Oportunidad institucional de discutir un modelo económico que inserte las retenciones móviles

Si el kirchernismo sale fortalecido, si germinan las bases de una oposición política articuladas como tal, si Alfredo de Angeli se consolida como un dirigente social de futuro y cualquier otra interpretación que se haga de estos rounds legislativos, más el previsible judicial que vendría luego, las retenciones móviles pasaron a formar parte de la realidad nacional de la próxima década. En un trabajo desplegado en 42 páginas, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) descarta que la opción sea hoy retenciones sí o no, sino cómo consensuar el diseño, a través de canales institucionales, de un conjunto de políticas que, sin perjudicar en el mediano plazo a la producción y la inversión en el sector agropecuario, protejan a los segmentos más vulnerables de la población. "Es decir, un proyecto de desarrollo de largo plazo que permita llevar los alimentos a la mesa de los argentinos y aprovechar la oportunidad histórica que el mundo nos brinda", afirma a modo de conclusión. El estudio, fechado en junio de este año, aborda los tres aspectos del debate sobre los derechos de exportación en la Argentina, que lejos estará de agotarse en estos días, aunque los productores decidieran volver a salir a las rutas en repudio a la sanción en ley de la resolución 125, con todos los parches que se le introdujeron. Son ellos: *La oportunidad que brinda a la producción agropecuaria un escenario internacional de precios elevados y sostenidos; *La necesidad de mantener los precios domésticos en niveles moderados; *Los crecientes requerimientos del fisco nacional. La conclusión a la que llega CIPPEC, que no es precisamente una ONG vinculada al gobierno, es que en el corto plazo se justifica el mantenimiento de las retenciones por su impacto relativo atenuador de la inflación y su consecuente efecto de alivio sobre la pobreza y la indigencia a través del subsidio implícito al consumo de alimentos. En todo caso, aparta uno de los vértices del triángulo de debate: la magnitud de la actual dependencia fiscal de los ingresos que genera.Aclara el trabajo de investigación dirigido por Lucio Castro y Luciana Díaz Freís que, sin embargo, y de manera central, "las retenciones, como la política cambiaria o fiscal, no constituyen por sí solas un modelo de desarrollo integral que pueda dar respuesta a estos múltiples objetivos. Deben ser articuladas -advierte- dentro de un esquema integral de políticas".

No es la Argentina el único país que aplica medidas de restricción a las exportaciones, aunque suele apelarse a ellas ante situaciones de bruscos cambios en los precios relativos, como devaluaciones o fuertes incrementos de las cotizaciones internacionales, y circunscriptos a un reducido número de productos. Se menciona en el trabajo que "en el contexto de la presente crisis alimentaria global, menos de un tercio de los países en desarrollo, como la Argentina, han recurrido a prohibiciones, retenciones, o cuotas de exportación, mientras que los controles de precios internos y los subsidios al consumo de productos alimenticios han sido las políticas utilizadas más ampliamente".La experiencia nacional indica que, así como aparecieron en emergencias originadas en devaluaciones (desde 1918, cuando representaban 16,5 % de la recaudación federal), se iban desmantelando con las presiones inflacionarias y la apreciación del tipo de cambio real, como sucediera en la convertibilidad. El reemplazo natural que tuvieron históricamente fueron los tipos de cambio múltiples, aunque con ciclos intermedios de apreciación cambiaria que prescindía de estas compensaciones.Políticas integralesEn el actual contexto, la recomendación de CIPPEC consiste en "reflexionar sobre la importancia de la política fiscal, monetaria y cambiaria para el logro de los objetivos antiinflacionarios y distributivos utilizados para justificar la implementación de las retenciones".Justo lo contrario de lo que se vino haciendo, ya que las numerosas medidas de prohibición, restricción cuantitativa y cada vez mayor regulación estatal de exportaciones de productos claves para consumo popular, como los lácteos, carnes y trigo que siguieron a la salida de la convertibilidad no sólo crearon renta para los productores de mayor tamaño, sino que eventualmente son contraproducentes: en el caso de la ganadería, los problemas de oferta vinculados con la baja rentabilidad relativa del sector y el cierre de mercados externos, que se encuentran detrás de las subas de precios, fueron enfrentados con medidas que penalizan a la producción. Consecuencia: cayó la producción y los niveles de precios superaron a los que existían previo a la intervención pública.CIPPEC prefiere políticas más profundas que ayuden a mejorar la productividad y por ende la renta relativa de las producciones agropecuarias con fuerte incidencia en la canasta alimenticia popular, antes que medidas compensatorias a la producción con fuerte costo fiscal.Concluye que el análisis del proceso de formación de las políticas públicas en el país que desarrolla en la investigación sugiere que el conflicto con el campo es una expresión de las falencias del sistema político argentino. En particular, de las dificultades para procesar a través del Congreso Nacional medidas trascendentes de política económica.

En tal sentido, señala que "un procesamiento con mayor institucionalidad de las retenciones desde los inicios de la medida habría probablemente producido un esquema de alícuotas más estable y consensuado y en base a una mayor consideración de las diferencias entre productores y regiones productivas, junto con políticas complementarias para los sectores de menor rentabilidad relativa. Para el fisco nacional, un procesamiento político de estas características quizá habría resultado en una captación menos conflictiva de los beneficios suscitados por la bonanza de los precios externos y con un menor impacto sobre los productores agropecuarios de menor escala".
La articulación del largo plazo implicaría reducir gradualmente el peso de las retenciones en la recaudación total para lo cual en forma simultánea tendría que mejorar la eficiencia en la recaudación de impuestos menos distorsivos, como ganancias, bienes personales e inmobiliarios provinciales.
Las soluciones para que las provincias obtengan más recursos podrían venir de tres ángulos: 
1) Rever el sistema de coparticipación y devolverles parte de lo que se les detrajo para financiar el sistema de seguridad social, hoy superavitario; 
2) Constituir un fondo de redistribución social, que se repartiría de acuerdo con criterios observables, como población, mortalidad infantil o deserción escolar; 
3) Mejorar la administración tributaria y aumentar la recaudación de varios impuestos con amplio margen para hacerlo, como propiedad y ganancias.