Rectificación en el rumbo político

La publicitada carta de Cristina Fernández significó un punto de inflexión en el curso de los acontecimientos

5 noviembre, 2020

Por: Pascual Albanese (*)

Como producto del estado de necesidad, patentizado en el agotamiento de las reservas del Banco Central y la crisis cambiaria, o sea más como una derivación de las urgencias de la coyuntura que como producto de la voluntad de los protagonistas, la Argentina avanza hacia un nuevo consenso nacional que está indisolublemente atado a las exigencias planteadas por un ineludible y probablemente cercano acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, cuyos términos habrán de esclarecer los parámetros del rumbo económico de los próximos años.

Cualquiera sea el juicio de valor que merezca la figura de Cristina Kirchner, y sin olvidar el hecho objetivo e innegable de que su imagen negativa sigue prevaleciendo sobre la positiva en todas las encuestas de opinión pública, corresponde señalar que su publicitada carta del lunes 26 de octubre significó un punto de inflexión en el curso de los acontecimientos.

Inauguró un nuevo escenario, cuya configuración es todavía incipiente pero su orientación estratégica resulta absolutamente nítida: el gobierno de Alberto Fernández avanza en una rectificación de su rumbo político. Paradójicamente, la dirección de ese viraje tiene notorias semejanzas con el contenido del discurso presidencial en el Congreso del 10 de diciembre de 2019, con su enfática apelación a la unidad nacional, desdibujada en estos diez meses de gestión por las contradicciones internas de la coalición gubernamental y por las recurrentes iniciativas confrontativas impulsadas por el “kirchnerismo”, cuyas dos expresiones más elocuentes fueron la fracasada tentativa de expropiación del grupo Vicentin y el proyecto de reforma judicial, hoy virtualmente archivado en la Cámara de Diputados.

La oportunidad de la carta de Cristina Kirchner está directamente vinculada con su contenido. El lunes de una semana que amanecía dramática, cuando las expectativas negativas de los agentes económicos auguraban una estampida cambiaria de enormes dimensiones, con un efecto amplificador que podía acarrear el estallido de una crisis de gobernabilidad, el texto difundido por la ex presidenta representó un reconocimiento de la realidad (“esa única verdad a la que se refería Perón”) y, al contrario de la mayoría de las interpretaciones periodísticas, otorgó a Fernández un espacio de maniobra para ensayar las rectificaciones exigidas por las circunstancias.

El debate suscitado sobre la “sinceridad” de las intenciones de la ex presidenta encubre, en el mejor de los casos, una singular ingenuidad conceptual, sino un notable (aunque no por ello menos comprensible) acto de hipocresía. Las “segundas intenciones” son parte inseparable de los juegos de poder propios de la vida política.

Salvo que se equivoque, y ocurre con cierta frecuencia, ningún dirigente político, ni tampoco empresario o sindical, actúa deliberadamente en contra de sus propios intereses. La discusión no puede entonces girar tanto alrededor la “sinceridad” que los anima como de la lucidez de sus actos.

Conciencia de un fracaso

En este punto, el veredicto es inequívoco. Cristina Kirchner demostró tener conciencia de que el fracaso del actual gobierno sólo le podría acarrear gravísimas consecuencias políticas, judiciales e incluso personales. La hipótesis de que un colapso del gobierno de Fernández podría favorecerla es tan descabellada como la fantasía de que en esa circunstancia ella podría asumir la Presidencia de la República.

Para bien o para mal, su supervivencia política está ligada al destino del gobierno. Esto supone que la idea de un supuesto plan de su autoría para la desestabilización de Fernández carece de todo asidero.

Muy por el contrario, Cristina Kirchner desarrolló con inusual franqueza la razón que la llevó a promover la candidatura de Fernández en lugar de la suya. Señaló que su postulación no hubiera logrado la reunificación política del peronismo y que en esas condiciones, con el peronismo dividido, hubiera podido perder la elección contra Mauricio Macri.

Semejante reconocimiento personal, casi una confesión, no por implícita menos inequívoca y contundente, fue la razón de ser del nacimiento del Frente de Todos, una alianza electoral que surgió con la consigna, atribuida intelectualmente a Fernández, de que “con Cristina no alcanza, pero sin Cristina no se puede”.

Esa explicación sobre la raíz de la actual coalición gubernamental ayuda a comprender por qué Cristina Kirchner puede sostener que, aún con estas limitaciones anormales en su origen, el poder político en la Argentina reside en la Presidencia y en ningún otro lado. Precisamente las encuestas de opinión pública tienden a demostrar cómo el continuo descenso de la imagen presidencial está estrechamente vinculado con la percepción generalizada de que Fernández no ejerce el poder que le fuera conferido por el voto popular. Es obvio acotar que esa imagen de un “presidente títere” destruye la credibilidad de cualquier gobierno.

