Noviembre 15, hora cero de una nueva etapa política

El terremoto electoral del 12 de septiembre desencadenó un proceso de reformulación del sistema de poder instaurado el 10 de diciembre de 2019, cuyas primeras expresiones fueron los cambios operados en la coalición gubernamental.

 

Por Pascual Albanese (*)

Especialmente a partir de la asunción del gobernador de Tucumán, Juan Manzur, en la Jefatura de Gabinete y del intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, en similares funciones en la provincia de Buenos Aires, pero que se irá acentuando en las próximas semanas, en particular a partir del lunes 15 de noviembre, erigido en la “hora cero” de una nueva etapa política en la historia argentina.

Este proceso en marcha surgió de un conflicto originado en esa derrota. Porque la disputa pública suscitada la semana posterior a las elecciones primarias entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner giró acerca de la adjudicación de la responsabilidad política de los resultados electorales.

Esa discusión se resumía en dos cuestiones centrales: quién tuvo la culpa y qué hacer para afrontar la debacle.

Para atenuar su grado de responsabilidad, Fernández quiso imponer la interpretación de que se trataba de una culpa compartida por el conjunto del Frente de Todos e intentó vanamente esperar hasta el 14 de noviembre antes de producir los cambios que la realidad tornaba inevitables. En cambio, la vicepresidenta la señaló la responsabilidad inequívoca e intransferible del gobierno nacional en lo que calificó, acertadamente, como una “derrota sin precedentes”.

El análisis estadístico de los resultados verifica la apreciación de Cristina Kirchner. Con excepción de las elecciones legislativas de septiembre de 2001, que precedieron a la hecatombe que provocó la caída del gobierno de Fernando De la Rúa, desde la sanción de la ley Saenz Peña en 1912 ningún oficialismo obtuvo a nivel nacional menor porcentaje de sufragios que los cosechados en esta ocasión por el Frente de Todos. Tampoco el Partido Justicialista, hoy presidido por Fernández, ya sea en el gobierno o en la oposición, tuvo en toda su historia un porcentaje tan bajo de votos.

El impacto producido por semejante constatación golpeó duramente al conjunto del peronismo, la totalidad del sistema político y los factores de poder.

Una cabal demostración de esa repercusión quedó patentizada en el artículo publicado en La Nación por el arzobispo de La Plata, monseñor Víctor Fernández (uno de los colaboradores históricos del Papa Francisco), donde vertió severas críticas a la gestión gubernamental.

La dimensión alcanzada por la crisis obligó a la coalición gobernante a improvisar una respuesta no prevista con anterioridad por ninguno de sus actores. En esas circunstancias, el desarrollo de los acontecimientos no puede interpretarse en función de las intenciones de los protagonistas sino a través de los resultados concretos de sus acciones.

Es más que obvio que el desenlace del conflicto profundizó la caída de la imagen presidencial. En apenas 48 horas, Fernández terminó haciendo exactamente lo opuesto de lo que originariamente había afirmado que quería hacer.

El cambio de gabinete, impuesto por la realidad, quedó acreditado entonces en principio como una victoria de la vicepresidenta. Sin embargo, sería erróneo suponer que ella ha salido fortalecida del episodio. Muy por el contrario, los hechos indican que en esa reformulación del sistema de poder su ciclo histórico empieza a transitar una fase descendente, previa al ocaso.

El viaje de Fernández a La Rioja para reunirse con los gobernadores peronistas fue el símbolo de ese deslizamiento del poder. Porque la crisis en el vértice del poder catapultó el protagonismo de los liderazgos territoriales, o sea de los gobernadores y los intendentes.

La emergencia exigió el involucramiento de los gobernadores, en primer lugar de los peronistas. Entre ellos, sobresalían dos figuras que habían capeado el temporal adverso en sus respectivos distritos: Manzur y su colega de San Juan, Sergio Uñac. Ambos recibieron sendas ofertas para incorporarse al gobierno nacional. Uno aceptó y el otro optó por diferir una respuesta hasta el 15 de noviembre.

Por fuera de esos posicionamientos, emerge el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, titular del único Partido Justicialista del país que nunca formó parte del Frente de Todos, que en su distrito acumuló una amplia diferencia sobre la lista promovida desde el gobierno nacional y que ahora amaga salir de su tradicional refugio en el ”cordobesismo” para proyectarse como una alternativa política nacional plantada territorialmente desde la Región Centro (Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos), epicentro del polo agroalimentario.

Una traslación de poder semejante a la ocurrida en el gobierno nacional se registró también en la provincia de Buenos Aires, más allá de la voluntad del gobernador Axel Kiciloff, quien fracasó en su objetivo de obtener mayoría en el Senado, por lo que está condenado a negociar con la oposición hasta la finalización de su mandato.

El ascenso de Insaurralde a la Jefatura de Gabinete y de su colega de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, al Ministerio de Gobierno, preanuncian una recomposición interna en el peronismo bonaerense.

