Se lanza un plan contra la corrupción

El PEN proyecta una ley que reglamente el lobby, otra para transparentar las adquisiciones del Estado y una iniciativa que garantice el acceso a información reservada de la administración pública.

15 enero, 2001

El Poder Ejecutivo comienza el año retomando las banderas que lo caracterizaron en la campaña electoral pasada y, esperan enfrentar con nuevos bríos, los próximos comicios.

La estrategia lanzada por el Gobierno se basa en tres proyectos legislativos: una ley de reglamentación del lobby, una iniciativa tendiente a dar mayor control y publicidad a las compras en el Estado y una norma que garantice el libre acceso a cierta información secreta que se encuentra en poder de la administración pública.

Algunos politólogos señalan que, con este intento, el P.E intenta contrarrestar la imagen negativa que cosechó el oficialismo tras el escándalo de coimas que se desató en el Senado.

A la vez, desde la Casa Rosada se buscaría atender así los reclamos esgrimidos por el Frepaso en materia de lucha contra la corrupción que, al entender del ex vicepresidente Carlos Alvarez, fueron postergados por el presidente Fernando de la Rúa en su primer año de mandato.

La batería de propuestas legislativas tendientes a brindar mayor transparencia de los actos del Gobierno serán impulsadas desde la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Justicia y la Oficina Anticorrupción.

De acuerdo a distintas versiones del ámbito legislativo, el Presidente intentaría inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso (esto es, el primero de marzo próximo) con el anuncio de esas iniciativas, entre otras cosas.

Es decir, De la Rúa se pondría al frente de la batalla por las elecciones legislativas y retomaría la bandera de la lucha contra la corrupción.

“Existe la necesidad del Estado de ampliar la lucha contra la corrupción, dar mayor transparencia a la función pública y trabajar en medidas de prevención”, aseguró el viceministro de Justicia, Melchor Cruchaga, al detallar las iniciativas que se encuentran en carpeta en su cartera.

Este funcionario, junto con José Massoni y Roberto de Michele, de la Oficina Anticorrupción, son los encargados de elaborar una propuesta para reglamentar la actividad de lobby en la Argentina y a la vez redactar una norma destinada a brindar a la ciudadanía el libre acceso a cierta información secreta del Estado.

En tanto, el secretario de Coordinación de la Jefatura de Gabinete, el frepasista Marcos Makón, es el encargado de elaborar un proyecto de ley de transparencia en las compras del Estado.

Las tres propuestas anticorrupción que estarían en carpeta contemplarían los siguientes detalles:

Ley de lobby: el Ministerio de Justicia y la Oficina Anticorrupción elaboraron el borrador de un proyecto de ley tendiente a crear un registro único de lobbistas, que apuntaría a regularizar la actividad del sector privado que brega por el bien de sus intereses e influencias en la órbita del Estado.E n líneas generales, la mecánica de la propuesta oficial apunta a que aquellos lobbistas del sector privado (empresarios, sindicalistas, científicos o profesionales) sean sometidos a un régimen común a la hora de llevar al sector estatal el planteo de sus necesidades y la búsqueda de intereses.

Libre acceso a la información secreta del Estado: desde Justicia y en conjunto con la Oficina Anticorrupción también están elaborando un proyecto de ley que intenta poner en práctica los nuevos derechos y garantías otorgados por la reformada Constitución nacional en lo que respecta al derecho de información de parte de la ciudadanía; así, se podría tener acceso a informaciones secretas emitidas durante la última dictadura o dar a conocer decretos aprobados durante los gobiernos de Raúl Alfonsín y Carlos Menem.

Ley de compras: la Jefatura de Gabinete se encuentra en plena elaboración de una ley de compras del Estado. Esta iniciativa se ubica en el contexto del Plan de Modernización del Estado que avanza a paso muy lento en el Poder Ejecutivo. La regulación de compras que se propone impulsar Makón, por pedido expreso del jefe del Estado, prevé una mayor transparencia, no sólo en la compra de elementos utilizados por el Estado, sino en la contratación de servicios.