No está demás recordar que, catorce días antes de la carta de Cristina Kirchner, en coincidencia con el “banderazo” del 12 de octubre y con los inicios de la corrida cambiaria que amenazaba derivar en crisis de gobernabilidad, mientras Eduardo Duhalde insistía en alertar sobre que la Argentina vivía un “momento de pre-anarquía”, Roberto Lavagna difundió una declaración cuyos términos premonitorios vale la pena retener en función de lo que ocurrió después.

“Pretender que el Presidente y la vicepresidenta se distancien o tomen caminos distintos es una aspiración institucionalmente dañina para el futuro del país, que por otra parte ya se concretó en una ocasión reciente y nos fue mal, muy mal. Lo mejor que nos puede ocurrir es que la fórmula presidencial se mantenga unida pero dentro del concepto “alcanza para ganar pero no para gobernar”.

Nada cambió desde hace 10 meses como para olvidarse de esta parte del análisis que originó la fórmula. Efectivamente, la sociedad argentina no está para soportar extremismos de derecha ni de izquierda. Aceptar la idea de respetar la unidad de la fórmula que fue elegida implica también respetar un equilibrio hacia el “centro” que permita gobernar.

Asimismo, la fórmula debe mantenerse unida en un contexto en que el Presidente pueda gobernar con todas las facultades y libertades inherentes a la función. Otra alternativa resultaría muy perniciosa, hasta peligrosa, para el destino del país y, por ende, de sus ciudadanos”.

Dentro de este contexto cabe encuadrar el párrafo de la declaración de la ex presidenta que, tras puntualizar los desafíos que suponen la existencia en la Argentina de un sistema bimonetario, plantea la urgente necesidad de “un acuerdo que abarque al conjunto de los sectores políticos, económicos, mediáticos y sociales de la Argentina”.

Situación de emergencia

El hecho de que, como enfatizan con razón sus críticos, esa convocatoria no haya estado en la agenda de la ex presidenta durante sus ocho años en el gobierno ni tampoco en los últimos diez meses, en los que además obstaculizó los intentos en ese sentido, no sólo no quita sino por el contrario le agrega valor a esta afirmación, que más que a una convicción personal responde a un elemental principio de realidad frente a una situación de emergencia de un gobierno que parecía asomarse al precipicio.

Los acontecimientos que se sucedieron en los días subsiguientes revelan hasta qué punto esa apreciación acerca de la gravedad de la situación implícita en el documento de Cristina Kirchner era compartida por la mayoría de los actores políticos, en el gobierno, donde el impacto de la sorpresa signó las reacciones inmediatas, en el oficialismo y aún más claramente en la oposición.

La intempestiva irrupción de Elisa Carrió con su apoyo a la postulación del juez Daniel Rafecas para el cargo de Procurador General fue un síntoma extraordinariamente sugestivo, pero todavía más significativo resultó el rápido respaldo a esa postura del Vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, y la inmediata visita a la casa de Carrió realizada por el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, acompañado por María Eugenia Vidal, en un gesto que fue unánimemente interpretado como un fortalecimiento de la denominada corriente “dialoguista” de Juntos por el Cambio.

En la misma semana, los diputados de la coalición opositora por Jujuy y Corrientes, dos provincias gobernadas por el radicalismo, se apartaron de la posición oficial de su bloque y y votaron a favor del proyecto de presupuesto 2021 presentado por el gobierno. El propio Miguel Ángel Pichetto fue otro de los primeros dirigentes de la oposición que llamaron a tomar en serio la apelación de la vicepresidenta.

Como colofón de una semana agitada, el viernes 30, apenas cuatro días después de la carta, el Equipo de Pastoral Social del Episcopado realizó una jornada virtual en la que expusieron conjuntamente el presidente Fernández, el Secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Gustavo Béliz, el titular de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Oscar Ojea, y el senador porteño Lousteau, convertido en un firme aliado de Rodríguez Larreta en el radicalismo.

Ese mismo día, Sergio Massa, quien por su rol como socio de la coalición gubernamental, titular de la Cámara de Diputados (ámbito obligado de los consensos parlamentarios) y su antigua amistad personal con Rodríguez Larreta, es un personaje central en los acontecimientos en desarrollo, inauguró una Escuela de Gobierno del Frente Renovador con la presencia y palabra de Ricardo Alfonsín. Si se unieran en una imaginaria línea de puntos todos estos episodios, y otros de menor repercusión mediática ocurridos en sólo cinco días, puede graficarse las características del viraje en curso en la situación política.

