Papel del FMI y el BIRF en el fracaso de proyectos

El Fondo Monetario y Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento ofrecen “una secuela de hechos descripta muchas veces por altos funcionarios, economistas, técnicos, inversores y dirigentes políticos”, coincidían varios panelistas convocados por la escuela de negocios. “No puede ser casual”, sostenían el polaco Witoŀd Henisz, moderador del debate, más sus colegas Bennet Zelner (Berkeley), Guy Holburn (Ontario) y Mauro Guillén (Wharton).

El grupo pasó un peine fino sobre tres décadas de proyectos centrados en modernización o descentralización sectorial en docenas de países en desarrollo o periféricos. Objeto: poner en evidencia nexos entre esfuerzos frustrados o fracasados y el papel de dos entidades hasta no hace mucho intocables: el FMI y el Banco Mundial.

En dos papeles de trabajo separados, probaron vínculos entre una especie de “corporativismo” inserto en ambas organizaciones y su tendencia a imponer recetas contraproducentes. Exactamente lo que señalaban Joseph Stiglitz –neokeinesiano- en 2003 y el neoconservador Paul Wolfowitz, nuevo presidente del BIRF, en 2004. Un lejano antecesor de éste, Robert McNamara, creía lo mismo: pero su misión era usar el Fondo y el BIRF como instrumentos en la guerra fría.

Según Henisz y su grupo, las dos entidades suelen tener mucha influencia en cuanto a imponer reformas pro mercado y supervisar proyectos de infraestructura (dos cosas a menudo opuestas) en economías dependientes. Lo extraño es que la intervención de ambos organismos genere disputas entre inversores y gobiernos, trabajosas renegociaciones de contratos –tenidos de venalidad sistémica, como el caso Yacyretá- y hasta fracasos de esfuerzos privatizadores. Esto consta en “Worldwide diffusion of market-oriented infrastructural reform, 1977-99” y “De-institutionalization and institution replacements”, publicados por Wharton.

Las investigaciones confirman críticas de larga data. En esencia, indican que el BIRF y el FMI han ido apartándose de sus misiones específicas (estipuladas en los acuerdos de Bretton Woods, 1944), han desarrollado políticas contraproducentes y no han hecho lo bastante para ayudar a países en severos problemas. En el caso del Fondo, se ha gestado una simbiosis entre sus elencos superiores y la gran banca privada, por influencia de Chicago, Londres y el monetarismo neoclásico.

Ese proceso “debiera ser una lección para inversores internacionales. Cada vez –afirma Holburn- que se topen con cualquiera de esas instituciones promoviendo reformas en un país, deben tener presentes los riesgos asociados. La presencia del Fondo o el Banco Mundial no presupone un sello de garantía, sino una señal de alarma”. El caso argentino de 1990 a 2001 podría ser un ejemplo casi perfecto. Otro fue la privatización de bancos mejicanos en los años 80.

En una escala más “micro”, Henisz, Zelner y Guillén analizaron reformas que afectaban telecomunicaciones y energía eléctrica en setenta países, entre 1977 y 1999. Para empezar, apenas 2% de los estads que intentaron privatizar la electricidad coronaron con éxito el proceso. “Si bien, en teoría, la derregulación y la liberalización mejoran el desempeño económico de empresas antes estatales, las transiciones resultan muy difíciles. Por otro lado, las presiones ejercidas por entidades como el BIRF o el FMI pueden generar medidas contradictorias”. En un contexto diferente, la derregulación eléctrica está fracasando en Estados Unidos.

A criterio de los expertos y tomando en cuenta factores sociopolíticos, la intervención externa fomenta reformas pro mercado. Al mismo tiempo, suele favorecer la simple privatización total o parcial de monopolios o duopolios, con todos sus defectos en materia de eficiencia y tarifas. Al respecto, Henisz cita el ejemplo polaco: “Primero desmonopolizamos y derregulamos, recién después privatizamos”. Pero el Banco Mundial y el Fondo ven las a reformas sólo como cuestiones de negocios. “Así lo ponen de evidencia tipos y condiciones de créditos, financiamientos y ayudas que ofrecen”.