Si para Cristina Kirchner el mayor responsable de la derrota es el presidente, para los intendentes peronistas del conurbano esa responsabilidad en el orden local recae en Kiciloff y en La Cámpora, o sea en Máximo Kirchner, quien en teoría asumiría la presidencia del Partido Justicialista bonaerense como resultado de una elección todavía impugnada judicialmente por el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Grey. Las críticas del intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, son un síntoma de ese descontento que recién empieza a aflorar.

Manzur, un peronista clásico por formación que no es un gobernador más entre otros. Más allá de su lugar de nacimiento, su carrera política comenzó en La Matanza como Secretario de Salud Pública del intendente Alberto Balestrini. Esa experiencia lo conectó con la cultura política del conurbano y con el sistema de poder del peronismo bonaerense, un rasgo que lo distingue del resto de los mandatarios provinciales.

El Jefe de Gabinete comandó asimismo el área de Salud Pública en San Luis con el gobernador Adolfo Rodríguez Saa, un detalle biográfico que otorga cierta relevancia a las afirmaciones del actual gobernador puntano, Alberto Rodríguez Saa, cuando salió a la palestra para proclamar que su provincia no es “ni kirchnerista ni fernandista”.

Durante su gestión como Ministro de Salud Pública en el gobierno de Cristina Kirchner, donde reemplazó a Ginés González García, forjó lazos con el sindicalismo peronista, en particular con Héctor Daer, actual secretario general de la CGT y dirigente del gremio de la Sanidad. Semejante trayectoria lo ubica como un personaje especial en las tramas del poder del peronismo político y sindical.

Precisamente en un acto realizado en la sede del gremio de la construcción, delante de los ministros de Economía, Martín Guzmán, y de Interior, y Wado de Pedro, Manzur lanzó dos definiciones políticas que convendría tener en cuenta. Primero señaló que “el peronismo tiene la responsabilidad de poner a la Argentina de pie. Estamos afrontando este desafío junto con el movimiento obrero y a la histórica CGT, columna vertebral del Movimiento Nacional Justicialista”. Para que esa frase no quedara como un simple lugar común sino como la reafirmación de una identidad en crisis, agregó que “tenemos que volver al principio, tenemos que volver a nuestros orígenes, tenemos que volver a lo que somos nosotros”.

Pero Manzur tiene otra dimensión, menos conocida en el mundillo peronista pero igualmente significativa. Es una de las personalidades más relevantes de la comunidad maronita, que por su enfrentamiento con Hezbollah, derivado de las circunstancias políticas internas de El Líbano, es una firme aliada de Israel en el conflicto de Medio Oriente. Esa singularidad le abrió un sistema de relaciones en Tel Aviv y con la comunidad judía de Nueva York y también de la Argentina.

Ese componente maronita de la personalidad explica su firme rechazo a la legalización del aborto, que lo llevó a propiciar la declaración de Tucumán como “Provincia Pro Vida”, en una posición que cimentó sus vínculos con la Iglesia Católica, y su postura favorable a un acercamiento con Estados Unidos en materia de política internacional.

Ninguno de estos antecedentes, que lo diferencian del “kirchnerismo”, puede subestimarse a la hora de interpretar sus movimientos, inspirados en una inocultable vocación presidencial.

La designación de Manzur coincidió con otros dos acontecimientos que en su momento pasaron casi desapercibidos: la designación de Julián Domínguez (un dirigente del peronismo bonaerense próximo al Papa Francisco) en el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el diálogo abierto entre el Movimiento Evita, representado por Fernando “Chino” Navarro, que también se desempeña como Secretario de Relaciones Parlamentarias e Institucionales de la Jefatura de Gabinete, y el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), que nuclea a más de treinta organizaciones del sector, incluidas las cuatro entidades que integran la Mesa de Enlace.

Esa confluencia se tradujo en una inédita declaración conjunta firmada, entre otros, por Navarro y por Gustavo Grobocopatel (una expresión emblemática de la nueva burguesía nacional agropecuaria) y en la puesta en marcha de diversas iniciativas relacionadas con la agricultura familiar y orientadas a articular en una acción mancomunada a los movimientos sociales y al sector tecnológicamente más avanzado e internacionalmente más competitivo de la economía argentina, cuya manifestación más relevante, aunque de ninguna manera la única, es el polo agroindustrial.

Esa alianza estratégica puede constituirse en la base de sustentación de un proyecto que busque asociar el desarrollo productivo y la inclusión social, en un momento en que aflora un consenso generalizado, tanto en el oficialismo como en la oposición, sobre el agotamiento del modelo asistencialista y la necesidad de avanzar en la reconversión de los programas sociales en puestos de trabajo. El proyecto de ley de fomento a la actividad agroindustrial anunciado por el gobierno a partir de una iniciativa presentada a mediados de 2020 por el CAI es el síntoma más elocuente de ese realineamiento en ciernes.

