Sigue la polémica por el paro docente

Los principales gremios salieron a rechazar la del Gobierno medida y cuestionaron la legalidad de la norma dictada por Bullrich, que ordena a los maestros recuperar los días de clase perdidos por huelgas.

3 septiembre, 2001

(NA). – El Gobierno dispuso que la educación debe ser considerada como un servicio esencial, y por lo tanto los docentes tendrán que garantizar “servicios mínimos” cada vez que se lleve a cabo una huelga, pero los gremios rechazaron hoy (lunes 3) terminantemente la medida, al calificarla de “inconstitucional”.

De acuerdo con lo señalado en la resolución 480 firmada por la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, los servicios mínimos que deberán ser garantizados son, entre otros, “el funcionamiento de los comedores escolares” y “el dictado de la cantidad de días de clase en el año determinados por el calendario escolar obligatorio de cada jurisdicción”.

Según se publicó hoy en el Boletín Oficial, se deberá “mantener abiertas las escuelas, garantizando una guardia mínima para que los padres puedan dejar a sus hijos en ellas con seguridad”.

En los considerandos de la resolución, se indica que “el artículo 14 de la Constitución Nacional garantiza a todos los habitantes de la Nación el derecho de enseñar y aprender”, y se señala que “el ejercicio de un derecho como la huelga no debe vulnerar el derecho de aprender”.

También se agrega en la resolución que “es necesario que cada día sin dictado de clase como consecuencia del paro docente sea recuperado”, y se señala que “la educación es un medio ineludible para superar, en el marco de una estrategia global, las dificultades que aquejan a nuestro país”.

La resolución se basa en el decreto 843 firmado en septiembre del año pasado, en el cual se afirmaba que los servicios considerados esenciales eran los sanitarios, hospitalarios, la
producción y distribución de agua potable y energía eléctrica, los servicios telefónicos y el control del tráfico aéreo, a lo que en esta oportunidad se añade la educación.

Sin embargo, los principales gremios docentes salieron a rechazar la medida y cuestionaron la legalidad de la norma dictada por Bullrich.

En ese sentido, la titular de CTERA, Marta Maffei, consideró que la medida es “inconstitucional” y advirtió que los sindicatos docentes no la aceptarán.

“Es inconstitucional sin duda. Es una reglamentación del derecho de huelga, cosa que de ninguna manera vamos a aceptar los trabajadores de la educación”, enfatizó Maffei.

Además, la gremialista sostuvo en declaraciones radiales que “es un disparate pensar que la escuela va a funcionar como guardería los días de paro”.

Por otra parte, el secretario general del Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación bonaerense (Suteba), Hugo Yasky, definió a la medida como “un intento de ejercer coacción y presión sobre los docentes”.

“La educación es un derecho social y en ese sentido la tienen que garantizar el Gobierno nacional y los gobiernos provinciales”, enfatizó.

Yasky advirtió que “si el Gobierno nacional y los gobiernos provinciales lo consideran un derecho esencial, que tengan consecuencia en el momento en el que tienen que pagar ese servicio esencial”.

“En los hechos, para los gobiernos es un servicio basura, porque no se paga, se paga mal, se desprecia al docente y se lo pisotea”, enfatizó el dirigente, quien consideró como “ilegal” la resolución del Ministerio de Trabajo.

Asimismo, enfatizó que “las leyes internacionales no tipifican a la educación como un servicio esencial”, y reclamó “un compromiso mínimo” del Estado para pagar sin retrasos los salarios de los docentes.

(NA). – El Gobierno dispuso que la educación debe ser considerada como un servicio esencial, y por lo tanto los docentes tendrán que garantizar “servicios mínimos” cada vez que se lleve a cabo una huelga, pero los gremios rechazaron hoy (lunes 3) terminantemente la medida, al calificarla de “inconstitucional”.

De acuerdo con lo señalado en la resolución 480 firmada por la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, los servicios mínimos que deberán ser garantizados son, entre otros, “el funcionamiento de los comedores escolares” y “el dictado de la cantidad de días de clase en el año determinados por el calendario escolar obligatorio de cada jurisdicción”.

Según se publicó hoy en el Boletín Oficial, se deberá “mantener abiertas las escuelas, garantizando una guardia mínima para que los padres puedan dejar a sus hijos en ellas con seguridad”.

En los considerandos de la resolución, se indica que “el artículo 14 de la Constitución Nacional garantiza a todos los habitantes de la Nación el derecho de enseñar y aprender”, y se señala que “el ejercicio de un derecho como la huelga no debe vulnerar el derecho de aprender”.

También se agrega en la resolución que “es necesario que cada día sin dictado de clase como consecuencia del paro docente sea recuperado”, y se señala que “la educación es un medio ineludible para superar, en el marco de una estrategia global, las dificultades que aquejan a nuestro país”.

La resolución se basa en el decreto 843 firmado en septiembre del año pasado, en el cual se afirmaba que los servicios considerados esenciales eran los sanitarios, hospitalarios, la
producción y distribución de agua potable y energía eléctrica, los servicios telefónicos y el control del tráfico aéreo, a lo que en esta oportunidad se añade la educación.

Sin embargo, los principales gremios docentes salieron a rechazar la medida y cuestionaron la legalidad de la norma dictada por Bullrich.

En ese sentido, la titular de CTERA, Marta Maffei, consideró que la medida es “inconstitucional” y advirtió que los sindicatos docentes no la aceptarán.

“Es inconstitucional sin duda. Es una reglamentación del derecho de huelga, cosa que de ninguna manera vamos a aceptar los trabajadores de la educación”, enfatizó Maffei.

Además, la gremialista sostuvo en declaraciones radiales que “es un disparate pensar que la escuela va a funcionar como guardería los días de paro”.

Por otra parte, el secretario general del Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación bonaerense (Suteba), Hugo Yasky, definió a la medida como “un intento de ejercer coacción y presión sobre los docentes”.

“La educación es un derecho social y en ese sentido la tienen que garantizar el Gobierno nacional y los gobiernos provinciales”, enfatizó.

Yasky advirtió que “si el Gobierno nacional y los gobiernos provinciales lo consideran un derecho esencial, que tengan consecuencia en el momento en el que tienen que pagar ese servicio esencial”.

“En los hechos, para los gobiernos es un servicio basura, porque no se paga, se paga mal, se desprecia al docente y se lo pisotea”, enfatizó el dirigente, quien consideró como “ilegal” la resolución del Ministerio de Trabajo.

Asimismo, enfatizó que “las leyes internacionales no tipifican a la educación como un servicio esencial”, y reclamó “un compromiso mínimo” del Estado para pagar sin retrasos los salarios de los docentes.

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