María Julia fue procesada por tercera vez

La ex interventora de Entel fue procesada por el juez federal Claudio Bonadío, quien la consideró coautora en la presunta comisión del delito de "defraudación en perjuicio de la administración pública".

4 julio, 2002

Según se informó en los Tribunales del barrio de Retiro, el
fallo del magistrado, quien le trabó a la ex funcionaria un
embargo de un millón y medio de pesos, también alcanzó a los
titulares de una consultora y un estudio jurídico involucrados en
el expediente.

Se trata de los abogados Javier Fernández Madero, Gustavo
Miguel Daneri, Hernán Pflan, Juan Pickeroayn y Alberto Madero
Galli, quienes fueron imputados de ser partícipes necesarios y
coautores del delito de “defraudación”.

En este expediente, se la acusa de haber contratado un estudio
jurídico externo cuando estaba al frente de la liquidación de la
empresa de comunicaciones del Estado, a pesar de que el organismo
poseía asistencia jurídica dentro de sus dependencias.

Así, la ex funcionaria contrató a una firma para que prestara
servicios de auditoría con un plantel integrado por contadores y
licenciados en economía, mediante un “concurso privado de precios”
y sin que se realizara ninguna licitación pública.

Además, al comenzar a prestar el servicio, la firma apareció
asociada con un estudio jurídico, cuyas tareas fueron la de
reclamar a los contratistas de la ex Entel que culminaran los
trabajos pendientes y devolvieran los materiales que tuvieran en
su poder.

Según se pudo acreditar en la causa, el estudio jurídico en
cuestión inició cerca de 30 pleitos judiciales que en su mayoría
fueron declarados prescriptos por los jueces que intervinieron,
provocando que la liquidada empresa estatal tuviera que hacerse
cargo de las costas del proceso.

Al prestar declaración indagatoria el 18 de junio último,
Alsogaray aseguró que “nunca” había hecho “nada que no estuviera
autorizado por la ley”, y justificó, mediante una norma jurídica,
la contratación del estudio y la consultoría.

“Nunca he hecho nada que no estuviera autorizado por la ley”,
señaló la ex funcionaria mientras se retiraba en aquella
oportunidad del despacho del magistrado.

En esa oportunidad también agregó que (Ricardo) “Monner Sans es
el que debe justificar las falsas denuncias que realizó”.

Ese abogado es el denunciante original de la causa, a la que
luego se agregó la Oficina Anticorrupción (OA).

Fuentes judiciales señalaron que Alsogaray se amparó en la “ley
de consultoría” (22.460) para justificar la contratación, en
contra de lo que disponía la ley de Contrataciones del Estado.

Esa norma, recientemente dictada en ese momento, habría avalado
la contratación externa de la consultora junto con la ley de
Emergenica Económica, que también citó Alsogaray para fundamentar
el contrato.

Durante la instrucción de la causa, Bonadío allanó dos
propiedades de la ex interventora ubicadas en la calle Riombaba
1224, donde días atrás también había realizado operativos la jueza
correccional Ana Bulacio de Rúa que la investiga por presunta
insolvencia fraudulenta.

Este nuevo procesamiento, el tercero en el haber de la ex
funcionaria, complica la situación judicial de Alsogaray, quien ya
va camino al juicio oral por supuesto enriquecimiento ilícito,
mientras varios magistrados la continúan investigando por las
supuestas irregularidades que habría cometido en las distintas
dependencias públicas en las que se desempeñó.

Fuente: Noticias Argentinas

Según se informó en los Tribunales del barrio de Retiro, el
fallo del magistrado, quien le trabó a la ex funcionaria un
embargo de un millón y medio de pesos, también alcanzó a los
titulares de una consultora y un estudio jurídico involucrados en
el expediente.

Se trata de los abogados Javier Fernández Madero, Gustavo
Miguel Daneri, Hernán Pflan, Juan Pickeroayn y Alberto Madero
Galli, quienes fueron imputados de ser partícipes necesarios y
coautores del delito de “defraudación”.

En este expediente, se la acusa de haber contratado un estudio
jurídico externo cuando estaba al frente de la liquidación de la
empresa de comunicaciones del Estado, a pesar de que el organismo
poseía asistencia jurídica dentro de sus dependencias.

Así, la ex funcionaria contrató a una firma para que prestara
servicios de auditoría con un plantel integrado por contadores y
licenciados en economía, mediante un “concurso privado de precios”
y sin que se realizara ninguna licitación pública.

Además, al comenzar a prestar el servicio, la firma apareció
asociada con un estudio jurídico, cuyas tareas fueron la de
reclamar a los contratistas de la ex Entel que culminaran los
trabajos pendientes y devolvieran los materiales que tuvieran en
su poder.

Según se pudo acreditar en la causa, el estudio jurídico en
cuestión inició cerca de 30 pleitos judiciales que en su mayoría
fueron declarados prescriptos por los jueces que intervinieron,
provocando que la liquidada empresa estatal tuviera que hacerse
cargo de las costas del proceso.

Al prestar declaración indagatoria el 18 de junio último,
Alsogaray aseguró que “nunca” había hecho “nada que no estuviera
autorizado por la ley”, y justificó, mediante una norma jurídica,
la contratación del estudio y la consultoría.

“Nunca he hecho nada que no estuviera autorizado por la ley”,
señaló la ex funcionaria mientras se retiraba en aquella
oportunidad del despacho del magistrado.

En esa oportunidad también agregó que (Ricardo) “Monner Sans es
el que debe justificar las falsas denuncias que realizó”.

Ese abogado es el denunciante original de la causa, a la que
luego se agregó la Oficina Anticorrupción (OA).

Fuentes judiciales señalaron que Alsogaray se amparó en la “ley
de consultoría” (22.460) para justificar la contratación, en
contra de lo que disponía la ley de Contrataciones del Estado.

Esa norma, recientemente dictada en ese momento, habría avalado
la contratación externa de la consultora junto con la ley de
Emergenica Económica, que también citó Alsogaray para fundamentar
el contrato.

Durante la instrucción de la causa, Bonadío allanó dos
propiedades de la ex interventora ubicadas en la calle Riombaba
1224, donde días atrás también había realizado operativos la jueza
correccional Ana Bulacio de Rúa que la investiga por presunta
insolvencia fraudulenta.

Este nuevo procesamiento, el tercero en el haber de la ex
funcionaria, complica la situación judicial de Alsogaray, quien ya
va camino al juicio oral por supuesto enriquecimiento ilícito,
mientras varios magistrados la continúan investigando por las
supuestas irregularidades que habría cometido en las distintas
dependencias públicas en las que se desempeñó.

Fuente: Noticias Argentinas

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