Salud: el decreto se firmaría hoy

Así lo afirmó Miguel Bein. Bullrich había señalado que se estaban terminando "algunos detalles técnicos" y se mantenían reuniones con sindicalistas, quienes, junto con algunos empresarios, se oponen al nuevo sistema.

29 noviembre, 2000

El Gobierno firmará hoy (miércoles 29) el decreto que establece la desregulación total de las obras sociales y la libre competencia entre las de origen sindical y las de medicina prepaga en forma absoluta e inmediata a partir del 1 de enero próximo, aseguró el secretario de Programación Macroeconómica y Regional, Miguel Bein.

El funcionario hizo ese anuncio a la prensa tras haber participado de la reunión del equipo económico que encabeza José Luis Machinea.

Por su parte, la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, ratificó esta mañana que el decreto se encuentra muy avanzado, aunque en ese momento no pudo asegurar si el presidente Fernando de la Rúa “lo va a poder firmar antes” de partir cerca de esta medianoche rumbo a México, al señalar que ayer “todavía faltaban algunos detalles”, según informó la agencia de noticias DYN.

“Como ya informamos, (la norma) está a la firma del Presidente”, sin embargo “estamos terminando algunos detalles técnicos”, indicó la funcionaria en declaraciones al programa Desayuno que se emite por Canal 7.
Bullrich afirmó que se estaban teniendo “algunas reuniones con dirigentes sindicales que tenían dudas con respecto al sistema, (al surgir) algunas diferencias de cómo se debe implementar”.

En rigor, la norma tendiente a privatizar la salud es resistida por la dirigencia gremial que la semana pasada concretó un paro de 36 horas, la tercera huelga general más fuerte que debió soportar la Alianza en 11 meses de gestión.

Ayer, tras el habitual encuentro de ministros de los martes, Bullrich sostuvo que le “sorprendería” que las centrales sindicales decidieran convocar a un nuevo paro en rechazo de la desregulación del mercado de las obras sociales.

Con respecto a los beneficios del nuevo sistema, el gobierno destaca que los afiliados serán favorecidos con la posibilidad de elegir y tener mejor acceso a la salud. Sin embargo, los otros tres involucrados (obras sociales sindicales, de dirección y prepagas) no opinan los mismo.

Los privados sostienen que se corre el riesgo de desfinanciar aún más el sistema lanzando una competencia “todos contra todos” en una situación como la actual y que pocos afiliados, en realidad, estarán en condiciones de elegir.

Claudio Gallo –de SPM, la prepaga del grupo Exxel– dijo que en su empresa apoyan “la filosofía general del proyecto, pero no cómo se instrumentó”.

“Hubiéramos querido estar –señaló Gallo– pero no tenemos claro cómo se financiará, quién controlará la gran evasión de aportes y qué pasará con la gente que venga con enfermedades preexistentes”. “Por eso –continuó– no vamos a participar en forma directa. No queremos ser perjudicados como empresa y tener que disminuir el nivel de atención de nuestros afiliados”.

En términos similares se expresó Tomás Bernasconi, de Docthos, la prepaga del grupo HSBC-Roberts. “Nosotros preferimos la desregulación de todos contra todos, ya que eso permite trabajar con escala y dar buen servicio con mejores costos. Pero no vamos a participar directamente, básicamente por dos cuestiones: no hay seguridad en el cobro de los aportes y a diferencia de la prepaga, donde si el afiliado no paga se queda sin servicio, corro el riesgo de no cobrar los aportes y tener que seguir dando la cobertura. Además, al no existir mecanismos de selección de riesgo (es decir, las personas con patologías severas) o de compensación, corro el peligro de desfinanciar a la compañía”.

Hugo Quintana, de la obra social Ospoce, sostiene que “esta norma es la que tiene más consenso en el sector: estamos todos en desacuerdo” y piensa que eso es producto de que “fue escrita en Economía porque lo pedía el FMI, como la reforma previsional”.

Pero la peor situación parece ser la que les toca a las obras sociales de dirección, con servicios equivalentes a las empresas de medicina privada. A diferencia de las prepagas, no pueden elegir si participan o no, por ley deben hacerlo. Además, se les reducirán sus ingresos, ya que sus afiliados deberán hacer un aporte mayor al Fondo de Redistribución Solidaria.

Jorge Piva, de Acción Social de Empresarios dijo que “el resultado final de este proceso es imprevisible; se desregula un mercado para bajar los precios al consumidor y tener más eficiencia global. Pero aquí estamos hablando de la salud y me preguntó: ¿qué significa bajar el precio?, ¿dar menos servicios?.

