Procesaron a Jorge Rodríguez
El juez federal Jorge Urso decretó el procesamiento sin prisión preventiva del ex jefe de Gabinete de Carlos Menem, por la presunta comisión del delito de "defraudación a la administración pública".
El fallo, dado a conocer hoy, alcanzó a Rodríguez y a otros dos
ex funcionarios, quienes se desempeñaron como secretario de
Planeamiento Estratégico y subsecretario de Asuntos
Institucionales de la Secretaría de Planeamiento, mientras que
también recayó sobre un ex asesor y dos comerciantes, a quienes se
trabó un embargo de $40 mil sobre sus bienes.
A los ex funcionarios se les imputa haber participado en la
contratación celebrada entre la Secretaría de Planeamiento
estratégico y dos editoriales para la impresión de libros
titulados “Cinco Prioridades Nacionales”, consistentes en una
“síntesis del trabajo realizado” por ese ente.
La causa se inició en el año 2000 por una denuncia de la
Oficina Anticorrupción, en la que se dio cuenta de que Rodríguez
había autorizado el pago de $34.080 para financiar la
impresión de 12 ejemplares del libro a nombre de una de las
editoriales.
“Ante la falta de presupuesto para la financiación del libro,
se recurrió a la Jefatura de Gabinete para poder contar con los
fondos necesarios para imprimir los ejemplares”, indicó el juez a
cargo de la causa, quien agregó que la operatoria “se alejó de
toda la normativa de aplicación, incurriéndose en graves
irregularidades relacionadas con el precio pagado y la forma de
contratación”.
Según se pudo determinar, el “precio pagado fue casi seis veces
superior al que se abonara al verdadero impresor de la obra”.
El juez Urso determinó durante la instrucción de la causa que
los libros impresos efectivamente “fueron 3.000” Y no 12.000, y
Que dicha tarea no fue realizada por ninguna de las editoriales en
cuestión, sino por otra firma.
Esta empresa facturó el trabajo a una de las editoriales por
$6.150 y, a su vez, volvió a facturar la impresión
a otra editorial por $15 mil. Esta última presentó un
comprobante ante la Secretaría de Planeamiento por $34.080.
Para el magistrado, la “orden de compra fue realizada
contrariando las disposiciones de la Ley de Contabilidad con el
objeto de beneficiar indebidamente” a la empresas, y la
publicación “se efectuó en mayo del 1999 es decir seis meses
antes” de que se efectura el pedido de la factura.
El fallo, dado a conocer hoy, alcanzó a Rodríguez y a otros dos
ex funcionarios, quienes se desempeñaron como secretario de
Planeamiento Estratégico y subsecretario de Asuntos
Institucionales de la Secretaría de Planeamiento, mientras que
también recayó sobre un ex asesor y dos comerciantes, a quienes se
trabó un embargo de $40 mil sobre sus bienes.
A los ex funcionarios se les imputa haber participado en la
contratación celebrada entre la Secretaría de Planeamiento
estratégico y dos editoriales para la impresión de libros
titulados “Cinco Prioridades Nacionales”, consistentes en una
“síntesis del trabajo realizado” por ese ente.
La causa se inició en el año 2000 por una denuncia de la
Oficina Anticorrupción, en la que se dio cuenta de que Rodríguez
había autorizado el pago de $34.080 para financiar la
impresión de 12 ejemplares del libro a nombre de una de las
editoriales.
“Ante la falta de presupuesto para la financiación del libro,
se recurrió a la Jefatura de Gabinete para poder contar con los
fondos necesarios para imprimir los ejemplares”, indicó el juez a
cargo de la causa, quien agregó que la operatoria “se alejó de
toda la normativa de aplicación, incurriéndose en graves
irregularidades relacionadas con el precio pagado y la forma de
contratación”.
Según se pudo determinar, el “precio pagado fue casi seis veces
superior al que se abonara al verdadero impresor de la obra”.
El juez Urso determinó durante la instrucción de la causa que
los libros impresos efectivamente “fueron 3.000” Y no 12.000, y
Que dicha tarea no fue realizada por ninguna de las editoriales en
cuestión, sino por otra firma.
Esta empresa facturó el trabajo a una de las editoriales por
$6.150 y, a su vez, volvió a facturar la impresión
a otra editorial por $15 mil. Esta última presentó un
comprobante ante la Secretaría de Planeamiento por $34.080.
Para el magistrado, la “orden de compra fue realizada
contrariando las disposiciones de la Ley de Contabilidad con el
objeto de beneficiar indebidamente” a la empresas, y la
publicación “se efectuó en mayo del 1999 es decir seis meses
antes” de que se efectura el pedido de la factura.
