencia Noticias Argentinas, Freiler y Delgado especificaron que
los eventos que conforman “el contenido de la causa abarca una
pluralidad de hechos” ocurridos “en dos diferentes circuitos
federales y vinculados por su origen en un comando común”.
Los hechos de privación ilegítima de la libertad y tortura se
atribuyen a “personas depedientes del Primer Cuerpo del Ejército o
sometido operacionalmente a él, ocurridos en la Capital Federal o
en la provincia de Buenos Aires”.

“El señalamiento no puede obviar el hecho de que el montaje o
subsistencia de una estructura de represión al margen de la ley
resultaba ilusoria sin la conducción que, por vía del comando, en
cada caso ejercían”, indicaron los fiscales, quienes agregaron que
“ese manejo es el que tiene manifestación delictiva”.

Los fiscales aclararon en su presentación que si bien durante
la primera parte de la investigación, paralizada a fines de los
años ´80, se definieron varios conjuntos de hechos, ahora “las
imputaciones no se ceñirán de manera exclusiva” a los mismos,
“sino que podrán incluir nuevos sucesos que surjan de la
investigación”.

Al respecto, los fiscales puntualizaron en el caso de Olivera
Róvere, Montes y Ferro “los hechos ocurridos en 1976 en los
centros clandestinos de la subzona Capital Federal” y en los casos
de Sigwald y Sasiaiñ los registrados en subzona 11 en 1977.
Los representantes del Ministerio Público explicaron que al
momento de la aplicación de las denominadas “leyes del perdón” los
38 represores se encontraban detenidos, y por eso “corresponde
retrotraernos a ese momento procesal disponiendo su nuevo
encarcelamiento”.

Freiler y Delgado reconocieron que varios de los imputados,
como Suárez Mason, fueron beneficiados con los indultos del ex
presidente Carlos Menem, pero aclararon que una vez avanzado el
proceso se convertirán “en una de las futuras discusiones
incidentales ineludibles”.

“Por ahora, podemos establecer que su operatividad (en
referencia a los indultos) sólo puede contener a los hechos que,
por entonces, constituían el objeto específico de esta causa. Esto
es de manera excluyente aquellos hechos por los cuales fueron
interrogados”, indicaron los fiscales abriendo la puerta a la
posiblidad de imputarles nuevos casos no alcanzados por ese
“perdón”.

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