Moscú: ¿nuevas restricciones de alcances políticos?
Esta semana, Moscú avanza hacia la imposición de mayores contralores estatales sobre organizaciones privadas, inclusive las de beneficencia. Entre ellas, nombres de prominencia mundial. Objetivo: que no se metan en política.
La cámara federal de diputados dio aprobación preliminar a proyectos de ley que exigirán a decenas de miles de organizaciones establecidas en el país a registrarse ante el ministerio de Justicia. También les impondrán limitaciones para aceptar donativos o contratar extranjeros. Por otro lado, se prohibirá a entidades del exterior abrir filiales o sucursales en Rusia.
El proyecto aún puede ser revisado en grado significativo pero, en la versión original, podría forzar a organismos como la Fundación Ford, Greenpease o Amnesty International a cerrar oficinas o anotarse directamente como entidades rusas. No obstante, el borrador circulante no es claro y sugiere la posibilidad de dificultar ese recurso jurídico.
Quienes promueven la eventual ley –todos operan para el gobierno federal-, se trata de esfuerzos para “ponmer en orden unos 450.000 grupos privados”. Sus oponentes sostienen, por el contrario, que la meta real es ir eliminado organizaciones capaces de apoyar o defender a la oposición interna. En ese plano, el proyecto forma parte de la “resovietización” que ha puesto en marcha este año el presidente Vladyímir Putin.
En verdad, la difusión del proyecto sigue de cerca declaraciones de Putin y el jefe del Servicio de Seguridad Federal, sucesor de mismo KGB que comandaba el actual presidente hasta 1990. Ambos afirmaban que ese tipo de entidades suele se inflitradas por separatistas y terroristas chechenos o, en general, islámicos.
Aludiendo a los alcances de las futuras restricciones, Alyexandr Pyetrov –subdirector local de Human Rights Watch- decía: “Éste es casi el último sector de la sociedad civil que aún no ha caído bajo control gubernamental. La Dumá debiera, por lo menos, atenuar las cláusulas más duras del proyecto”.
Entretanto, ¿cuál la actitud de Estados Unidos? Formalista y distante, según se desprende de expresiones fimrulados por Thomas Casey, apenas un vocero del deaprtamento de Estado. “Hemos transmitido nuestras precoupaciones a Moscú. En todo caso, hace falta un proceso complejo antes de que ese poroyecto se haga ley”. Casi igual que con la legalización de la tortura sobre prisioneros de guerra, solicitada por la CIA al gobierno norteamericano.
La cámara federal de diputados dio aprobación preliminar a proyectos de ley que exigirán a decenas de miles de organizaciones establecidas en el país a registrarse ante el ministerio de Justicia. También les impondrán limitaciones para aceptar donativos o contratar extranjeros. Por otro lado, se prohibirá a entidades del exterior abrir filiales o sucursales en Rusia.
El proyecto aún puede ser revisado en grado significativo pero, en la versión original, podría forzar a organismos como la Fundación Ford, Greenpease o Amnesty International a cerrar oficinas o anotarse directamente como entidades rusas. No obstante, el borrador circulante no es claro y sugiere la posibilidad de dificultar ese recurso jurídico.
Quienes promueven la eventual ley –todos operan para el gobierno federal-, se trata de esfuerzos para “ponmer en orden unos 450.000 grupos privados”. Sus oponentes sostienen, por el contrario, que la meta real es ir eliminado organizaciones capaces de apoyar o defender a la oposición interna. En ese plano, el proyecto forma parte de la “resovietización” que ha puesto en marcha este año el presidente Vladyímir Putin.
En verdad, la difusión del proyecto sigue de cerca declaraciones de Putin y el jefe del Servicio de Seguridad Federal, sucesor de mismo KGB que comandaba el actual presidente hasta 1990. Ambos afirmaban que ese tipo de entidades suele se inflitradas por separatistas y terroristas chechenos o, en general, islámicos.
Aludiendo a los alcances de las futuras restricciones, Alyexandr Pyetrov –subdirector local de Human Rights Watch- decía: “Éste es casi el último sector de la sociedad civil que aún no ha caído bajo control gubernamental. La Dumá debiera, por lo menos, atenuar las cláusulas más duras del proyecto”.
Entretanto, ¿cuál la actitud de Estados Unidos? Formalista y distante, según se desprende de expresiones fimrulados por Thomas Casey, apenas un vocero del deaprtamento de Estado. “Hemos transmitido nuestras precoupaciones a Moscú. En todo caso, hace falta un proceso complejo antes de que ese poroyecto se haga ley”. Casi igual que con la legalización de la tortura sobre prisioneros de guerra, solicitada por la CIA al gobierno norteamericano.
