La actualización responde al mecanismo de revisión mensual acordado con las distribuidoras, que contempla la evolución de los índices de precios mayoristas (IPIM) y al consumidor (IPC) del INDEC. Ambos indicadores reflejaron una variación cercana al 2,8% en abril, justificando así el ajuste aplicado en la estructura tarifaria.
La medida alcanza a los usuarios residenciales segmentados en tres niveles según el esquema de subsidios vigente. Los usuarios de Nivel 1, que no reciben subsidios, absorberán la totalidad del incremento. En tanto, los usuarios de Nivel 2 (ingresos bajos) y Nivel 3 (ingresos medios) mantendrán bonificaciones del 65% y 50%, respectivamente, aunque con topes de consumo: 350 kWh mensuales para el Nivel 2 y 250 kWh para el Nivel 3. Todo consumo excedente se facturará a tarifa plena.
El nuevo cuadro tarifario forma parte del proceso de recomposición del precio de la energía y de reducción de subsidios que impulsa el Gobierno bajo la emergencia energética nacional prorrogada hasta julio de 2026. Según fuentes oficiales, el objetivo es avanzar hacia una estructura tarifaria “más realista y sostenible”, con subsidios focalizados en los sectores de menores ingresos.
Además del ajuste en la electricidad, el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) oficializó un nuevo recargo del 6,20% sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST). Este recargo, aplicable a todos los usuarios residenciales, busca reforzar el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas y será variable según la subzona tarifaria.
Desde el Ministerio de Economía señalaron que este nuevo esquema apunta a transparentar los costos del sistema y reducir el peso de los subsidios en las cuentas públicas, una de las principales metas en la estrategia fiscal del Ejecutivo.
En términos macroeconómicos, se espera que el incremento tenga impacto sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), especialmente en los meses invernales, cuando el consumo de energía suele aumentar significativamente. Analistas privados advierten que la inflación de junio podría incorporar parte del traslado a precios derivado de estas actualizaciones.
El desafío será mantener el delicado equilibrio entre la consolidación fiscal y la protección del poder adquisitivo en un contexto de desaceleración económica. En este marco, el Gobierno sostiene que la segmentación tarifaria y la actualización gradual son claves para avanzar hacia un sistema energético más eficiente y menos dependiente del gasto público.
