Más injerencia otorga al PE una ley sobre lavado de fondos
Un nuevo avance logró el gobierno nacional sobre el control de movimientos de capitales, al ampliar sus facultades para vigilar operaciones sospechosas de lavado de dinero.
La Cámara de Diputados aprobó ayer un proyecto para reformular la estructura de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo que recopila datos sobre operaciones sospechosas de lavado de dinero.
La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, fue aprobada por 138 votos a favor, 39 en contra y 6 abstenciones. Y prevé la creación del cargo de presidente en el organismo, al tiempo que le otorga un amplio poder de decisión.
Desde el ARI, Marcela Rodríguez denunció que detrás de la intención de hacer un organismo más ágil, “se oculta una politización en la designación de sus integrantes, con el consecuente control de la UIF por parte del Gobierno”.
“La Unidad no puede determinar si hay delito, eso sólo lo hace la Justicia”, contestó el justicialista Aníbal Stella, titular de la comisión de Finanzas, al hacer frente a los cuestionamientos.
Desde el Ministerio de Justicia, sin embargo, aseguraron que el cambio sólo modifica la estructura de la UIF pero no sus funciones ni sus atribuciones. Es decir, esa unidad sólo recopila información de operaciones informadas como sospechosas pero no investiga por sí sola.
Según la modificación propuesta, el titular de la UIF tendrá una comisión de asesores, entre ellos integrada por la Comisión Nacional de Valores y el Banco Central, quienes deberán dar su opinión —no vinculante— ante un pedido de informes.
La Cámara de Diputados aprobó ayer un proyecto para reformular la estructura de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo que recopila datos sobre operaciones sospechosas de lavado de dinero.
La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, fue aprobada por 138 votos a favor, 39 en contra y 6 abstenciones. Y prevé la creación del cargo de presidente en el organismo, al tiempo que le otorga un amplio poder de decisión.
Desde el ARI, Marcela Rodríguez denunció que detrás de la intención de hacer un organismo más ágil, “se oculta una politización en la designación de sus integrantes, con el consecuente control de la UIF por parte del Gobierno”.
“La Unidad no puede determinar si hay delito, eso sólo lo hace la Justicia”, contestó el justicialista Aníbal Stella, titular de la comisión de Finanzas, al hacer frente a los cuestionamientos.
Desde el Ministerio de Justicia, sin embargo, aseguraron que el cambio sólo modifica la estructura de la UIF pero no sus funciones ni sus atribuciones. Es decir, esa unidad sólo recopila información de operaciones informadas como sospechosas pero no investiga por sí sola.
Según la modificación propuesta, el titular de la UIF tendrá una comisión de asesores, entre ellos integrada por la Comisión Nacional de Valores y el Banco Central, quienes deberán dar su opinión —no vinculante— ante un pedido de informes.