Acerca de esta confluencia de fuerzas, potenciada por la llegada de Domínguez al Ministerio, conviene mencionar el vínculo de Manzur con Hugo Sigman, quien además de un empresario farmacéutico de primer nivel es uno de los máximos referentes argentinos en el área de la biotecnología, y también el rol protagónico asumido por el nuevo Vicejefe de Gabinete, Jorge Neme (ex Secretario de Relaciones Económicas Internacionales y antiguo y cercano colaborador de Manzur), como canal de comunicación entre el peronismo y el sector agroindustrial

Pero todo lo que está sucediendo desde el 12 de septiembre es el punto de partida de un proceso que habrá de profundizarse el 15 de noviembre. Porque la incipiente reestructuración de la coalición de gobierno, impuesta por los resultados electorales e iniciada a nivel nacional con el ascenso de Manzur y en la provincia de Buenos Aires con la designación de Insaurraulde, es sólo el primer paso de esa imprescindible reformulación integral del sistema de poder instaurado a partir del 10 de diciembre de 2019, que exige un acuerdo político y social que permita transitar los dos años que todavía restan del actual período constitucional.

En el almuerzo en la Casa de Gobierno con Fernández y Manzur, gestado a instancias del Jefe de Gabinete y de Daer, la delegación de la CGT planteó el imperativo de avanzar, inmediatamente después de las elecciones, hacia un acuerdo social con los sectores empresarios que apuntale las gestiones del Ministro de Economía, Martín Guzmán con el Fondo Monetario Internacional.

Esta propuesta del sindicalismo peronista, rubricada con la movilización convocada para el lunes 18 de octubre, será el mandato que recibirá la nueva conducción de la CGT, elegida en el Congreso previsto para el jueves 11 de noviembre, tres días antes de las elecciones, lo que implica decir que con independencia de sus resultados.

El escenario institucional de ese acuerdo político será necesariamente la Cámara de Diputados, aunque en términos de poder no corresponda subestimar en su gestación la relevancia de los gobernadores de Juntos por el Cambio, empezando por el Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, por Horacio Rodríguez Larreta, transformado por su poder territorial los resultados electorales en la principal figura de la oposición, y por el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.

En ese contexto, adquiere trascendencia la presencia en la Cámara de Diputados de figuras de extracción peronista, como Cristian Ritondo, Diego Santilli y Emilio Monzó, y de dirigentes del “ala dialoguista” del PRO, como María Eugenia Vidal y Rogelio Frigerio, quienes junto a un sector del radicalismo tendrán a su cargo la negociación de las leyes indispensables para asegurar la gobernabilidad, en primer lugar el presupuesto nacional para el año próximo, y la aprobación de proyecto de promoción de la agroindustria.

El propio Miguel Angel Pichetto, cuya experiencia en la materia está fuera de toda duda, manifestó ya públicamente la necesidad de concretar ese acuerdo, “que ojalá se implemente rápidamente después de la elección”.

Este acuerdo político no sólo resulta indispensable para afrontar la emergencia y posibilitar el éxito de las negociaciones con el FMI sino que puede abrir un espacio para la definición de un rumbo de mediano y largo plazo basado en el acuerdo social entre la CGT y los sectores empresarios, lo que incluye entre otros puntos la sanción del proyecto de fomento a la actividad agroindustrial y de iniciativas tendientes materializar el consenso sobre la necesidad de sustituir los planes sociales por la creación de trabajo genuino, una exigencia que recoge un respaldo abrumadoramente mayoritario de la opinión pública.

En este sentido, importa señalar que el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, ya puso en marcha una experiencia piloto a través de un acuerdo celebrado con el gobierno nacional y la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) que establece un mecanismo para la contratación de beneficiarios de planes sociales, que previamente recibirán cursos de capacitación laboral en la Fundación UOCRA, para la realización obras públicas en distintos lugares del país.

En el lanzamiento de este primer acuerdo tripartito enfilado a la sustitución de planes sociales por trabajo genuino, Martínez fue mucho más allá y avanzó en la definición de una hoja de ruta para el futuro inmediato. Puntualizó que “no alcanza con la concertación de los actores sociales, como se da en el Consejo Económico y Social, sino que ante la gravedad de las circunstancias y atendiendo a las realidades como se dan en todo el mundo, es necesario una concertación política”. Para que no quedaran dudas sobre el sentido y la oportunidad de la propuesta, reivindicó la necesidad de “los planes a largo plazo que estén más allá de la administración del partido que haya ganado las elecciones”.

Pero después de estos enunciados el líder de la UOCRA avanzó sobre los contenidos concretos de esa concertación planteada por la CGT en su almuerzo con Fernández y Manzur: ”hay que tratar de generar solvencia, seguridad jurídica y confianza para que los ahorristas que tienen 180.000 millones de dólares crean e inviertan en la economía productiva de la Argentina”. Para explicar el compromiso del sindicalismo con esa visión estratégica, recalcó algo que para el peronismo resulta una obviedad no siempre recordada: “si hay empresarios hay trabajadores y si hay trabajadores hay empresarios”.

Esa senda de concertación política y social tiene como “hora cero” el lunes 15 de noviembre.

(*) Fundación Segundo Centenario.

 

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