Recobrar superávit y afrontar la deuda figuran antes que el tema agropecuario
Primera semana de tregua en el paro de los productores: Lousteau tantea en Miami la receptividad para pagar los vencimientos de deuda emitiendo bonos e internamente se arma un plan de regularización impositiva para el campo.
A 120 días de gobierno, Cristina Kirchner se ha encontrado con la novedad
de que el superávit fiscal no es el que había proclamado la administración
precedente de su esposo y que las finanzas del país no están tan
blindadas como se decía.
El gasto público continuó creciendo de la mano de los salarios
y los subsidios hasta ocupar 39 % del PIB y la recaudación viene perdiendo
vigor desde enero, por más que la inflación no registrada esté
ayudando al IVA.
Las reservas internacionales que suman US$ 50.000 millones por sí solas
no parecen constituir un reaseguro de estabilidad financiera ante la crisis
internacional y las perspectivas de recesión que asoman en la economía
norteamericana. Los vencimientos que entre este año y el que viene suman
cerca de US$ 10.000 millones dejan al desnudo la preocupación que comporta
el endurecimiento del crédito, mucho más para la Argentina que
arrastra el default de la deuda con el Club de París y con los bonistas
que no entraron en el canje.
Como un aperitivo de incursión en los mercados, el gobierno colocó
$ 870 millones entre tomadores cautivos, como las AFJP locales, pero el interrogante
se proyecta a otras necesarias emisiones futuras, incluida la comprometida para
la construcción del tren bala.
Las anteriores tuvieron como receptor al gobierno venezolano, que se avino
a recolocar cartera, claro que en una plaza mundial distinta a la actual. Todo
parece indicar que en la próxima la buena voluntad de Hugo Chávez
no alcanzará para absorber títulos nacionales.
La inflación también le está jugando una mala pasada a
la administración de Cristina Kirchner, por más que el secretario
de Comercio se empeñe en disimularla en el aparato de medición
oficial. Es que los ingresos tributarios se empiezan a “licuar” frente
a los gastos, en un año en el que no hay presión electoral para
aumentarlos.
El aumento en las retenciones ha sido el expediente que encontró a mano
el ministro de Economía, Martín Lousteau, para equilibrar las
cuentas. Y si lo hizo antes de la cosecha fue para evitar filtraciones en los
registros de exportación.
Gestiones externas
En la reunión del BID en Miami, Lousteau intenta reconstruir el circuito
de normalización de la situación financiera del país sin
desatender las premisas políticas del matrimonio presidencial: no a las
auditorías previas del FMI, no a la reapertura de las negociaciones con
los bonistas y no a pagos anticipados con reservas.
El arreglo con el Club de París, en consecuencia, deberá ser
encauzado por otra vía, que nadie conoce o ha revelado. O sea, la deuda
en default está lejos de ser levantada y los mercados de capitales permanecerán
como hasta ahora respecto de la Argentina.
El único expediente a mano para dar señales a la comunidad internacional
sería reemplazar los préstamos garantizados recibidos por los
bancos en la crisis del 2001 por Bonar 13, por un valor de $ 5.000 millones.
Pero la mayor preocupación que embarga al gobierno nacional está
circunscripto ahora a la caja fiscal. No sólo por el comportamiento de
los dos últimos meses en cuanto a recaudación y gastos, sino por
las necesidades que se avecinan en cuanto a los combustibles y energía
para el invierno.
No tiene mucho para negociar el gabinete de Cristina Kirchner con los productores
del campo, salvo que surgiera algún otro sector para cubrir con celeridad
las urgencias en ciernes: no menos de US$ 1.000 millones.
La administración ha empezado a implementar un sistema de fiscalización
impositiva para toda la actividad agropecuaria. La provincia de Buenos Aires
dio el puntapié inicial para revisar el impuesto inmobiliario rural,
pidiendo información a propietarios de más de 50 hectáreas
que acrediten lo que están realizando con la tierra, a fin de establecer
una nueva escala relacionada con la producción, antes que con la cotización
fiscal del suelo.
También se aprovecharán los reintegros para controlar todas las
operaciones y la tributación, al exigirse factura como condición
para cobrar los subsidios a los que se presenten como pequeños productores.
Y, al verificarse la factura, quedará al descubierto la situación
previsional de cada uno.
Ya ha habido en el caso de la leche y el trigo una derivación de los
subsidios a la industria láctea y los molinos, habida cuenta de la informalidad
que campeaba entre los destinatarios naturales de la ayuda.
En tal sentido, en CRA hicieron un cálculo según el cual de los
$ 1300 millones que se repartieron el año pasado, 89 % fue a 110 personas.
La gran filtración se origina en el medio de la cadena, aducen, donde
se practica el trueque de servicios y en consecuencia no hay registro tributario
de esos movimientos.
Mientras juguetean con papel y lápiz en torno de la espinosa cuestión
de las retenciones, la caída del precio internacional de la soja que
hubo en el ínterin va acercando el porcentaje actual al que existía
antes de implementarse la medida que provocó la reacción del campo.
