Más detenidos en el escándalo del Banco Provincia
Otro ex funcionario del Banco Provincia de Buenos Aires quedó detenido en el marco de la causa judicial que investiga el escándalo del otorgamiento irregular de créditos, por lo que ya son tres los apresados.
La detención de Raúl Ernesto García se suma así a las del ex
gerente de la casa matriz del Banco Provincia, Héctor Ferraro, y
el ex funcionario de esa misma entidad bancaria Carlos Alberto
Frandsen, de acuerdo con lo señalado en su edición de la fecha por
el diario “El Día” de esta ciudad.
En la causa se investigan presuntos delitos en el otorgamiento
de créditos por sumas millonarias.
Fuentes judiciales confirmaron las detenciones y explicaron que
la Policía busca detener a otros cuatro ex directivos del Banco
imputados en la causa: Pedro Bocaleri, Leopoldo Conde, Ricardo
Acosta y Ricardo Rúgolo.
Las capturas fueron ordenadas por el juez de Garantías de La
Plata César Melazo al hacer lugar al pedido formulado anteayer por
la Unidad Funcional de Investigaciones Complejas (UFIC), a cargo
de los fiscales Carlos Argüero y Esteban Lombardo, contra los
siete ex funcionarios que se desempeñaron en el Banco durante el
período 1991-1999.
Los fiscales dieron por acreditado que ese período se habrían
otorgados créditos por 350 millones de pesos, que luego pasaron a
la categoría de incobrables.
En el marco de la misma causa -que se inició por una denuncia
de las actuales autoridades del Banco- ayer se inició un
allanamiento en la casa central del Provincia, en la Capital
Federal, del que participaron los fiscales platenses, policías de
la DDI La Plata, agentes de la Policía Federal y funcionarios del
Cuerpo de Instructores de la Corte bonaerense.
Los voceros consultados precisaron que hasta el momento fueron
revisadas las oficinas del directorio, gerencia y cuerpo de
asesores y se halló “documentación valiosa” relacionada con los
casos que se investigan y que “podría ser de utilidad para
reforzar las pruebas obtenidas en la causa y posiblemente para
iniciar investigaciones por nuevos delitos que habrían sido
cometidos en la entidad”.
Con respecto a las detenciones, lo voceros consultados
precisaron que Frandsen fue detenido en su casa de La Plata,
Ferraro fue capturado en las inmediaciones de los Tribunales de 8
y 56, y García en la Capital Federal, y los tres serán indagados
hoy en las Fiscalías de 7 y 56.
Los fiscales encuadraron legalmente el caso como “peculado,
fraude por abuso de confianza, autorización indebida y
administración infiel”, y el juez mantuvo esas calificaciones.
El delito de “peculado” (artículo 261 del Código Penal), es el
cargo más grave que le imputan a los ex gerentes y no es
excarcelable, ya que castiga con penas de dos a diez años de
prisión e inhabilitación absoluta perpetua al “funcionario público
que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción
o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo”.
El segundo párrafo de esa norma establece que será castigado
con la misma pena “el funcionario que empleare en provecho propio
o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una
administración pública”.
La causa penal se inició en enero de 2000, a partir de un
sumario interno dispuesto por las actuales autoridades del Banco
Provincia.
La Fiscalía, según trascendió, fundamentó los pedidos de
detención en los resultados de un sumario que hizo el Banco, donde
se habría comprobado que se otorgaron en la casa matriz unos 50
créditos por 350 millones de pesos a empresas y particulares, que
en la actualidad se encontrarían en las categorías de morosos e
incobrables.
Entre esos préstamos figura un crédito a una constructora por
97 millones. También se supo que en la causa figura un informe de
la auditoría realizada por la gerencia de la casa matriz del
Provincia donde entre otras irregularidades se detectaron
debilidades en el control interno; y otorgamiento de créditos
fuera de facultades, sin acuerdo de la instancia superior.
También surgieron en ese informe inadecuadas asistencias
crediticias; insuficiente capacidad de repago; falta de garantías
reales suficientes; ausencia de aprobación de un conjunto de
acuerdos; falta de cumplimiento de control de autorización; e
insuficiente información económica y financiera en los créditos de
las empresas.
