O. sociales: los sindicatos apelan a la Justicia
Presentación judicial de los gremios contra la desregulación de la salud. Se produjo 6 días antes de la apertura dispuesta por el Gobierno. Plantean la inconstitucionalidad de los decretos 446 y 1.140, de necesidad y urgencia.
Las obras sociales sindicales se presentaron a la Justicia para frenar la desregulación de la salud dispuesta por el Poder Ejecutivo y que se iniciaría a partir del 1º de enero próximo.
Se trata de una acción cautelar autónoma ante el Juzgado Nº 3 de Seguridad Social, que tiene por fin la suspensión de la aplicación de los decretos 446 y 1140, que disponen la apertura de la prestación de los servicios de salud del sector sindical al privado.
Por medio de estos decretos, el Ejecutivo abrió la posibilidad de que un trabajador elija si prefiere que la atención de su salud sea por medio de una obra social o de una prepaga.
La medida fue presentada en forma conjunta por apoderados de obras sociales de las centrales sindicales de Rodolfo Daer y de Hugo Moyano.
Esta primera presentación, que reúne a unas veinte obras sociales, lleva la firma de la obra social de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), la de los camioneros, la de Sanidad, de Luz y Fuerza, de Comercio y la de Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), entre las más importantes.
El decreto 446 fue el primero en plantear la desregulación del sector, mientras que el número 1140 fue el que se conoció hace un mes y por medio del cual el Poder Ejecutivo ratificó que la apertura del sector tenía como fecha de largada el 1º de enero de 2001.
Según esta última medida, el plazo máximo para reglamentar la medida venció el 22 del actual; si bien el texto de dicha reglamentación ya está determinado, aún aguardaba ayer la firma del presidente Fernando de la Rúa.
El mercado social de la salud atiende a unos 12 millones de personas, distribuidas en unas 200 obras sociales que manejan alrededor de $ 4.757 millones por año, ya sea por aportes y por bonos y venta de servicios.
Las obras sociales sindicales se presentaron a la Justicia para frenar la desregulación de la salud dispuesta por el Poder Ejecutivo y que se iniciaría a partir del 1º de enero próximo.
Se trata de una acción cautelar autónoma ante el Juzgado Nº 3 de Seguridad Social, que tiene por fin la suspensión de la aplicación de los decretos 446 y 1140, que disponen la apertura de la prestación de los servicios de salud del sector sindical al privado.
Por medio de estos decretos, el Ejecutivo abrió la posibilidad de que un trabajador elija si prefiere que la atención de su salud sea por medio de una obra social o de una prepaga.
La medida fue presentada en forma conjunta por apoderados de obras sociales de las centrales sindicales de Rodolfo Daer y de Hugo Moyano.
Esta primera presentación, que reúne a unas veinte obras sociales, lleva la firma de la obra social de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), la de los camioneros, la de Sanidad, de Luz y Fuerza, de Comercio y la de Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), entre las más importantes.
El decreto 446 fue el primero en plantear la desregulación del sector, mientras que el número 1140 fue el que se conoció hace un mes y por medio del cual el Poder Ejecutivo ratificó que la apertura del sector tenía como fecha de largada el 1º de enero de 2001.
Según esta última medida, el plazo máximo para reglamentar la medida venció el 22 del actual; si bien el texto de dicha reglamentación ya está determinado, aún aguardaba ayer la firma del presidente Fernando de la Rúa.
El mercado social de la salud atiende a unos 12 millones de personas, distribuidas en unas 200 obras sociales que manejan alrededor de $ 4.757 millones por año, ya sea por aportes y por bonos y venta de servicios.
