Polémica por “compre nacional”
Industriales piden que el beneficio para las empresas nacionales sea más explícito. La UIA solicita un sobreprecio de hasta 7%. Las empresas privatizadas se oponen.
El gobierno anunciará el 5 del mes próximo, un decreto que “resucitará” la ley de compre nacional de 1963, que cayó en desuso a principios de los 90, con la reforma del Estado y la emergencia económica. Fuentes del Ministerio de Economía y de la Unión Industrial Argentina (UIA) señalaron que el decreto establecerá que, a igualdad de precios, la administración pública nacional debería elegir a los proveedores argentinos; está en duda la inclusión ,en esta medida, de las empresas de servicios públicos privatizados.
El titular de la UIA–Osvaldo Rial– consideró que el decreto “no cubriría” las necesidades de la producción local y recordó que, como diputado por el PJ, impulsa una ley que establece que las empresas nacionales sean elegidas aún cuando presenten ofertas hasta 7% más caras que las firmas extranjeras. El proyecto, que tiene la firma de legisladores de varios partidos, obliga a las privatizadas a adoptar el mismo régimen.
En cambio, el decreto presidencial establecería un mecanismo de “doble sobre”, con una primera preselección sobre la base de cuestiones de calidad del producto y una segunda, según su costo. La autoridad de aplicación de esta nueva versión de la ley sería la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y, si se incluyen las empresas privatizadas, actuarían los entes reguladores respectivos.
Fuentes de las firmas de servicios públicos expresaron su preocupación por una eventual obligación de comprar con sobreprecios, una posibilidad que –en el Ministerio de Economía– quedó descartada por completo.
Esta no será la única medida que se anunciará el Día de la Industria; las otras serán:
1-Acortamiento de los plazos para la investigación de casos de dumping.
2-Etiquetado traducido para productos importados.
3-Factura conformada.
4-Tercer vencimiento para que las pymes paguen sus facturas de servicios públicos.
En el caso de la Ley Pyme , se establece una ventaja para las empresas del sector en las contrataciones del Estado. En este caso, las pymes que realicen una oferta con un sobreprecio de hasta 5% pueden reformular su presentación en una segunda oportunidad. En la Cámara alta, los senadores agregaron a la ley la obligación ,por parte del Estado, de efectuar 10% de sus compras a pequeñas y medianas empresas; esta cláusula sería vetada por el Poder Ejecutivo.
En su primera aparición pública tras los cambios registrados en su cartera, el ministro de Economía, José Luis Machinea, explicó ayer que el objetivo de las medidas que se anunciarán la semana próxima es mejorar la competitividad, defender la producción y el empleo nacional.
El gobierno anunciará el 5 del mes próximo, un decreto que “resucitará” la ley de compre nacional de 1963, que cayó en desuso a principios de los 90, con la reforma del Estado y la emergencia económica. Fuentes del Ministerio de Economía y de la Unión Industrial Argentina (UIA) señalaron que el decreto establecerá que, a igualdad de precios, la administración pública nacional debería elegir a los proveedores argentinos; está en duda la inclusión ,en esta medida, de las empresas de servicios públicos privatizados.
El titular de la UIA–Osvaldo Rial– consideró que el decreto “no cubriría” las necesidades de la producción local y recordó que, como diputado por el PJ, impulsa una ley que establece que las empresas nacionales sean elegidas aún cuando presenten ofertas hasta 7% más caras que las firmas extranjeras. El proyecto, que tiene la firma de legisladores de varios partidos, obliga a las privatizadas a adoptar el mismo régimen.
En cambio, el decreto presidencial establecería un mecanismo de “doble sobre”, con una primera preselección sobre la base de cuestiones de calidad del producto y una segunda, según su costo. La autoridad de aplicación de esta nueva versión de la ley sería la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y, si se incluyen las empresas privatizadas, actuarían los entes reguladores respectivos.
Fuentes de las firmas de servicios públicos expresaron su preocupación por una eventual obligación de comprar con sobreprecios, una posibilidad que –en el Ministerio de Economía– quedó descartada por completo.
Esta no será la única medida que se anunciará el Día de la Industria; las otras serán:
1-Acortamiento de los plazos para la investigación de casos de dumping.
2-Etiquetado traducido para productos importados.
3-Factura conformada.
4-Tercer vencimiento para que las pymes paguen sus facturas de servicios públicos.
En el caso de la Ley Pyme , se establece una ventaja para las empresas del sector en las contrataciones del Estado. En este caso, las pymes que realicen una oferta con un sobreprecio de hasta 5% pueden reformular su presentación en una segunda oportunidad. En la Cámara alta, los senadores agregaron a la ley la obligación ,por parte del Estado, de efectuar 10% de sus compras a pequeñas y medianas empresas; esta cláusula sería vetada por el Poder Ejecutivo.
En su primera aparición pública tras los cambios registrados en su cartera, el ministro de Economía, José Luis Machinea, explicó ayer que el objetivo de las medidas que se anunciarán la semana próxima es mejorar la competitividad, defender la producción y el empleo nacional.