La detención de Raúl Ernesto García se suma así a las del ex
gerente de la casa matriz del Banco Provincia, Héctor Ferraro, y
el ex funcionario de esa misma entidad bancaria Carlos Alberto
Frandsen, de acuerdo con lo señalado en su edición de la fecha por
el diario “El Día” de esta ciudad.
En la causa se investigan presuntos delitos en el otorgamiento
de créditos por sumas millonarias.
Fuentes judiciales confirmaron las detenciones y explicaron que
la Policía busca detener a otros cuatro ex directivos del Banco
imputados en la causa: Pedro Bocaleri, Leopoldo Conde, Ricardo
Acosta y Ricardo Rúgolo.
Las capturas fueron ordenadas por el juez de Garantías de La
Plata César Melazo al hacer lugar al pedido formulado anteayer por
la Unidad Funcional de Investigaciones Complejas (UFIC), a cargo
de los fiscales Carlos Argüero y Esteban Lombardo, contra los
siete ex funcionarios que se desempeñaron en el Banco durante el
período 1991-1999.
Los fiscales dieron por acreditado que ese período se habrían
otorgados créditos por 350 millones de pesos, que luego pasaron a
la categoría de incobrables.
En el marco de la misma causa -que se inició por una denuncia
de las actuales autoridades del Banco- ayer se inició un
allanamiento en la casa central del Provincia, en la Capital
Federal, del que participaron los fiscales platenses, policías de
la DDI La Plata, agentes de la Policía Federal y funcionarios del
Cuerpo de Instructores de la Corte bonaerense.
Los voceros consultados precisaron que hasta el momento fueron
revisadas las oficinas del directorio, gerencia y cuerpo de
asesores y se halló “documentación valiosa” relacionada con los
casos que se investigan y que “podría ser de utilidad para
reforzar las pruebas obtenidas en la causa y posiblemente para
iniciar investigaciones por nuevos delitos que habrían sido
cometidos en la entidad”.
Con respecto a las detenciones, lo voceros consultados
precisaron que Frandsen fue detenido en su casa de La Plata,
Ferraro fue capturado en las inmediaciones de los Tribunales de 8
y 56, y García en la Capital Federal, y los tres serán indagados
hoy en las Fiscalías de 7 y 56.
Los fiscales encuadraron legalmente el caso como “peculado,
fraude por abuso de confianza, autorización indebida y
administración infiel”, y el juez mantuvo esas calificaciones.
El delito de “peculado” (artículo 261 del Código Penal), es el
cargo más grave que le imputan a los ex gerentes y no es
excarcelable, ya que castiga con penas de dos a diez años de
prisión e inhabilitación absoluta perpetua al “funcionario público
que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción
o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo”.
El segundo párrafo de esa norma establece que será castigado
con la misma pena “el funcionario que empleare en provecho propio
o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una
administración pública”.
La causa penal se inició en enero de 2000, a partir de un
sumario interno dispuesto por las actuales autoridades del Banco
Provincia.
La Fiscalía, según trascendió, fundamentó los pedidos de
detención en los resultados de un sumario que hizo el Banco, donde
se habría comprobado que se otorgaron en la casa matriz unos 50
créditos por 350 millones de pesos a empresas y particulares, que
en la actualidad se encontrarían en las categorías de morosos e
incobrables.
Entre esos préstamos figura un crédito a una constructora por
97 millones. También se supo que en la causa figura un informe de
la auditoría realizada por la gerencia de la casa matriz del
Provincia donde entre otras irregularidades se detectaron
debilidades en el control interno; y otorgamiento de créditos
fuera de facultades, sin acuerdo de la instancia superior.
También surgieron en ese informe inadecuadas asistencias
crediticias; insuficiente capacidad de repago; falta de garantías
reales suficientes; ausencia de aprobación de un conjunto de
acuerdos; falta de cumplimiento de control de autorización; e
insuficiente información económica y financiera en los créditos de
las empresas.
