Según IDESA, es inviable un segundo confinamiento

Frente al crecimiento exponencial de los contagios y la falta de vacunas emerge la alternativa de un segundo confinamiento. Pero ni las finanzas públicas, ni el mercado de trabajo, ni la psicología de la gente soportan un nuevo encerramiento. Más humano es evitar la parálisis y apelar a la responsabilidad de la gente.

Las infecciones por Covid-19 tuvieron un vertiginoso incremento. En apenas una semana el número de nuevos contagios se duplicó pasando de 12 mil a 24 mil casos por día, superando el máximo registrado el año pasado. Esto llevó al gobierno nacional a tomar una serie de medidas, incluyendo restricciones a la circulación.

Las esperanzas están en la vacunación. Sin embargo, previene la consultora IDESA, frente a la insuficiente disponibilidad de vacunas se decidió colocar una sola dosis. La experiencia de Chile y Uruguay están mostrando que colocar una sola dosis, aunque sea masivamente, no evita los contagios.

La situación lleva a evaluar la posibilidad de volver a un segundo confinamiento. Desde el punto de vista de las finanzas públicas nacionales, el año pasado los gastos extraordinarios incurridos para paliar el confinamiento fueron unos $250 mil millones en ATP (subsidios al salario formal), otros $250 mil millones en IFE (subsidios a los informales) y otros $500 mil millones en subsidios para el sector salud, los programas alimentarios y para las provincias. De manera aproximada se puede estimar el gasto Covid en $ 1 billón.

Suponiendo que un nuevo confinamiento ocasione similar nivel de gasto que el año pasado, es decir, asumiendo con optimismo que no se ajusta por inflación, qué pasaría con las cuentas públicas. Según el Presupuesto nacional 2021 se puede proyectar que:

  • El año 2020 terminó con un déficit fiscal primario de 8,3% del PBI.
  • Para el año 2021 se proyecta reducir este déficit a 4,2% del PBI.
  • Con el mismo gasto Covid que el año pasado, sin actualizar por inflación, el déficit fiscal subiría a 7% del PBI.

Estos datos muestran que, aún bajo supuestos optimistas, la aplicación de un confinamiento estricto generaría un fuerte aumento del desequilibrio fiscal. Dado que el Estado nacional tiene acceso muy limitado al financiamiento, no le queda otra alternativa que acelerar la emisión monetaria. De manera aproximada implicaría incrementar en un 40% la base monetaria, es decir, la cantidad de billetes que emite el Banco Central. Semejante expansión de moneda en un contexto donde la inflación ya está el 4% mensual seria riesgosamente desestabilizante.

El Banco Central podría absorber los excesos de emisión, como lo viene haciendo hasta ahora, vendiéndoles Leliqs y Pases a los bancos. Pero este mecanismo genera un efecto “bola de nieve” por los intereses que hay que pagar y además está llegando a su límite. Actualmente, el stock de Leliqs y Pases supera a los depósitos de plazo fijo que la gente mantiene en los bancos. Es decir, se ha llegado a una situación en donde los bancos ya no tienen suficientes clientes que le hagan depósitos a plazo fijo para seguir comprando más Leliqs y Pases al Banco Central.

A los riesgos inflacionarios hay que agregar las precarias condiciones laborales y emocionales. Del primer confinamiento todavía queda 1 millón de personas que perdieron su empleo (300 mil formales y 700 mil informales). El crecimiento de la pobreza fue alto y concentrado en el Conurbano donde está el foco del contagio. En lo emocional, el INDEC señaló recientemente que el 56% de los adultos que responden a la encuesta de hogares declaró haber tenido aumentos de ansiedad con el confinamiento, de los cuales la mitad no tuvo problemas laborales. O sea, el confinamiento no es solo cuestión de dinero.

Con crecimiento exponencial de contagios, pocas vacunas, el sector público desfinanciado, el mercado laboral deteriorado, pobreza en niveles extremos y la estabilidad emocional de la gente perturbada es altamente recomendable descartar como alternativa el confinamiento. Hay que apelar a la responsabilidad de la gente. Para esto es fundamental que las autoridades asuman actitudes más empáticas con la población. Menos confrontación e insultos, focalizar prioridades y dar el ejemplo evitando reuniones innecesarias. En especial, las masivas aglomeraciones de las organizaciones sociales subsidiadas por el Estado.

 

 

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