Pou recusó a la bicameral
Un tono de agresividad verbal predominó en la audiencia de Pedro Pou con la comisión bicameral. Calificó de "inconsciente" a Elisa Carrió y fue tildado de "agresivo y soberbio".
Un Pedro Pou que fue calificado – de acuerdo a la expresión recogida por los medios de boca de un legislador – de “agresivo y soberbio”, calificó el miércoles 14 de “fenicios” a los integrantes del Congreso de la Nación y explicó que no es función del Banco Central ser policía del sistema financiero ni perseguir el lavado de dinero.
Durante cinco horas y media enfrentó a los integrantes de la comisión bicameral que debe asesorar al presidente de la Nación sobre su permanencia al frente del Banco Central de la República Argentina.
Había llegado al Parlamento golpeado por la decisión del juez federal Martín Silva Garretón de rechazar la medida cautelar de no innovar solicitada por el funcionario para trabar la acción de la comisión que pretende investigar su actuación.
El magistrado sostuvo que la Justicia solamente puede intervenir en el supuesto de que, como resultado de la labor parlamentaria, el presidente Fernando de la Rúa estimare que hay causales para firmar el decreto de su destitución.
Como en casi todos los puntos polémicos que surgen en la actualidad, las opiniones se muestran fuertemente divididas; un sector, no vacila el proclamar la responsabilidad de Pou en fallas que se atribuyen al accionar del Banco Central como supervisor de la transparencia financiera del país, otro, en cambio privilegia su permanencia en el cargo como demostración de apego a las normas institucionales.
Un eventual dictamen legislativo incriminatorio, sin carácter vinculante, es condición necesaria para que De la Rúa esté en condiciones de remover a Pou antes de que finalice el período de seis años para el que fuera designado durante el gobierno Menem.
El funcionario defendió encarnizadamente la autonomía de su gestión y explicó que no es función del Banco Central ser policía del sistema financiero, ni perseguir el lavado de dinero; a la vez advirtió a sus oyentes que si es destituido la imagen de las instituciones económicas del país sufriría un grave perjuicio.
El diputado radical Víctor Peláez le hizo notar que el tema principal de la convocatoria era hablar de los controles del Banco sobre el sistema, aludiendo a los episodios vinculados con las maniobras del Banco República y la caída de los bancos Patricios y Mayo.
El clima, según fue descripto por todos los medios, alcanzó momentos de singular tensión; luego de leer con voz monocorde un extenso informe escrito, Pou tuvo expresiones despectivas hacia algunos legisladores; particularmente estuvieron dirigidas hacia Elisa Carrió, a la que calificó de “inconsciente”.
El tono de agresividad no disminuyó en ningún momento: cuando el legislador Carlos Verna le propuso que en lugar de seguir leyendo dejara el material para su posterior lectura por la comisión recibió como respuesta: “!No, porque acá los papeles se tiran a la basura!”.
Al cabo de más de cinco horas de permanencia, Pou se negó a aceptar un cuarto intermedio para descansar; se retiró afirmando que estaría de regreso a las 10 de la siguiente mañana.
El jueves Pou continuó durante una hora y media con la lectura de sus papeles, entregó los documentos en cuestión y se avino a contestar las preguntas que le formularon, de acuerdo a las versiones recogidas por la prensa de algunos de los protagonistas del encuentro.
Estaban referidas en particular a las razones que motivaron al Banco Central a otorgar redescuentos, estimados en alrededor de $ 1.000 millones, a bancos a punto de cerrar sus puertas y que, a la postre, serían irrecuperables para el sistema financiero.
El titular del Banco Central afirmó que las disposiciones tuvieron como finalidad salvaguardar a todo el sistema financiero y no tan sólo a esas entidades bancarias en particular.
La mayoría de las opiniones recogidas de los legisladores es que Pou demostró solvencia técnica para responder con rapidez y sin vacilaciones, pero –apuntó uno de ellos – exhibió una memoria “demasiado selectiva”.
En definitiva, la comisión bicameral se tomará una semana antes de elevar su dictamen al presidente De la Rúa; de esta manera se evitará, además, que cualquiera fuere su texto, pueda contribuir a aumentar la tensión creada por las controversias generadas por las medidas dispuestas por Ricardo López Murphy.
