Se oficializó la rescisión del contrato con Siemens
El decreto fue publicado hoy (martes 22) en el Boletín Oficial. Los ministerios de Economía e Interior serán los encargados de fijar la cifra que la empresa recibirá como compensación.
El Gobierno oficializó hoy (martes 22) la rescisión del contrato $ 1.000 millones con la empresa alemana Siemens para la confección de los DNI, no obstante lo cual todavía no se fijó la cifra que le corresponderá a la firma privada en carácter indemnizatorio, por haber realizado inversiones en el negocio.
A través del Decreto 669 publicado en el Boletín Oficial, se declaró “la rescisión del contrato para un Servicio Integral destinado a la Implantación de un Sistema de Control Migratorio, de Identificación de Personas y de Información Eleccionaria, suscripto con fecha de 6 de octubre de 1998 con la empresa Siemens IT Services”.
Asimismo, el decreto facultó a los ministerios del Interior y de Economía a estimar “el monto de las inversiones que deberán ponderarse en la fijación del reintegro de gastos a la contratista”.
El Gobierno fundamentó su decisión en la ley de emergencia económico-financiera del Estado nacional, “que faculta a disponer por razones de emergencia la rescisión de los contratos de obras, servicios, suministros, consultoría o cualquier otro tipo que generen obligaciones a cargo del Estado”.
El Gobierno oficializó hoy (martes 22) la rescisión del contrato $ 1.000 millones con la empresa alemana Siemens para la confección de los DNI, no obstante lo cual todavía no se fijó la cifra que le corresponderá a la firma privada en carácter indemnizatorio, por haber realizado inversiones en el negocio.
A través del Decreto 669 publicado en el Boletín Oficial, se declaró “la rescisión del contrato para un Servicio Integral destinado a la Implantación de un Sistema de Control Migratorio, de Identificación de Personas y de Información Eleccionaria, suscripto con fecha de 6 de octubre de 1998 con la empresa Siemens IT Services”.
Asimismo, el decreto facultó a los ministerios del Interior y de Economía a estimar “el monto de las inversiones que deberán ponderarse en la fijación del reintegro de gastos a la contratista”.
El Gobierno fundamentó su decisión en la ley de emergencia económico-financiera del Estado nacional, “que faculta a disponer por razones de emergencia la rescisión de los contratos de obras, servicios, suministros, consultoría o cualquier otro tipo que generen obligaciones a cargo del Estado”.
