Menos déficit, menos emisión, ¿menos presiones cambiarias? 

La pandemia puso patas arriba a la economía global. Las restricciones a la circulación desplomaron a la demanda a escala internacional y casi todos los Estados del mundo salieron a gastar, dejando en un segundo plano el resultado fiscal: la decisión de impedir la circulación y la producción por cuestiones extra-económicas.

Hasta este punto, la situación de la economía argentina obedeció a la norma y no fue una excepción. Sin embargo, cuando analizamos las fuentes de financiamiento, las similitudes se terminan: mientras que la gran mayoría de los países solventaron su gasto imprevisto con emisiones de deuda, el Estado Nacional recurrió a la asistencia del Banco Central y la emisión de pesos, ya que los mercados de crédito privados siguen cerrados para nuestro país, según afirma la consultora Ecolatina en su último informe.

Tal como suele suceder, cuando la economía argentina presenta una particularidad no es un buen síntoma; y claramente la emisión récord es un problema. En 2020, la autoridad monetaria “imprimiría” cerca de $ 2 billones para asistir al Tesoro (7% del PBI), que tendrá un déficit primario récord. A pesar de que el Banco Central absorbió vía LELIQ y pases pasivos buena parte de esta expansión, otra porción del exceso de pesos se volcó al mercado cambiario oficial y paralelo. En respuesta, la brecha se disparó, superando 100% durante varias semanas, y las reservas netas perforaron los US$ 4.700 millones.

Preocupado por esta dinámica, el equipo económico empezó a enviar señales de mayor austeridad fiscal -o, para ser justos, menor laxitud- de cara al futuro inmediato. En este marco, se endureció en 1% del PBI el déficit primario objetivo de 2020, pasando del 8% aprobado en el Presupuesto 2021 al 7%. Más importante aún, se estaría negociando con el Fondo Monetario Internacional endurecer el 4,5% del PBI inscripto en la “Ley de Leyes”, llevándolo a la zona del 4%. A partir de estos cambios, se relajarían las necesidades de financiamiento vis a vis las expectativas de emisión, reduciendo la demanda de dólares por menor exceso de pesos.

Ahora bien, el año próximo es electoral. A la vez, la posible llegada de la vacuna podría ayudar a reactivar a una economía muy golpeada, donde la inversión pública sería clave para levantar la actividad. en este contexto de salarios reales por el piso e incertidumbre por el cielo, será difícil que el gasto inicial provenga del sector privado.

Veamos entonces por dónde podría advenir el esfuerzo fiscal del año que viene, el ajuste del gasto, para entender su impacto en la demanda de bienes y servicios, y su efectividad a la hora de controlar las presiones cambiarias.

La obra pública podría ser la única partida que crezca -descontando la inflación- en 2021. Los gastos de capital tienen importantes derrames en materia de empleo y demanda, de modo que serían uno de los drivers de la recuperación de la actividad. Además, sus consumos importados son despreciables, de modo que no presionarían sobre el mercado cambiario. En este marco, proyectamos un avance de 50% i.a. en términos reales para el año que viene, equivalente a 0,5% del PBI. Por lo tanto, el esfuerzo para reducir el déficit provendrá del resto de las asignaciones.

Las prestaciones sociales, jubilaciones y pensiones, representan más de la mitad del gasto primario. En consecuencia, cualquier esfuerzo fiscal que se haga sin reparar en esta partida debería ser excesivo. En este escenario, la nueva fórmula de movilidad pronta a ser aprobada es una señal de que el Poder Ejecutivo planea un ajuste en este frente. Conforme a nuestras proyecciones, este ahorro superaría 1% del PBI comparando con un régimen de actualizaciones discrecionales que siguieran a la inflación, tal como pasó este año con el haber mínimo.

Por otra parte, el gobierno anunció que habría ajustes de tarifas a comienzos de año próximo. En este sentido, los subsidios económicos alcanzarían 2,5% de PBI este año, tras más de dieciocho meses de congelamiento tarifario. Considerando que el 2021 es electoral, y que el impacto social de la actualización de las tarifas de los servicios públicos es relevante, es probable que los aumentos se realicen más temprano que tarde, en la búsqueda por maximizar tanto el ahorro como la “distancia” del proceso electoral.

No obstante, más allá de este aumento, estimamos que la suba de tarifas sería la mínima capaz de estabilizar el gasto en esta partida subsidios como porcentaje del PBI. En este sentido, es probable que se implemente algún nuevo esquema de subsidios cruzados: mayores subas de tarifas en los hogares más adinerados, que “financien” parte del consumo de las familias de menores recursos.

En otro orden, es probable que los gastos de funcionamiento -trabajadores públicos nacionales- sea otra línea de recorte. En este caso, el ajuste vendría más por precios que por cantidades, o, dicho de otra forma, los empleados del Estado Nacional volverían a resignar poder adquisitivo, en tanto las dotaciones de planta permanecerían relativamente inalteradas. Según nuestros cálculos, el ahorro público podría alcanzar 0,4% del PBI por esta vía.

Antes de cerrar, vale destacar que los esfuerzos no llegarán solo por el lado del gasto: también habría algunos refuerzos impositivos. En este sentido, el “aporte solidario” -obligatorio- que pesará sobre las grandes fortunas podría recaudar alrededor de ARS 200.000 millones, equivalentes a 0,5% del PBI.