El Gobierno nacional tiene pensado dar un nuevo golpe de efecto para alimentar su imagen de administración transparente y propuso ayer fijar topes en las remuneraciones que perciben funcionarios federales, mandatarios provinciales, legisladores, intendentes y concejales a fin de terminar con las “diferencias irritantes” que existen en las dietas que se cobran en todo el país. La iniciativa de la Alianza está contenida en el proyecto de ley convenio que el oficialismo espera presentar en el Parlamento durante las sesiones extraordinarias de enero. En una conferencia de prensa en la que participaron el ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra; el presidente provisional del Senado, José Genoud; el secretario general de la Presidencia, Jorge de la Rúa, y el viceministro del Interior, Carlos Becerra, el titular de Justicia explicitó que ese convenio deberá ser firmado por el presidente Fernando de la Rúa y los gobernadores para después ser ratificado por el Congreso, luego por las Legislaturas provinciales, y por los concejos deliberantes en todo el país.
(La Nación, La Prensa)
El Gobierno nacional tiene pensado dar un nuevo golpe de efecto para alimentar su imagen de administración transparente y propuso ayer fijar topes en las remuneraciones que perciben funcionarios federales, mandatarios provinciales, legisladores, intendentes y concejales a fin de terminar con las “diferencias irritantes” que existen en las dietas que se cobran en todo el país. La iniciativa de la Alianza está contenida en el proyecto de ley convenio que el oficialismo espera presentar en el Parlamento durante las sesiones extraordinarias de enero. En una conferencia de prensa en la que participaron el ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra; el presidente provisional del Senado, José Genoud; el secretario general de la Presidencia, Jorge de la Rúa, y el viceministro del Interior, Carlos Becerra, el titular de Justicia explicitó que ese convenio deberá ser firmado por el presidente Fernando de la Rúa y los gobernadores para después ser ratificado por el Congreso, luego por las Legislaturas provinciales, y por los concejos deliberantes en todo el país.
(La Nación, La Prensa)
