Magnates ultra y la derecha republicana
No es cierto que el Tea Party sea un movimiento social sin muchos recursos. Por ejemplo, incluye a Terence Forcht, un banquero de Kentucky, propietario de geriátricos, que solventó la campaña del republicano ultra Rand Paul con fondos sin declarar.
<p>Sucede, empero, que el demócrata Jack Conway, fiscal de Kentucky, seguirá procesando a uno de esos geriátricos. Motivo: abusos sexuales apañados por sus directivos. No es casual que Forcht sea también financista de “American crossroads”, la organización sin fines de lucro más activa de Estados Unidos, cuyo mascarón de proa es el predicador ultra y ex neurona de George W Bush, Karl Rove.<br />
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Lo peor de todo es que este tipo de cosas surge en virtud de una inexplicable sentencia de la Corte suprema, dictada a mediados de año en nombre del “principio de absoluta libertad de expresión” contenido en la propia constitución. ¿Cuál ha sido su efecto práctico? Una aberración jurídica: eliminar todo vínculo entre aportes electorales y ciudadanos comunes. Virtualmente se los asimila a empresarios como Rupert Murdoch, banqueros y otras instancias “mayoristas”.<br />
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Así, la derrota demócrata en diputados ha lanzado al Capitolio una hueste de legisladores fieles al Tea party con una misión: eliminar de cuajo las reformas financiera y social, dejando a Barack Obama como un pato rengo. O sea, sin segundo mandato. <br />
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En esta peculiar “campaña postelectoral”, los grupos extremistas de la galaxia TP” reciben mucho dinero para atacar por el lado de la inmigración hispanófona. Legal o no. Según apuntan Conway o el columnista latino Andrés Oppenheimer, “muchos candidatos republicanos son ultraconservadores que exigen leyes capaces de permitirle a la policía detener a sospechosos de ser ilegales sólo por su tono de piel”.<br />
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Si gente como Lamar Smith (republicano por Tejas) o Steven King, ídem por Iowa, logra sus propósitos, pronto habrá redadas de niños o adolescentes y hasta existen riesgos de una reforma constitucional que privaría de la ciudadanía a hijos de indocumentados (este grupo representa diez millones de personas). “Este disparate –señala Oppenheimer- llevaría a deportar bebés con caras hispánicas y crearía una subclase de jóvenes, mano de obra para los carteles del narcotráfico”.</p>
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