Primer mes de gestión de Alberto Fernández

La economía argentina está en una situación compleja: mucha deuda, demasiada inflación y poca actividad

Pasado algo más de un mes del nuevo gobierno en funciones, tiene sentido analizar qué sucedió en cada frente y qué avances, o retrocesos, encontramos en cada uno de ellos, desde la perspectiva de la consultora Ecolatina.

En el primer punto, continuó la mejora del resultado fiscal primario que había iniciado la gestión de Cambiemos, pero se cambió el método: más impuestos y no -mucho- menos gasto. En este marco, se endurecieron las retenciones, se fijó un recargo de 30% a la compra de dólar turista y para atesoramiento y se incrementó la alícuota de bienes personales, entre otras novedades impositivas.

No obstante, también siguió el ajuste de las erogaciones, al menos por ahora: el congelamiento de jubilaciones y pensiones -bono de $ 5.000 mediante- y la suspensión de la fórmula de movilidad, reemplazada por una suba discrecional atenuaría la suba nominal del principal componente del gasto primario. De esta forma, en 2020 el resultado fiscal primario se acercaría al equilibrio, revirtiendo el leve rojo acumulado en 2019 (-0,7% del PBI).

Además del impacto directo en términos macroeconómicos que tiene ajustar el déficit fiscal, en este escenario de elevados pagos de deuda, un sendero de superávits primarios es la principal demanda de los acreedores. En este sentido, y como respuesta de los mercados privados a estas medidas, el riesgo país bajó casi 700 puntos básicos, pasando de 2.500 el 10 de diciembre pasado a la zona de 1.800 puntos actualmente.

Si bien a este nivel el financiamiento permanece cerrado, la tendencia arroja cierta esperanza. En consecuencia, podemos afirmar que hubo algunos avances, no tanto en el plano concreto -las negociaciones formales no comenzaron- pero sí respecto de lo que aventuraban los tenedores de deuda y la incertidumbre desatada luego de las elecciones primarias de agosto 2019.

Para desacelerar la inflación, el gobierno congeló las tarifas de servicios públicos a lo largo del primer semestre de este año. En este sentido, vale destacar que el 1% del PBI de gasto que aumentarán los subsidios por este congelamiento será más que compensado por casi 2% del PBI que sumará el endurecimiento impositivo, de ahí el optimismo de los tenedores de deuda. No menor al punto anterior, el Banco Central está manteniendo fijo al tipo de cambio oficial -es decir, el que usa el sector privado como referencia para las operaciones comerciales- en $ 60 por dólar.

 

Menos inflación

 

Estas medidas moderarían la inflación anclando dos de los principales costos de las empresas. Sin embargo, pese a estas políticas, la suba de precios persistió elevada a lo largo de diciembre y enero, donde la inflación mensual no bajará del 3%, acumulando más de 6,5% en el primer bimestre de gestión de Alberto Fernández. En resumen, al menos durante los primeros meses del nuevo gobierno la inflación seguirá elevada.

Que la nominalidad siga en estos niveles en un contexto de tarifas y dólar anclados no es neutral en términos macroeconómicos: mientras que el resto de los precios suben y estas variables permanecen congeladas, se genera cierto atraso tarifario y cambiario, que provoca un mayor gasto en subsidios y deteriora la competitividad cambiaria.

Dicho esto, corresponde notar que la principal estrategia mencionada en la campaña del Frente de Todos, el acuerdo de precios y salarios, todavía no se puso en marcha, al menos de manera oficial. Por lo tanto, aunque el tiempo no está a favor de esta estrategia, es necesario ser cautos antes de afirmar que las políticas no están siendo efectivas. En este punto, si la negociación de la deuda llega a buen puerto mejorará la credibilidad del Poder Ejecutivo y, con ella, las chances de éxito de implementar este acuerdo.

Si las perspectivas de cara a la negociación de la deuda son tibiamente optimistas y la baja de la inflación moderada, en materia de actividad es donde reposan las principales dudas. En este sentido, podemos afirmar que el gobierno está buscando reactivar la economía con el menor costo fiscal posible, dadas las limitaciones que imprime la negociación de la deuda.

En la misma línea, el cambio de sesgo en la política monetaria, que cada vez se torna más expansivo, puede chocar con el proceso de desinflación si la menor tasa de interés local y la mayor liquidez se traducen en mayores presiones cambiarias -en el mercado paralelo por las imposibilidades de acceder al oficial- y no en una reactivación de la inversión y el consumo. Veamos.

Por un lado, el bono a los perceptores de jubilaciones dejó afuera a la parte “más elevada” de la pirámide, a aquellos jubilados que cobran más de $ 19.000, en la búsqueda por atenuar la expansión del gasto público. Además, se decretó el pago de un aumento salarial para los trabajadores privados formales y un bono para los empleados del sector público nacional que cobran hasta $ 60.000. Estos aumentos de suma fija, y por lo tanto de carácter progresivo -a menor salario, el porcentaje de incremento es mayor-, buscan fortalecer los ingresos de los sectores de menores recursos, aquellos de menor capacidad de ahorro y, por lo tanto, quienes deben volcar una mayor parte de sus ingresos al consumo.

Baja en la tasa de referencia

 

Por su parte, el Banco Central llevó la tasa de interés de referencia de 63% a comienzos de diciembre a 50% anual (3,5% mensual) a mediados de enero. Esta baja, más acelerada que la de las expectativas de inflación (3,8% mensual para enero según el último REM), colocó a la tasa de interés real en terreno negativo ex ante, algo que no sucedía desde 2016.

El menor rendimiento de las LELIQ relajará el costo de financiamiento para el consumo en cuotas y también de los préstamos a empresas, pero, a la vez, hará lo propio con el rendimiento de las colocaciones en pesos. Por lo tanto, si la mayor liquidez se traslada a la economía real, el plan habrá cumplido su misión; a contramano, si la misma va a la brecha y a los precios, el sesgo expansivo de la política monetaria chocará con la política de desinflación. Al igual que con el acuerdo de precios y salarios, esto dependerá en gran medida de la credibilidad que posea, o no, el Poder Ejecutivo, atada fuertemente a cuán exitosas y rápidas sean las negociaciones de reestructuración de la deuda pública.

En resumen, de los tres mandatos económicos con que asumió Alberto Fernández se está haciendo énfasis en la renegociación de la deuda, que por ahora no comenzó oficialmente. De cómo salga esta discusión dependerá la reputación del gobierno y que las políticas antiinflacionarias y de reactivación de la actividad cumplan sus objetivos. Mirando la trayectoria del riesgo país y la descompresión de los mercados financieros, hay espacio para ser optimistas. Haciendo foco en el margen de error y en los delicados equilibrios sobre los que estamos parados, el mismo se desvanece. Ojalá que prime el primer punto; de lo contrario, la crisis que nos azota desde hace más de dos años se agudizará.

 

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