Servini de Cubría se excusó de investigar la “causa ESMA”
La jueza federal se excusó de intervenir en la causa reabierta por orden de la Cámara Federal, en la cual la diputada Patricia Walsh solicitó que se disponga la detención de 23 militares.
Fuentes judiciales confirmaron que la magistrada se apartó de
ese sumario y se lo envió a su par Sergio Torres, en quien recayó
además la otra causa reabierta por la Cámara Federal, conocida
como “450” o “Primer Cuerpo del Ejército”.
El juez Torres tiene previsto resolver hoy si acepta la
excusación de su colega y se queda con la megacausa o si, por el
contrario, la rechaza, tras lo cual el expediente debería ser
sorteado en otro juzgado.
Con respecto a los motivos que hicieron que Servini de Cubría
se apartara del expediente, las fuentes precisaron que la jueza
alegó que en la década del `70 tuvo como empleado al abogado
Gonzalo Torres de Tolosa, el único civil que estuvo 40 días
detenido por el pedido de extradición cursado por la justicia
española.
Si bien el abogado no se encuentra entre los imputados de la
causa ESMA, la jueza estimó que podría llegar a serlo en algún
momento de la investigación y, por eso, decidió excusarse.
En tanto, la diputada Walsh pidió que en ese expediente se
detengan a 23 militares entre los que se encuentran el ex dictador
Jorge Rafael Videla, el ex jefe de la Armada Emilio Eduardo
Massera, el ex capitán de fragata Alfredo Astiz y el ex represor
Jorge “Tigre” Acosta.
El listado se completa con Armando Lambruschini, Luis María
Mendía, Antonio Pernías, Jorge Perrén, Juan Carlos Rolón, Pablo
García Velazco, Jorge Vildoza, Enrique Yon, Adolfo Donda Tigel,
Jorge Radice, Juan Carlos Coronel, Juan Carlos Linares, Roberto
González, Ernesto Weber, Carlos Daviou, Carlos Pazo, Héctor
Febres, Antonio Azic y Carlos Capdevilla.
Al menos 19 de los militares mencionados forman parte del
listado de represores que el lunes fueron liberados por el juez
federal Rodolfo Canicoba Corral, luego de que España desistiera de
reclamar sus extradiciones por la presunta comisión de los delitos
de “genocido y tortura”.
Walsh justificó el pedido de detención de los militares en la
reciente publicación de la Ley 25.779, que declaró la nulidad de
las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y que facilitó la
reapertura de los sumarios dispuesta por la Cámara Federal.
Mediante dos resoluciones dictadas el lunes en una reunión
plenaria los camaristas Gabriel Cavallo, Horacio Vigliani, Eduardo
Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Luraschi estipularon que la
causas reabiertas deberán tramitar por el nuevo Código Procesal
Penal, que entró en vigencia en 1992.
Esa norma introdujo modificaciones tales como la actuación de
“jueces naturales”, cuando en un primer momento este tipo de
expedientes se regían por el Código de Justicia Militar.
En su escrito, presentado ayer, la diputada de Izquierda Unida
solicitó ser tenida como parte querellante ya que en el expediente
se investiga, entre otros casos, la desaparición forzada de su
padre, el periodista y escritor Rodolfo Walsh.
Según recordó la legisladora, Walsh fue secuestrado el 25 de
marzo de 1977 “por un grupo de tareas con asiento en la ESMA
integrado por personal naval y elementos del Ejército y la Policía
Federal” que irrumpió en su casa de la localidad bonaerense de San
Vicente, se llevó al escritor y saqueó la vivienda.
Fuentes judiciales confirmaron que la magistrada se apartó de
ese sumario y se lo envió a su par Sergio Torres, en quien recayó
además la otra causa reabierta por la Cámara Federal, conocida
como “450” o “Primer Cuerpo del Ejército”.
El juez Torres tiene previsto resolver hoy si acepta la
excusación de su colega y se queda con la megacausa o si, por el
contrario, la rechaza, tras lo cual el expediente debería ser
sorteado en otro juzgado.
Con respecto a los motivos que hicieron que Servini de Cubría
se apartara del expediente, las fuentes precisaron que la jueza
alegó que en la década del `70 tuvo como empleado al abogado
Gonzalo Torres de Tolosa, el único civil que estuvo 40 días
detenido por el pedido de extradición cursado por la justicia
española.
Si bien el abogado no se encuentra entre los imputados de la
causa ESMA, la jueza estimó que podría llegar a serlo en algún
momento de la investigación y, por eso, decidió excusarse.
En tanto, la diputada Walsh pidió que en ese expediente se
detengan a 23 militares entre los que se encuentran el ex dictador
Jorge Rafael Videla, el ex jefe de la Armada Emilio Eduardo
Massera, el ex capitán de fragata Alfredo Astiz y el ex represor
Jorge “Tigre” Acosta.
El listado se completa con Armando Lambruschini, Luis María
Mendía, Antonio Pernías, Jorge Perrén, Juan Carlos Rolón, Pablo
García Velazco, Jorge Vildoza, Enrique Yon, Adolfo Donda Tigel,
Jorge Radice, Juan Carlos Coronel, Juan Carlos Linares, Roberto
González, Ernesto Weber, Carlos Daviou, Carlos Pazo, Héctor
Febres, Antonio Azic y Carlos Capdevilla.
Al menos 19 de los militares mencionados forman parte del
listado de represores que el lunes fueron liberados por el juez
federal Rodolfo Canicoba Corral, luego de que España desistiera de
reclamar sus extradiciones por la presunta comisión de los delitos
de “genocido y tortura”.
Walsh justificó el pedido de detención de los militares en la
reciente publicación de la Ley 25.779, que declaró la nulidad de
las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y que facilitó la
reapertura de los sumarios dispuesta por la Cámara Federal.
Mediante dos resoluciones dictadas el lunes en una reunión
plenaria los camaristas Gabriel Cavallo, Horacio Vigliani, Eduardo
Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Luraschi estipularon que la
causas reabiertas deberán tramitar por el nuevo Código Procesal
Penal, que entró en vigencia en 1992.
Esa norma introdujo modificaciones tales como la actuación de
“jueces naturales”, cuando en un primer momento este tipo de
expedientes se regían por el Código de Justicia Militar.
En su escrito, presentado ayer, la diputada de Izquierda Unida
solicitó ser tenida como parte querellante ya que en el expediente
se investiga, entre otros casos, la desaparición forzada de su
padre, el periodista y escritor Rodolfo Walsh.
Según recordó la legisladora, Walsh fue secuestrado el 25 de
marzo de 1977 “por un grupo de tareas con asiento en la ESMA
integrado por personal naval y elementos del Ejército y la Policía
Federal” que irrumpió en su casa de la localidad bonaerense de San
Vicente, se llevó al escritor y saqueó la vivienda.
