Polémica por el impuesto a los depósitos

Afectaría a 58.700 cuentas. Los especialistas señalan que no provocará mejoras significativas en la recaudación. Los banqueros apoyan la iniciativa: consideran que el plan global favorecerá las inversiones.

29 noviembre, 2000

El proyecto oficial de gravar con el impuesto a las ganancias el interés que generan las colocaciones a plazo fijo de las empresas cosechó ayer opiniones encontradas: apoyo de los bancos, rechazo de los tributaristas y una amplia disparidad de criterios entre los empresarios.

La nueva aplicación de este tributo, que fue suspendido en 1998 durante la gestión de Roque Fernández en el Ministerio de Economía, se instrumentará como complemento de una medida anunciada hace un mes por el Gobierno y que intenta alentar inversiones en el país: la eliminación del impuesto a los intereses de endeudamiento empresarial en formal gradual, que entrará en vigor desde el 1º de enero próximo.

Para los especialistas en política impositiva, la cuestión no es tan simple: la mayoría considera que esta medida no le permitirá al Tesoro lograr un nivel de recaudación significativo.

Los datos del Banco Central muestran que, hasta agosto último, existían 58.700 colocaciones de empresas en plazos fijos que, según fuentes del sistema financiero, se ubicaban en un promedio de $ 50.000.

Lionel Massad, ex director de la Dirección General Impositiva, señaló que esta reimplantación “va a tener un efecto bastante menor y agregará un elemento de manoseo al sistema tributario”.

En sintonía, Alfredo Lamagrande, profesor de la Universidad de San Andres, agregó que el proyecto era “muy burdo” porque “vuelve a cambiar las reglas de juego”; señaló, además, que las ganancias exentas en la actualidad son escasas.

Oscar Libonatti, de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, arriesgó una advertencia: tal vez el Gobierno “esté tanteando el terreno para volver a plantear el tema de gravar los plazos fijos de las personas”.

Libonatti dijo que la idea de igualar el tratamiento impositivo de los plazos fijos con otros activos financieros es adecuada. “Aunque quizá no sea ésta la mejor oportunidad para proponerlo”, objetó.

Entre los banqueros y los empresarios, el panorama está más repartido: los primeros están a favor ;los otros, presentan opiniones variables.

Norberto Peruzzotti, director ejecutivo de la Asociación de Bancos de la Argentina, sentó la postura de su sector: “Estamos de acuerdo con el proyecto ; creemos que es una medida acertada porque se sustituye un impuesto de carácter negativo por otro que va a favorecer las inversiones. Y éste es un factor importante dentro del proceso de reactivación que el país necesita”.

Por su parte, el titular del BankBoston, Manuel Sacerdote, afirmó a la agencia Télam: “Es muy bueno si el dinero de este impuesto se destina a bajar los gravámenes de los intereses”.

Las cosas no son tan evidentes entre los representantes de la economía real. Eduardo Orteu, director general de Disco, fue más cauto: “Es cierto que no es la mejor idea para lograr recursos. Sin embargo, si conseguimos así reducir el endeudamiento empresarial… El ideal sería bajar el endeudamiento sin gravar los plazos fijos. Pero, en estas circunstancias, son más las posibilidades que se generarán con este esquema. Digamos que es el mal menor”.

Jorge Di Fiori, titular de la Cámara Argentina de Comercio, se mostró algo más crítico: “En general, soy contrario a toda carga adicional. En lugar de seguir cargando al contribuyente, el Estado tiene muchas tareas, como recortar el gasto público”, afirmó.

Hernán Zambón, de la firma láctea Milkaut, completó en declaraciones a la agencia Reuters: “Todo cambio en el sistema tributario tiene implicancias en los planes de inversión de las empresas. Nada alienta a tener planes de inversión porque estamos expuestos a cambios permanentemente. Los inversores externos se inclinan por los países que tienen previsibilidad”.

El proyecto oficial de gravar con el impuesto a las ganancias el interés que generan las colocaciones a plazo fijo de las empresas cosechó ayer opiniones encontradas: apoyo de los bancos, rechazo de los tributaristas y una amplia disparidad de criterios entre los empresarios.

La nueva aplicación de este tributo, que fue suspendido en 1998 durante la gestión de Roque Fernández en el Ministerio de Economía, se instrumentará como complemento de una medida anunciada hace un mes por el Gobierno y que intenta alentar inversiones en el país: la eliminación del impuesto a los intereses de endeudamiento empresarial en formal gradual, que entrará en vigor desde el 1º de enero próximo.

Para los especialistas en política impositiva, la cuestión no es tan simple: la mayoría considera que esta medida no le permitirá al Tesoro lograr un nivel de recaudación significativo.

Los datos del Banco Central muestran que, hasta agosto último, existían 58.700 colocaciones de empresas en plazos fijos que, según fuentes del sistema financiero, se ubicaban en un promedio de $ 50.000.

Lionel Massad, ex director de la Dirección General Impositiva, señaló que esta reimplantación “va a tener un efecto bastante menor y agregará un elemento de manoseo al sistema tributario”.

En sintonía, Alfredo Lamagrande, profesor de la Universidad de San Andres, agregó que el proyecto era “muy burdo” porque “vuelve a cambiar las reglas de juego”; señaló, además, que las ganancias exentas en la actualidad son escasas.

Oscar Libonatti, de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, arriesgó una advertencia: tal vez el Gobierno “esté tanteando el terreno para volver a plantear el tema de gravar los plazos fijos de las personas”.

Libonatti dijo que la idea de igualar el tratamiento impositivo de los plazos fijos con otros activos financieros es adecuada. “Aunque quizá no sea ésta la mejor oportunidad para proponerlo”, objetó.

Entre los banqueros y los empresarios, el panorama está más repartido: los primeros están a favor ;los otros, presentan opiniones variables.

Norberto Peruzzotti, director ejecutivo de la Asociación de Bancos de la Argentina, sentó la postura de su sector: “Estamos de acuerdo con el proyecto ; creemos que es una medida acertada porque se sustituye un impuesto de carácter negativo por otro que va a favorecer las inversiones. Y éste es un factor importante dentro del proceso de reactivación que el país necesita”.

Por su parte, el titular del BankBoston, Manuel Sacerdote, afirmó a la agencia Télam: “Es muy bueno si el dinero de este impuesto se destina a bajar los gravámenes de los intereses”.

Las cosas no son tan evidentes entre los representantes de la economía real. Eduardo Orteu, director general de Disco, fue más cauto: “Es cierto que no es la mejor idea para lograr recursos. Sin embargo, si conseguimos así reducir el endeudamiento empresarial… El ideal sería bajar el endeudamiento sin gravar los plazos fijos. Pero, en estas circunstancias, son más las posibilidades que se generarán con este esquema. Digamos que es el mal menor”.

Jorge Di Fiori, titular de la Cámara Argentina de Comercio, se mostró algo más crítico: “En general, soy contrario a toda carga adicional. En lugar de seguir cargando al contribuyente, el Estado tiene muchas tareas, como recortar el gasto público”, afirmó.

Hernán Zambón, de la firma láctea Milkaut, completó en declaraciones a la agencia Reuters: “Todo cambio en el sistema tributario tiene implicancias en los planes de inversión de las empresas. Nada alienta a tener planes de inversión porque estamos expuestos a cambios permanentemente. Los inversores externos se inclinan por los países que tienen previsibilidad”.

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