El Poder Ejecutivo comienza el año retomando las banderas que lo caracterizaron en la campaña electoral pasada y, esperan enfrentar con nuevos bríos, los próximos comicios.

La estrategia lanzada por el Gobierno se basa en tres proyectos legislativos: una ley de reglamentación del lobby, una iniciativa tendiente a dar mayor control y publicidad a las compras en el Estado y una norma que garantice el libre acceso a cierta información secreta que se encuentra en poder de la administración pública.

Algunos politólogos señalan que, con este intento, el P.E intenta contrarrestar la imagen negativa que cosechó el oficialismo tras el escándalo de coimas que se desató en el Senado.

A la vez, desde la Casa Rosada se buscaría atender así los reclamos esgrimidos por el Frepaso en materia de lucha contra la corrupción que, al entender del ex vicepresidente Carlos Alvarez, fueron postergados por el presidente Fernando de la Rúa en su primer año de mandato.

La batería de propuestas legislativas tendientes a brindar mayor transparencia de los actos del Gobierno serán impulsadas desde la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Justicia y la Oficina Anticorrupción.

De acuerdo a distintas versiones del ámbito legislativo, el Presidente intentaría inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso (esto es, el primero de marzo próximo) con el anuncio de esas iniciativas, entre otras cosas.

Es decir, De la Rúa se pondría al frente de la batalla por las elecciones legislativas y retomaría la bandera de la lucha contra la corrupción.

“Existe la necesidad del Estado de ampliar la lucha contra la corrupción, dar mayor transparencia a la función pública y trabajar en medidas de prevención”, aseguró el viceministro de Justicia, Melchor Cruchaga, al detallar las iniciativas que se encuentran en carpeta en su cartera.

Este funcionario, junto con José Massoni y Roberto de Michele, de la Oficina Anticorrupción, son los encargados de elaborar una propuesta para reglamentar la actividad de lobby en la Argentina y a la vez redactar una norma destinada a brindar a la ciudadanía el libre acceso a cierta información secreta del Estado.

En tanto, el secretario de Coordinación de la Jefatura de Gabinete, el frepasista Marcos Makón, es el encargado de elaborar un proyecto de ley de transparencia en las compras del Estado.

Las tres propuestas anticorrupción que estarían en carpeta contemplarían los siguientes detalles:

Ley de lobby: el Ministerio de Justicia y la Oficina Anticorrupción elaboraron el borrador de un proyecto de ley tendiente a crear un registro único de lobbistas, que apuntaría a regularizar la actividad del sector privado que brega por el bien de sus intereses e influencias en la órbita del Estado.E n líneas generales, la mecánica de la propuesta oficial apunta a que aquellos lobbistas del sector privado (empresarios, sindicalistas, científicos o profesionales) sean sometidos a un régimen común a la hora de llevar al sector estatal el planteo de sus necesidades y la búsqueda de intereses.

Libre acceso a la información secreta del Estado: desde Justicia y en conjunto con la Oficina Anticorrupción también están elaborando un proyecto de ley que intenta poner en práctica los nuevos derechos y garantías otorgados por la reformada Constitución nacional en lo que respecta al derecho de información de parte de la ciudadanía; así, se podría tener acceso a informaciones secretas emitidas durante la última dictadura o dar a conocer decretos aprobados durante los gobiernos de Raúl Alfonsín y Carlos Menem.

Ley de compras: la Jefatura de Gabinete se encuentra en plena elaboración de una ley de compras del Estado. Esta iniciativa se ubica en el contexto del Plan de Modernización del Estado que avanza a paso muy lento en el Poder Ejecutivo. La regulación de compras que se propone impulsar Makón, por pedido expreso del jefe del Estado, prevé una mayor transparencia, no sólo en la compra de elementos utilizados por el Estado, sino en la contratación de servicios.

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