Si bajara 10 % más, quedará en 35 % esa retención móvil.
A 120 días de gobierno, Cristina Kirchner se ha encontrado con la novedad
de que el superávit fiscal no es el que había proclamado la administración
precedente de su esposo y que las finanzas del país no están tan
blindadas como se decía.
El gasto público continuó creciendo de la mano de los salarios
y los subsidios hasta ocupar 39 % del PIB y la recaudación viene perdiendo
vigor desde enero, por más que la inflación no registrada esté
ayudando al IVA.
Las reservas internacionales que suman US$ 50.000 millones por sí solas
no parecen constituir un reaseguro de estabilidad financiera ante la crisis
internacional y las perspectivas de recesión que asoman en la economía
norteamericana. Los vencimientos que entre este año y el que viene suman
cerca de US$ 10.000 millones dejan al desnudo la preocupación que comporta
el endurecimiento del crédito, mucho más para la Argentina que
arrastra el default de la deuda con el Club de París y con los bonistas
que no entraron en el canje.
Como un aperitivo de incursión en los mercados, el gobierno colocó
$ 870 millones entre tomadores cautivos, como las AFJP locales, pero el interrogante
se proyecta a otras necesarias emisiones futuras, incluida la comprometida para
la construcción del tren bala.
Las anteriores tuvieron como receptor al gobierno venezolano, que se avino
a recolocar cartera, claro que en una plaza mundial distinta a la actual. Todo
parece indicar que en la próxima la buena voluntad de Hugo Chávez
no alcanzará para absorber títulos nacionales.
La inflación también le está jugando una mala pasada a
la administración de Cristina Kirchner, por más que el secretario
de Comercio se empeñe en disimularla en el aparato de medición
oficial. Es que los ingresos tributarios se empiezan a “licuar” frente
a los gastos, en un año en el que no hay presión electoral para
aumentarlos.
El aumento en las retenciones ha sido el expediente que encontró a mano
el ministro de Economía, Martín Lousteau, para equilibrar las
cuentas. Y si lo hizo antes de la cosecha fue para evitar filtraciones en los
registros de exportación.
Gestiones externas
En la reunión del BID en Miami, Lousteau intenta reconstruir el circuito
de normalización de la situación financiera del país sin
desatender las premisas políticas del matrimonio presidencial: no a las
auditorías previas del FMI, no a la reapertura de las negociaciones con
los bonistas y no a pagos anticipados con reservas.
El arreglo con el Club de París, en consecuencia, deberá ser
encauzado por otra vía, que nadie conoce o ha revelado. O sea, la deuda
en default está lejos de ser levantada y los mercados de capitales permanecerán
como hasta ahora respecto de la Argentina.
El único expediente a mano para dar señales a la comunidad internacional
sería reemplazar los préstamos garantizados recibidos por los
bancos en la crisis del 2001 por Bonar 13, por un valor de $ 5.000 millones.
Pero la mayor preocupación que embarga al gobierno nacional está
circunscripto ahora a la caja fiscal. No sólo por el comportamiento de
los dos últimos meses en cuanto a recaudación y gastos, sino por
las necesidades que se avecinan en cuanto a los combustibles y energía
para el invierno.
No tiene mucho para negociar el gabinete de Cristina Kirchner con los productores
del campo, salvo que surgiera algún otro sector para cubrir con celeridad
las urgencias en ciernes: no menos de US$ 1.000 millones.
La administración ha empezado a implementar un sistema de fiscalización
impositiva para toda la actividad agropecuaria. La provincia de Buenos Aires
dio el puntapié inicial para revisar el impuesto inmobiliario rural,
pidiendo información a propietarios de más de 50 hectáreas
que acrediten lo que están realizando con la tierra, a fin de establecer
una nueva escala relacionada con la producción, antes que con la cotización
fiscal del suelo.
También se aprovecharán los reintegros para controlar todas las
operaciones y la tributación, al exigirse factura como condición
para cobrar los subsidios a los que se presenten como pequeños productores.
Y, al verificarse la factura, quedará al descubierto la situación
previsional de cada uno.
Ya ha habido en el caso de la leche y el trigo una derivación de los
subsidios a la industria láctea y los molinos, habida cuenta de la informalidad
que campeaba entre los destinatarios naturales de la ayuda.
En tal sentido, en CRA hicieron un cálculo según el cual de los
$ 1300 millones que se repartieron el año pasado, 89 % fue a 110 personas.
La gran filtración se origina en el medio de la cadena, aducen, donde
se practica el trueque de servicios y en consecuencia no hay registro tributario
de esos movimientos.
Mientras juguetean con papel y lápiz en torno de la espinosa cuestión
de las retenciones, la caída del precio internacional de la soja que
hubo en el ínterin va acercando el porcentaje actual al que existía
antes de implementarse la medida que provocó la reacción del campo.
Si bajara 10 % más, quedará en 35 % esa retención móvil.
