Una encarnizada lucha entre lobbies parece caracterizar la demora en dar a conocer las normas reglamentarias del decreto firmado por Fernando de la Rúa para desregularizar las actividades del sector de telecomunicaciones. Las dudas de los eventuales inversores le fueron transmitidas en las últimas horas de su permanencia en territorio estadounidense.
La no publicación en el Boletín Oficial de las reglamentaciones que complementan la decisión presidencial, dieron lugar a una serie de conjeturas y suspicacias de todos los interesados en un sector económico en el que están en juego varios miles de millones de dólares.
En la víspera, sin embargo, se dieron a conocer los Reglamentos de Licencias, de Interconexión y de Servicio Universal y las tramitaciones que deben cumplirse para su aprobación por un nuevo decreto del PE. Requieren su análisis por Infraestructura (plazo de 10 días), Economía (otros 10 días), su tratamiento por la Sindicatura General de la Nación y la Procuración del Tesoro. Una vez conocido el dictamen de estos dos organismos, recién pasarían a la Casa Rosada para su trámite final.
Detrás de la agitación surgida, se debaten los intereses de las actuales adjudicatarias de los servicios , Telefónica y Telecom, y de aquellas que aspiran a participar de un mercado interesante. Entres ellas se cita Movicom, Nextel, Impsat, CTI, Metrored y Comsat.
Mientras, desde Estados Unidos, se informó que el Presidente recibió un compromiso de inversiones de US$ 3.600 millones de empresas de primer rango, como AT&T, Bell South-Movicom y el grupo Hicks. El secretario de Comunicaciones, Enoch Aguiar, viajó a California con el propósito de informar a eventuales interesados, vinculados al negocio de Internet, sobre los alcances de la desregulación telefónica.
Una encarnizada lucha entre lobbies parece caracterizar la demora en dar a conocer las normas reglamentarias del decreto firmado por Fernando de la Rúa para desregularizar las actividades del sector de telecomunicaciones. Las dudas de los eventuales inversores le fueron transmitidas en las últimas horas de su permanencia en territorio estadounidense.
La no publicación en el Boletín Oficial de las reglamentaciones que complementan la decisión presidencial, dieron lugar a una serie de conjeturas y suspicacias de todos los interesados en un sector económico en el que están en juego varios miles de millones de dólares.
En la víspera, sin embargo, se dieron a conocer los Reglamentos de Licencias, de Interconexión y de Servicio Universal y las tramitaciones que deben cumplirse para su aprobación por un nuevo decreto del PE. Requieren su análisis por Infraestructura (plazo de 10 días), Economía (otros 10 días), su tratamiento por la Sindicatura General de la Nación y la Procuración del Tesoro. Una vez conocido el dictamen de estos dos organismos, recién pasarían a la Casa Rosada para su trámite final.
Detrás de la agitación surgida, se debaten los intereses de las actuales adjudicatarias de los servicios , Telefónica y Telecom, y de aquellas que aspiran a participar de un mercado interesante. Entres ellas se cita Movicom, Nextel, Impsat, CTI, Metrored y Comsat.
Mientras, desde Estados Unidos, se informó que el Presidente recibió un compromiso de inversiones de US$ 3.600 millones de empresas de primer rango, como AT&T, Bell South-Movicom y el grupo Hicks. El secretario de Comunicaciones, Enoch Aguiar, viajó a California con el propósito de informar a eventuales interesados, vinculados al negocio de Internet, sobre los alcances de la desregulación telefónica.