Un Pedro Pou que fue calificado – de acuerdo a la expresión recogida por los medios de boca de un legislador – de “agresivo y soberbio”, calificó el miércoles 14 de “fenicios” a los integrantes del Congreso de la Nación y explicó que no es función del Banco Central ser policía del sistema financiero ni perseguir el lavado de dinero.
Durante cinco horas y media enfrentó a los integrantes de la comisión bicameral que debe asesorar al presidente de la Nación sobre su permanencia al frente del Banco Central de la República Argentina.
Había llegado al Parlamento golpeado por la decisión del juez federal Martín Silva Garretón de rechazar la medida cautelar de no innovar solicitada por el funcionario para trabar la acción de la comisión que pretende investigar su actuación.
El magistrado sostuvo que la Justicia solamente puede intervenir en el supuesto de que, como resultado de la labor parlamentaria, el presidente Fernando de la Rúa estimare que hay causales para firmar el decreto de su destitución.
Como en casi todos los puntos polémicos que surgen en la actualidad, las opiniones se muestran fuertemente divididas; un sector, no vacila el proclamar la responsabilidad de Pou en fallas que se atribuyen al accionar del Banco Central como supervisor de la transparencia financiera del país, otro, en cambio privilegia su permanencia en el cargo como demostración de apego a las normas institucionales.
Un eventual dictamen legislativo incriminatorio, sin carácter vinculante, es condición necesaria para que De la Rúa esté en condiciones de remover a Pou antes de que finalice el período de seis años para el que fuera designado durante el gobierno Menem.
El funcionario defendió encarnizadamente la autonomía de su gestión y explicó que no es función del Banco Central ser policía del sistema financiero, ni perseguir el lavado de dinero; a la vez advirtió a sus oyentes que si es destituido la imagen de las instituciones económicas del país sufriría un grave perjuicio.
El diputado radical Víctor Peláez le hizo notar que el tema principal de la convocatoria era hablar de los controles del Banco sobre el sistema, aludiendo a los episodios vinculados con las maniobras del Banco República y la caída de los bancos Patricios y Mayo.
El clima, según fue descripto por todos los medios, alcanzó momentos de singular tensión; luego de leer con voz monocorde un extenso informe escrito, Pou tuvo expresiones despectivas hacia algunos legisladores; particularmente estuvieron dirigidas hacia Elisa Carrió, a la que calificó de “inconsciente”.
El tono de agresividad no disminuyó en ningún momento: cuando el legislador Carlos Verna le propuso que en lugar de seguir leyendo dejara el material para su posterior lectura por la comisión recibió como respuesta: “!No, porque acá los papeles se tiran a la basura!”.
Al cabo de más de cinco horas de permanencia, Pou se negó a aceptar un cuarto intermedio para descansar; se retiró afirmando que estaría de regreso a las 10 de la siguiente mañana.
El jueves Pou continuó durante una hora y media con la lectura de sus papeles, entregó los documentos en cuestión y se avino a contestar las preguntas que le formularon, de acuerdo a las versiones recogidas por la prensa de algunos de los protagonistas del encuentro.
Estaban referidas en particular a las razones que motivaron al Banco Central a otorgar redescuentos, estimados en alrededor de $ 1.000 millones, a bancos a punto de cerrar sus puertas y que, a la postre, serían irrecuperables para el sistema financiero.
El titular del Banco Central afirmó que las disposiciones tuvieron como finalidad salvaguardar a todo el sistema financiero y no tan sólo a esas entidades bancarias en particular.
La mayoría de las opiniones recogidas de los legisladores es que Pou demostró solvencia técnica para responder con rapidez y sin vacilaciones, pero –apuntó uno de ellos – exhibió una memoria “demasiado selectiva”.
En definitiva, la comisión bicameral se tomará una semana antes de elevar su dictamen al presidente De la Rúa; de esta manera se evitará, además, que cualquiera fuere su texto, pueda contribuir a aumentar la tensión creada por las controversias generadas por las medidas dispuestas por Ricardo López Murphy.
