Se entregó Jorge Olivera Rovere a la Justicia

El ex general de brigada se presentó ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien la semana pasada había ordenado su detención a raíz de un pedido de captura internacional cursado por el juez español Baltasar Garzón.

28 julio, 2003

Olivera Rovere, quien también se encuentra imputado en la
investigación del denominado Plan Cóndor, había pedido el viernes
último la “eximición de prisión” a través de sus defensores Juan
Aberg Cobo y Florencio Varela, pero Canicoba Corral rechazó ese
pedido, lo que forzó al ex militar a presentarse hoy detenido ante
la justicia.

Olivera Rovere es uno de los imputados de haber participado del
denominado Plan Cóndor y también integra la lista de 45 militares
cuya detención reclama Baltasar Garzón por presunta violación de
derechos humanos durante la última dictadura militar.

Fuentes judiciales confirmaron que aún permanece en calidad de
prófugo el ex capitán de fragata Jorge Vildoza, alias “Gastón”,
quien no aparece desde fines de la dictadura.

La jueza federal María Servini de Cubría ordenó su captura en
el marco de la causa en la que se investiga el robo de bebés de
madres desaparecidas, ya que se sospecha que Vildoza se habría
apropiado del hijo que Cecilia Viñas tuvo en la Escuela de
Mecánica de la Armada (ESMA) en 1977.

Dado que la el ex capitán de fragata nunca compareció ante los
requirimientos de la Justicia, la Armada lo dio de baja, y se
sospecha que estaría viviendo en Paraguay.

El juez Canicoba Corral también declaró en calidad de “prófugo”
al ex teniente coronel Arturo Gonzalez Naya, quien se cree habría
pasado a la “cladestinidad” tras haber participado en la rebelión
carapintada de 1987, actitud que le valió la baja del Ejército
un año después.

Otro de los militares que aún no se presentó en la Justicia,
pero que estaría localizado, es el ex teniente coronel Antonio
Arrechea Andrade, de 73 años, quien viviría en una chacra a 15
kilómetros de la localidad de Andresito, en Misiones.

Arrechea Andrade fue imputado de haber dirigido un centro
clandestino de detención en Tucumán y es tío del ex gobernador
radical de Misiones Ricardo Barrios Arrechea.

En tanto, el magistrado solicitó informes a la justicia
tucumana para que se confirme su el ex policía Roberto Albornoz
se encuentra internado en terapia intensiva en un hospital
de esa provincia.

El jueves último, Canicoba Corral hizo lugar a un exhorto
enviado por el juez Garzón y dispuso el arresto preventivo a los
fines de extradición de 45 militares y un civil acusados de los
supuestos delitos de “genocidio y torturas”.

Los ex represores se fueron entregando uno a uno ante la
justicia durante el fin de semana y quedaron alojados en diversas
dependencias de las Fuerzas Armadas y de seguridad a la espera del
juicio de extradición.

Entre los militares requeridos por la justicia española se
encuentran el ex capitán de navío Alfreo Astiz, el intendente
tucumano electo Antonio Bussi y los ex brigadieres generales y ex
integrantes de las Juntas Militares Omar Domingo Rubens Graffigna
y Basilio Arturo Ignacio Lami Dozo.

También se pidió la detención de los ex jefes militares Jorge
Rafael Videla, Eduardo Emilio Massera, Guillermo Suárez Mason,
Oscar Franco y Jorge “el tigre” Acosta, quien ya se encontraban
detenidos en el marco de otros expedientes por presunta violación
de derechos humanos.

Olivera Rovere, quien también se encuentra imputado en la
investigación del denominado Plan Cóndor, había pedido el viernes
último la “eximición de prisión” a través de sus defensores Juan
Aberg Cobo y Florencio Varela, pero Canicoba Corral rechazó ese
pedido, lo que forzó al ex militar a presentarse hoy detenido ante
la justicia.

Olivera Rovere es uno de los imputados de haber participado del
denominado Plan Cóndor y también integra la lista de 45 militares
cuya detención reclama Baltasar Garzón por presunta violación de
derechos humanos durante la última dictadura militar.

Fuentes judiciales confirmaron que aún permanece en calidad de
prófugo el ex capitán de fragata Jorge Vildoza, alias “Gastón”,
quien no aparece desde fines de la dictadura.

La jueza federal María Servini de Cubría ordenó su captura en
el marco de la causa en la que se investiga el robo de bebés de
madres desaparecidas, ya que se sospecha que Vildoza se habría
apropiado del hijo que Cecilia Viñas tuvo en la Escuela de
Mecánica de la Armada (ESMA) en 1977.

Dado que la el ex capitán de fragata nunca compareció ante los
requirimientos de la Justicia, la Armada lo dio de baja, y se
sospecha que estaría viviendo en Paraguay.

El juez Canicoba Corral también declaró en calidad de “prófugo”
al ex teniente coronel Arturo Gonzalez Naya, quien se cree habría
pasado a la “cladestinidad” tras haber participado en la rebelión
carapintada de 1987, actitud que le valió la baja del Ejército
un año después.

Otro de los militares que aún no se presentó en la Justicia,
pero que estaría localizado, es el ex teniente coronel Antonio
Arrechea Andrade, de 73 años, quien viviría en una chacra a 15
kilómetros de la localidad de Andresito, en Misiones.

Arrechea Andrade fue imputado de haber dirigido un centro
clandestino de detención en Tucumán y es tío del ex gobernador
radical de Misiones Ricardo Barrios Arrechea.

En tanto, el magistrado solicitó informes a la justicia
tucumana para que se confirme su el ex policía Roberto Albornoz
se encuentra internado en terapia intensiva en un hospital
de esa provincia.

El jueves último, Canicoba Corral hizo lugar a un exhorto
enviado por el juez Garzón y dispuso el arresto preventivo a los
fines de extradición de 45 militares y un civil acusados de los
supuestos delitos de “genocidio y torturas”.

Los ex represores se fueron entregando uno a uno ante la
justicia durante el fin de semana y quedaron alojados en diversas
dependencias de las Fuerzas Armadas y de seguridad a la espera del
juicio de extradición.

Entre los militares requeridos por la justicia española se
encuentran el ex capitán de navío Alfreo Astiz, el intendente
tucumano electo Antonio Bussi y los ex brigadieres generales y ex
integrantes de las Juntas Militares Omar Domingo Rubens Graffigna
y Basilio Arturo Ignacio Lami Dozo.

También se pidió la detención de los ex jefes militares Jorge
Rafael Videla, Eduardo Emilio Massera, Guillermo Suárez Mason,
Oscar Franco y Jorge “el tigre” Acosta, quien ya se encontraban
detenidos en el marco de otros expedientes por presunta violación
de derechos humanos.

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