El Gobierno firmará hoy (miércoles 29) el decreto que establece la desregulación total de las obras sociales y la libre competencia entre las de origen sindical y las de medicina prepaga en forma absoluta e inmediata a partir del 1 de enero próximo, aseguró el secretario de Programación Macroeconómica y Regional, Miguel Bein.

El funcionario hizo ese anuncio a la prensa tras haber participado de la reunión del equipo económico que encabeza José Luis Machinea.

Por su parte, la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, ratificó esta mañana que el decreto se encuentra muy avanzado, aunque en ese momento no pudo asegurar si el presidente Fernando de la Rúa “lo va a poder firmar antes” de partir cerca de esta medianoche rumbo a México, al señalar que ayer “todavía faltaban algunos detalles”, según informó la agencia de noticias DYN.

“Como ya informamos, (la norma) está a la firma del Presidente”, sin embargo “estamos terminando algunos detalles técnicos”, indicó la funcionaria en declaraciones al programa Desayuno que se emite por Canal 7.
Bullrich afirmó que se estaban teniendo “algunas reuniones con dirigentes sindicales que tenían dudas con respecto al sistema, (al surgir) algunas diferencias de cómo se debe implementar”.

En rigor, la norma tendiente a privatizar la salud es resistida por la dirigencia gremial que la semana pasada concretó un paro de 36 horas, la tercera huelga general más fuerte que debió soportar la Alianza en 11 meses de gestión.

Ayer, tras el habitual encuentro de ministros de los martes, Bullrich sostuvo que le “sorprendería” que las centrales sindicales decidieran convocar a un nuevo paro en rechazo de la desregulación del mercado de las obras sociales.

Con respecto a los beneficios del nuevo sistema, el gobierno destaca que los afiliados serán favorecidos con la posibilidad de elegir y tener mejor acceso a la salud. Sin embargo, los otros tres involucrados (obras sociales sindicales, de dirección y prepagas) no opinan los mismo.

Los privados sostienen que se corre el riesgo de desfinanciar aún más el sistema lanzando una competencia “todos contra todos” en una situación como la actual y que pocos afiliados, en realidad, estarán en condiciones de elegir.

Claudio Gallo –de SPM, la prepaga del grupo Exxel– dijo que en su empresa apoyan “la filosofía general del proyecto, pero no cómo se instrumentó”.

“Hubiéramos querido estar –señaló Gallo– pero no tenemos claro cómo se financiará, quién controlará la gran evasión de aportes y qué pasará con la gente que venga con enfermedades preexistentes”. “Por eso –continuó– no vamos a participar en forma directa. No queremos ser perjudicados como empresa y tener que disminuir el nivel de atención de nuestros afiliados”.

En términos similares se expresó Tomás Bernasconi, de Docthos, la prepaga del grupo HSBC-Roberts. “Nosotros preferimos la desregulación de todos contra todos, ya que eso permite trabajar con escala y dar buen servicio con mejores costos. Pero no vamos a participar directamente, básicamente por dos cuestiones: no hay seguridad en el cobro de los aportes y a diferencia de la prepaga, donde si el afiliado no paga se queda sin servicio, corro el riesgo de no cobrar los aportes y tener que seguir dando la cobertura. Además, al no existir mecanismos de selección de riesgo (es decir, las personas con patologías severas) o de compensación, corro el peligro de desfinanciar a la compañía”.

Hugo Quintana, de la obra social Ospoce, sostiene que “esta norma es la que tiene más consenso en el sector: estamos todos en desacuerdo” y piensa que eso es producto de que “fue escrita en Economía porque lo pedía el FMI, como la reforma previsional”.

Pero la peor situación parece ser la que les toca a las obras sociales de dirección, con servicios equivalentes a las empresas de medicina privada. A diferencia de las prepagas, no pueden elegir si participan o no, por ley deben hacerlo. Además, se les reducirán sus ingresos, ya que sus afiliados deberán hacer un aporte mayor al Fondo de Redistribución Solidaria.

Jorge Piva, de Acción Social de Empresarios dijo que “el resultado final de este proceso es imprevisible; se desregula un mercado para bajar los precios al consumidor y tener más eficiencia global. Pero aquí estamos hablando de la salud y me preguntó: ¿qué significa bajar el precio?, ¿dar menos servicios?.

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