Sobornos: ¿los fondos salieron de salud?

Investigan si el fondo para obras sociales financió los sobornos. Se sospecha porque cuando se aprobó la reforma laboral hubo fuertes fluctuaciones de dinero.

30 octubre, 2000

La Justicia investiga a la Superintendencia de Seguros de Salud, que maneja $ 360 millones anuales de las obras sociales, como uno de los lugares de los que podría haber salido el dinero para pagar los presuntos sobornos en el Senado para aprobar la reforma laboral.

Los ingresos y egresos del organismo se están auditando por orden del juez Carlos Liporaci, en la causa abierta por las presuntas coimas, debido a que habrían llamado la atención las pronunciadas fluctuaciones de fondos en el mismo momento en que se aprobaba la reforma.

El organismo investigado maneja el Fondo Solidario de Redistribución de las obras sociales, y reemplazó al Sistema Nacional de Seguridad Social (Anssal), que primero manejó el gastronómico Luis Barrionuevo y más tarde otro gremialista, José Luis Lingeri.

Desde diciembre su estructura de conducción dejó de ser unipersonal y se agregaron cuatro directores (que representan a los ministerios de Trabajo, Desarrollo Social, Economía y Salud); el superintendente es el doctor Rubén Cano.

El fondo se compone de porcentajes sobre lo que aportan los trabajadores a cada obra social, más aportes patronales, y 5% de lo que ingresa al PAMI.

Se trata de unos US$ 360 millones anuales de los cuales 70% se reparten ,de modo automático, para cubrir los aportes de afiliados de bajos sueldos.

El resto, unos $ 100 millones, es para atender programas especiales: tratamientos de salud muy caros, o problemas financieros de algunas obras sociales; sobre este porcentaje la superintendencia y el ministro de Salud, Héctor Lombardo, tienen discrecionalidad para decidir su destino.

Los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado también pusieron la mira en un fondo especial, al que contribuyen los trabajadores autónomos. Ese fondo, que ahora llega a los $ 55 millones, se acumuló en cuentas bancarias pero no tenía asignación específica.

La pista del fondo para obras sociales esconde otra curiosidad: si se confirman las sospechas, serían los propios gremios los que —indirectamente— habrían cedido el dinero para “aceitar” una reforma laboral que públicamente fue aceptada de mala gana por la CGT oficial.

La Justicia investiga a la Superintendencia de Seguros de Salud, que maneja $ 360 millones anuales de las obras sociales, como uno de los lugares de los que podría haber salido el dinero para pagar los presuntos sobornos en el Senado para aprobar la reforma laboral.

Los ingresos y egresos del organismo se están auditando por orden del juez Carlos Liporaci, en la causa abierta por las presuntas coimas, debido a que habrían llamado la atención las pronunciadas fluctuaciones de fondos en el mismo momento en que se aprobaba la reforma.

El organismo investigado maneja el Fondo Solidario de Redistribución de las obras sociales, y reemplazó al Sistema Nacional de Seguridad Social (Anssal), que primero manejó el gastronómico Luis Barrionuevo y más tarde otro gremialista, José Luis Lingeri.

Desde diciembre su estructura de conducción dejó de ser unipersonal y se agregaron cuatro directores (que representan a los ministerios de Trabajo, Desarrollo Social, Economía y Salud); el superintendente es el doctor Rubén Cano.

El fondo se compone de porcentajes sobre lo que aportan los trabajadores a cada obra social, más aportes patronales, y 5% de lo que ingresa al PAMI.

Se trata de unos US$ 360 millones anuales de los cuales 70% se reparten ,de modo automático, para cubrir los aportes de afiliados de bajos sueldos.

El resto, unos $ 100 millones, es para atender programas especiales: tratamientos de salud muy caros, o problemas financieros de algunas obras sociales; sobre este porcentaje la superintendencia y el ministro de Salud, Héctor Lombardo, tienen discrecionalidad para decidir su destino.

Los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado también pusieron la mira en un fondo especial, al que contribuyen los trabajadores autónomos. Ese fondo, que ahora llega a los $ 55 millones, se acumuló en cuentas bancarias pero no tenía asignación específica.

La pista del fondo para obras sociales esconde otra curiosidad: si se confirman las sospechas, serían los propios gremios los que —indirectamente— habrían cedido el dinero para “aceitar” una reforma laboral que públicamente fue aceptada de mala gana por la CGT oficial.

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