Medefin: ex funcionarios y ejecutivos seguirán procesados
Los escándalos financieros rioplatenses suelen diluirse. A diferencia de Estados Unidos, los medios no los siguen como debieran; especialmente si involucran gobiernos de 1989 a 2001. Así ocurre con el caso Medefin.
A cinco años de una quiebra fraudulenta, Banco Medefin es un caso abierto. Días atrás, la cámara federal en lo penal económico –fuero cuya primera instancia demora en actuar, salvo excepciones- dispuso continuar los procesamientos de ex directivos de los bancos Central, Nación y Ciudad. Se lo acusa de administración infiel o fraude en la caída y liquidación de esa entidad.
La sala 1 de aquella cámara confirmó así el grueso de la resolución adoptada en agosto de 2002 por el juez federal Sergio Torres. La segunda instancia considera probado “prima facie” que funcionarios del Central y Medefín delinquieron cubriendo redescuentos por $ 58 millones con bonos públicos cuyo valor real rondaba 50% del técnico. O sea, el nominal mas intereses que el BCRA aceptó agregar.
Esta clase de abusos “ha conllevado pérdidas incalculables para el Estado, han generado descreimiento social en los funcionarios públicos y las instituciones, a raíz de excesos e incumplimiento de la ley”. La decisión de la sala afecta a Pedro Pou (ex presidente del BCRA), Lisandro Barry (ex secretario de Finanzas), Aldo Dadone, Hugo Gaggero, Genaro Contartese (ex Nación, involucrados en el escándalo IBM), Nicolás Weisz-Wassing (ex Ciudad), el sindicalista Alfonso Millán y otro catorce.
Casi todos los incoados están libres. Algunos inclusive ocupan espacios en medios, siguen en actividad y prosperan. Pero Argentina carece de un Eliot Spitzer, una SEC o un aparato judicial moderno y ecuánime.
A cinco años de una quiebra fraudulenta, Banco Medefin es un caso abierto. Días atrás, la cámara federal en lo penal económico –fuero cuya primera instancia demora en actuar, salvo excepciones- dispuso continuar los procesamientos de ex directivos de los bancos Central, Nación y Ciudad. Se lo acusa de administración infiel o fraude en la caída y liquidación de esa entidad.
La sala 1 de aquella cámara confirmó así el grueso de la resolución adoptada en agosto de 2002 por el juez federal Sergio Torres. La segunda instancia considera probado “prima facie” que funcionarios del Central y Medefín delinquieron cubriendo redescuentos por $ 58 millones con bonos públicos cuyo valor real rondaba 50% del técnico. O sea, el nominal mas intereses que el BCRA aceptó agregar.
Esta clase de abusos “ha conllevado pérdidas incalculables para el Estado, han generado descreimiento social en los funcionarios públicos y las instituciones, a raíz de excesos e incumplimiento de la ley”. La decisión de la sala afecta a Pedro Pou (ex presidente del BCRA), Lisandro Barry (ex secretario de Finanzas), Aldo Dadone, Hugo Gaggero, Genaro Contartese (ex Nación, involucrados en el escándalo IBM), Nicolás Weisz-Wassing (ex Ciudad), el sindicalista Alfonso Millán y otro catorce.
Casi todos los incoados están libres. Algunos inclusive ocupan espacios en medios, siguen en actividad y prosperan. Pero Argentina carece de un Eliot Spitzer, una SEC o un aparato judicial moderno y ecuánime.