Reuniones con empresarios

Paralelamente, Fernández intensificó su ronda de reuniones con los principales empresarios de la Argentina, en conciliábulos que precedieron a una “reunión cumbre” mantenida el lunes 2 en el Palacio de Hacienda entre el Ministro de Economía, Martín Guzmán con los directivos de la Asociación de Empresarios Argentinos (AEA). Entre ellos, se destacó la presencia de Héctor Magnetto, una figura estigmatizada desde 2008 por el “kirchnerismo” como la “bestia negra” y cerebro de su vituperado “eje del mal” y en quien todos personalizaron la alusión de Cristina Kirchner a aquellos sectores “mediáticos” que tenían que participar en la negociación del acuerdo político necesario para afrontar la crisis.

Para ilustrar cómo cambian los tiempos no es ocioso recordar que la presencia en Olivos de directivos de AEA, en un desayuno con Fernández el pasado 9 de julio, había sido precisamente un punto de fricción entre el presidente y Cristina Kirchner, quien en aquella oportunidad difundió un tweet que elogiaba cálidamente una nota en Página 12 del periodista Alfredo Zaiat que advertía sobre los peligros que encerraban esas “malas compañías”.

Quiso seguramente el azar que la misma semana en que la carta de Cristina Kirchner puso en marcha una dinámica distinta en los acontecimientos políticos, los conflictos suscitados por la toma de tierras en Guernica y en el establecimiento de la familia Etchevehere en Entre Ríos pusieran a prueba la viabilidad de cualquier entendimiento.

La decisión judicial que determinó en ambos casos el desalojo de los ocupantes, en Guernica con un exitoso despliegue de la policía bonaerense comandada por el Ministro de Seguridad Sergio Berni, reveló la subsistencia de un tejido institucional que, si bien precario, resulta suficiente para asegurar, aunque a veces a la larga, el ejercicio del derecho de propiedad.

Esa certeza jurídica, que no puede estar subordinada a consideraciones políticas o ideológicas, es una condición indispensable para la inversión, tanto nacional como extranjera. La plena garantía de su vigencia constituye entonces un “punto de no ceder” para cualquier plan orientado a la recuperación y el desarrollo de la economía argentina.

La cuestión es particularmente sensible en el sector agropecuario, uno de los pilares de la propuesta de reactivación elaborada por el Consejo Agroindustrial Argentino, cuyo contenido estará plasmado en un proyecto de ley que el gobierno enviará próximamente a consideración del Congreso Nacional.

Todo esto ocurre mientras se aguarda la inminente visita a Buenos Aires de la delegación del Fondo Monetario Internacional para avanzar en las conversaciones tendientes a establecer un acuerdo de facilidades extendidas que permita refinanciar la deuda contraída con el organismo por el gobierno de Macri y habilitar lo más rápidamente posible una línea de financiación internacional de los organismos multilaterales de crédito, en particular del propio FMI, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, una inyección de fondos externos indispensable para evitar el colapso en las reservas del Banco Central.

Dos condiciones

La concreción de este nuevo acuerdo con el FMI está supeditado a dos condiciones implícitas pero inequívocas. La primera es la existencia de un consenso político y social básico en torno al cumplimiento efectivo de los compromisos contraídos en esa negociación.

La segunda es el aval del gobierno de Estados Unidos. No hace falta extremar la imaginación para entender que ambas condiciones suponen un giro significativo en la política económica y también en la política exterior. Esto implica, en los hechos, una reformulación del sistema de poder existente en la Argentina desde el 10 de diciembre de 2019.

La prioridad política del gobierno tenderá a desplazar el centro de gravedad desde el mantenimiento del equilibrio de fuerzas dentro de la coalición gobernante, que monopolizó su atención en estos diez primeros meses de gestión, hacia la articulación de consensos con los sectores empresarios y con la oposición política, representada por Rodríguez Larreta y los tres gobernadores radicales y sus líderes parlamentarios.

Hacia adentro del peronismo, supone también un mayor protagonismo de los gobernadores e intendentes del conurbano bonaerense y de las organizaciones sindicales, dos piezas indispensables para la materialización de los acuerdos legislativos y la instrumentación de la concertación social.

En esa reformulación, cabe inscribir el relanzamiento de la iniciativa gubernamental de creación de un Consejo Económico y Social, con la participación de las centrales empresarias y sindicales y de otras organizaciones representativas de la sociedad civil, anunciada por Fernández en sus discursos en el Congreso el 10 de diciembre y el 1° de marzo pasados.

No hace falta aclarar que ese reacomodamiento de fuerzas en marcha afrontará seguramente una multiplicidad de conflictos y dificultades. Para transitar ese camino erizado de obstáculos, los actores estarán animados por una única pero sólida certeza común: el fuego quema.

(*) Directivo de Segundo Centenario

 

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