Pinochet: España aceptaría un arbitraje

El gobierno de Aznar estaría de acuerdo con un pedido de Chile, que apunta a anular la solicitud de extradición del dictador, pedida por el juez Garzón. El primer ministro español busca el apoyo de la oposición socialista.

2 agosto, 1999

El gobierno español de José María Aznar “está a punto de aceptar”, previa consulta con el Consejo de Estado, un “arbitraje amistoso con el gobierno de Chile para dirimir fuera del ámbito judicial la solicitud de extradición” del general dictador Augusto Pinochet, informó ayer el diario El País, de Madrid. “La decisión no está tomada todavía. No es una posibilidad que se excluye, pero no está tomada”, señaló el vocero de la cancillería española, Joaquín Pérez Villanueva. Según el medio de prensa madrileño, el ministro de Relaciones Exteriores de España, Abel Matutes, mantuvo una entrevista reservada con el líder del opositor Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Joaquín Almunia, el viernes pasado. Durante el encuentro, el funcionario solicitó que la oposición mantenga al menos una actitud de “no beligerancia” ante la solución del arbitraje, que debería ser aprobada por el Consejo de Estado.

El gobierno español de José María Aznar “está a punto de aceptar”, previa consulta con el Consejo de Estado, un “arbitraje amistoso con el gobierno de Chile para dirimir fuera del ámbito judicial la solicitud de extradición” del general dictador Augusto Pinochet, informó ayer el diario El País, de Madrid. “La decisión no está tomada todavía. No es una posibilidad que se excluye, pero no está tomada”, señaló el vocero de la cancillería española, Joaquín Pérez Villanueva. Según el medio de prensa madrileño, el ministro de Relaciones Exteriores de España, Abel Matutes, mantuvo una entrevista reservada con el líder del opositor Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Joaquín Almunia, el viernes pasado. Durante el encuentro, el funcionario solicitó que la oposición mantenga al menos una actitud de “no beligerancia” ante la solución del arbitraje, que debería ser aprobada por el Consejo de Estado.

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