Piden declarar inconstitucional el acuerdo con el FMI
La Corte Suprema de Justicia recibió un planteo para que se declare "inconstitucional" el acuerdo firmado entre el Gobierno y el Fondo Monetario, y prohíba la designación de un asesor para renegociar la deuda con los acreedores privados.
La acción fue presentada por el titular de una empresa
metalúrgica, Horacio Campos, quien denunció al Poder Ejecutivo
por presuntas “acciones y omisiones que amenazan ilegalmente
al sistema representativo y republicano de gobierno”.
En la presentación se indicó, además, que el acuerdo
“compromete la autonomía político-financiera del carácter público
de la banca publica argentina mas importante”, tales como los
bancos Nación, Provincia y Ciudad.
El Gobierno tiene previsto por estas horas designar una
asesoría para restructurar ese pasivo, básicamente con tenedores
privados de títulos de la deuda, que está en default desde el
anuncio del fugaz ex presidente Adolfo Rodríguez Saá.
El escrito presentado por el titular de una empresa
metalúrgica recuperada por los empleados mediante una acción
de amparo, solicita a la Corte que ordene a los bancos Nación,
Provincia de Buenos Aires y Ciudad que “se abstengan de realizar
acto alguno que implique privatizar la banca pública hasta que
se resuelva la cuestión de fondo”.
El empresario, representado por el abogado Diego Kravetz,
radicó su petición ante la Corte en razón de que se trata de un
convenio celebrado entre el Estado argentino y un organismo
multilateral, que además implica -a su entender- “el
quebrantamiento de la autonomía de la provincia de Buenos Aires y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Para el denunciante, la negociación con el Fondo “ha
trascendido todo marco legal para transformarse en un pacto
violatorio de la normativa constitucional nacional y
constituciones locales, puesto que el FMI negocia en forma
extorsiva y el Poder Ejecutivo cumple violando la soberanía
nacional y el mandato popular”.
A su entender, este acuerdo con el Fondo contempla “la
privatización de los bancos estatales”, lo que que significa “la
amputación de la política monetaria de la Argentina”.
“Esta privatización producirá una asimetría final dentro del
Mercosur, que lo llevará a su disolución”, advirtió el
demandante.
Acerca de la supuesta violación del sistema representativo y
republicano de gobierno, el empresario señaló que el “memorandum
que derivara en el acuerdo con el FMI compromete la no sanción de
leyes”.
La acción fue presentada por el titular de una empresa
metalúrgica, Horacio Campos, quien denunció al Poder Ejecutivo
por presuntas “acciones y omisiones que amenazan ilegalmente
al sistema representativo y republicano de gobierno”.
En la presentación se indicó, además, que el acuerdo
“compromete la autonomía político-financiera del carácter público
de la banca publica argentina mas importante”, tales como los
bancos Nación, Provincia y Ciudad.
El Gobierno tiene previsto por estas horas designar una
asesoría para restructurar ese pasivo, básicamente con tenedores
privados de títulos de la deuda, que está en default desde el
anuncio del fugaz ex presidente Adolfo Rodríguez Saá.
El escrito presentado por el titular de una empresa
metalúrgica recuperada por los empleados mediante una acción
de amparo, solicita a la Corte que ordene a los bancos Nación,
Provincia de Buenos Aires y Ciudad que “se abstengan de realizar
acto alguno que implique privatizar la banca pública hasta que
se resuelva la cuestión de fondo”.
El empresario, representado por el abogado Diego Kravetz,
radicó su petición ante la Corte en razón de que se trata de un
convenio celebrado entre el Estado argentino y un organismo
multilateral, que además implica -a su entender- “el
quebrantamiento de la autonomía de la provincia de Buenos Aires y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Para el denunciante, la negociación con el Fondo “ha
trascendido todo marco legal para transformarse en un pacto
violatorio de la normativa constitucional nacional y
constituciones locales, puesto que el FMI negocia en forma
extorsiva y el Poder Ejecutivo cumple violando la soberanía
nacional y el mandato popular”.
A su entender, este acuerdo con el Fondo contempla “la
privatización de los bancos estatales”, lo que que significa “la
amputación de la política monetaria de la Argentina”.
“Esta privatización producirá una asimetría final dentro del
Mercosur, que lo llevará a su disolución”, advirtió el
demandante.
Acerca de la supuesta violación del sistema representativo y
republicano de gobierno, el empresario señaló que el “memorandum
que derivara en el acuerdo con el FMI compromete la no sanción de
leyes”.
