Reprevitazación de YPF y cómo se llegó a una situación catastrófica

Argentina debe pagar daños por aproximadamente US$ 16.000 millones a dos ex accionistas de YPF luego del fallo de una jueza de Nueva York según el cual la copañía había sido renacionalizada ilegalmente, una de las mayores sentencias jamás dictadas contra un soberano extranjero por un tribunal estadounidense.

El fallo es la culminación de una agria disputa entre Argentina y dos ex inversores de YPF, el Grupo Petersen y Eton Park. cuyas demandas fueron financiadas en gran parte por la poderosa sociedad financiera Burford Capital. Las acciones de Burford se dispararon 17% tras la decisión publlicada el viernes.

YPF, fundada en 1922 como una compañía estatal, fue privatizada en 1993. Volvió a manos del Estado en 2012, después de que el gobierno de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner aprobara una ley de expropiación por la que el Estado pasó a controlar el grupo a través de una participación mayoritaria que antes estaba en manos de la petrolera española Repsol.

Finalmente, Argentina se vio obligada a compensar a Repsol por la toma de control con bonos del Estado por valor de S$ 5.000 millones a un interés del 8%.

Sin embargo, los accionistas más pequeños, entre ellos los demandantes Petersen y Eton Park, alegaron que Argentina no había cumplido su obligación de hacer una oferta pública de adquisición a otros inversores por las acciones restantes. Alegaron que se les debían miles de millones en indemnizaciones, así como intereses por “haber sido obligados a ser acreedores involuntarios de Argentina durante más de una década”.

Petersen quebró después de que Argentina se hiciera con el 25 por ciento de YPF, y sus préstamos ya no pudieron pagarse con dividendos. Eton Park cerró sus operaciones en 2017 tras años de resultados mediocres.

La jueza Loretta Preska declaró a Argentina responsable en marzo, y fijó un juicio de tres días para decidir sobre los daños y perjuicios que deben concederse a Petersen y Eton Park, así como el nivel apropiado de intereses.

Los demandantes alegaron en el juicio que se les debía un total de 16.050 millones de dólares, de los cuales 8.430 millones correspondían a daños y perjuicios y 7.620 millones a intereses. Aunque en la sentencia, de 25 páginas, no menciona ninguna cantidad concreta, Preska se puso en gran medida del lado de los demandantes, discrepando únicamente con la fecha en que empezaron a devengarse intereses, que ella retrasó unas semanas.

En su fallo, Preska también citó declaraciones realizadas en 2012 por el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, en las que dijo que sería “una estupidez” cumplir con “los propios estatutos de YPF” o “respetar sus estatutos”. Añadió que Argentina “posteriormente promulgó la legislación que, supuestamente, le permitía adquirir el control de YPF sin ser ‘estúpida’ y cumplir los estatutos”.

Los abogados de Argentina habían argumentado que el asunto no correspondía a un tribunal estadounidense y que estaba protegido por la inmunidad soberana. Sin embargo, el Tribunal Supremo de EE.UU. se negó a admitir su apelación, despejando el camino para que la demanda siguiera adelante. En un comunicado hecho público el viernes, Argentina declaró que “discrepa respetuosamente de la decisión errónea y sin precedentes del tribunal de distrito” y que tiene previsto recurrirla.