El Fondo Monetario y Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento ofrecen “una secuela de hechos descripta muchas veces por altos funcionarios, economistas, técnicos, inversores y dirigentes políticos”, coincidían varios panelistas convocados por la escuela de negocios. “No puede ser casual”, sostenían el polaco Witoŀd Henisz, moderador del debate, más sus colegas Bennet Zelner (Berkeley), Guy Holburn (Ontario) y Mauro Guillén (Wharton).

El grupo pasó un peine fino sobre tres décadas de proyectos centrados en modernización o descentralización sectorial en docenas de países en desarrollo o periféricos. Objeto: poner en evidencia nexos entre esfuerzos frustrados o fracasados y el papel de dos entidades hasta no hace mucho intocables: el FMI y el Banco Mundial.

En dos papeles de trabajo separados, probaron vínculos entre una especie de “corporativismo” inserto en ambas organizaciones y su tendencia a imponer recetas contraproducentes. Exactamente lo que señalaban Joseph Stiglitz –neokeinesiano- en 2003 y el neoconservador Paul Wolfowitz, nuevo presidente del BIRF, en 2004. Un lejano antecesor de éste, Robert McNamara, creía lo mismo: pero su misión era usar el Fondo y el BIRF como instrumentos en la guerra fría.

Según Henisz y su grupo, las dos entidades suelen tener mucha influencia en cuanto a imponer reformas pro mercado y supervisar proyectos de infraestructura (dos cosas a menudo opuestas) en economías dependientes. Lo extraño es que la intervención de ambos organismos genere disputas entre inversores y gobiernos, trabajosas renegociaciones de contratos –tenidos de venalidad sistémica, como el caso Yacyretá- y hasta fracasos de esfuerzos privatizadores. Esto consta en “Worldwide diffusion of market-oriented infrastructural reform, 1977-99” y “De-institutionalization and institution replacements”, publicados por Wharton.

Las investigaciones confirman críticas de larga data. En esencia, indican que el BIRF y el FMI han ido apartándose de sus misiones específicas (estipuladas en los acuerdos de Bretton Woods, 1944), han desarrollado políticas contraproducentes y no han hecho lo bastante para ayudar a países en severos problemas. En el caso del Fondo, se ha gestado una simbiosis entre sus elencos superiores y la gran banca privada, por influencia de Chicago, Londres y el monetarismo neoclásico.

Ese proceso “debiera ser una lección para inversores internacionales. Cada vez –afirma Holburn- que se topen con cualquiera de esas instituciones promoviendo reformas en un país, deben tener presentes los riesgos asociados. La presencia del Fondo o el Banco Mundial no presupone un sello de garantía, sino una señal de alarma”. El caso argentino de 1990 a 2001 podría ser un ejemplo casi perfecto. Otro fue la privatización de bancos mejicanos en los años 80.

En una escala más “micro”, Henisz, Zelner y Guillén analizaron reformas que afectaban telecomunicaciones y energía eléctrica en setenta países, entre 1977 y 1999. Para empezar, apenas 2% de los estads que intentaron privatizar la electricidad coronaron con éxito el proceso. “Si bien, en teoría, la derregulación y la liberalización mejoran el desempeño económico de empresas antes estatales, las transiciones resultan muy difíciles. Por otro lado, las presiones ejercidas por entidades como el BIRF o el FMI pueden generar medidas contradictorias”. En un contexto diferente, la derregulación eléctrica está fracasando en Estados Unidos.

A criterio de los expertos y tomando en cuenta factores sociopolíticos, la intervención externa fomenta reformas pro mercado. Al mismo tiempo, suele favorecer la simple privatización total o parcial de monopolios o duopolios, con todos sus defectos en materia de eficiencia y tarifas. Al respecto, Henisz cita el ejemplo polaco: “Primero desmonopolizamos y derregulamos, recién después privatizamos”. Pero el Banco Mundial y el Fondo ven las a reformas sólo como cuestiones de negocios. “Así lo ponen de evidencia tipos y condiciones de créditos, financiamientos y ayudas que ofrecen”.