Los subsidios por mayores retenciones no son accesibles a la mayoría de productores

El confuso desarrollo teórico elaborado por el ministro de Economía, Martín Lousteau, para no mostrar que daba una marcha atrás selectiva en las retenciones móviles, aun sin eliminarlas, ignora un dato fundamental, que sí conocen los 62.500 productores de soja y girasol supuestamente beneficiados con la medida: las trabas burocráticas y, en no pocos casos, la desprolijidad contable de la mayor parte de ellos tornará inaccesible para muchos el subsidio prometido.

Se ha venido dando el caso con los tamberos de que muy pocos cobran la compensación ideada por el propio novel funcionario, apenas 9 % de los más pequeños, porque requieren de constancias administrativas como condición para ser procesadas por los bancos que la acreditan en la cuenta de los productores, y campea la informalidad en esas pequeñas explotaciones.

Los dirigentes de las cuatro entidades del sector que dialogan “on y off the record” con el gobierno no pueden defender, de hecho, que la mayor parte de sus afiliados de menor dimensión relativa de negocios esté en negro y, por lo tanto, desestimar públicamente ofertas que impliquen un mayor costo fiscal por la velada imposición previa a regularizarse. No parecería ser el mejor momento para discutirse este tema, en el medio de forcejeos con la Gendarmería. Los fogones que cortan las rutas están ocupados en un enorme porcentaje por enojados productores para los que hoy el tema no pasaría por si se manejan o no con factura A y B.

La propuesta oficial en la emergencia tal vez debería poder traducirse por la llamada Mesa de Enlace en forma más amigable al papel y lápiz del hombre que se ha pasado tres semanas en piquetes, si la intención fuese hacerle deponer la bronca y que acepte desalojar la ruta. Bastante que tendrá que hacer el esfuerzo de omitir que el gobierno no cumplió con su parte del gesto para abrir el conflicto y dialogar, al dejar las retenciones como estaban en el decreto de la discordia con el propósito de no quedar políticamente mal parado.

Planteado así parecería que se está hablando de evasores. Pero, por suerte, el presidente del Círculo Argentino de Periodistas Agrarios, Matías Longoni, los definió en un artículo aparecido en DiarioSobreDiarios: “los que cortaron la ruta laburan mucho más que yo, que vos y seguramente que los municipales”. Fundamentaba así que se llama erróneamente lock out patronal y no paro a la medida de fuerza.

(La referencia al gremio de los municipales, enfrentado con el gobierno de la Ciudad por el despido de más de 2.000 supuestos ñoquis no bien asumiera Mauricio Macri, fue porque había aportado afiliados a la movilización de la semana pasada en Parque Norte.)

Las caras del gasto público

A la concentración de Plaza de Mayo convocada por el secretario general de la CGT, Hugo Moyano, con la dramática consigna de “salvar a la democracia”, asisten los siguientes movimientos: la Federación de Tierra y Vivienda (FTV), de Luis D´Elía, el Frente Transversal Nacional y Popular, la Militancia Social, el Partido de la Revolución Democrática, el Movimiento Plátano y el Partido Proyecto Popular; el Movimiento Octubre, la Corriente Federal Kirchnerista, el Partido Comunista, el Frente Barrial 19 de Diciembre, el Partido Democracia y Liberación, la Agrupación Envar El Kadri, el MTL, Segundo Centenario, el Frente de Organizaciones Sociales, Movimiento 26 de Julio y el Frente Grande, entre otros.

Sin entrar a considerar si es cierto o no que a cada movilizado le dan 100 pesos y “refrigerio”, lo cual termina siendo solventado directa o indirectamente por el mismo fisco que le sube las retenciones a los productores, sería muy raro encontrar a la mayor parte de ellos en el padrón de contribuyentes, que los haya alcanzado el aumento de la cuota mensual a los monotributistas dispuesta hoy o siquiera prestando servicios laborales en negro a alguna fuente productiva.

A lo sumo algunos pueden estar entre la plantilla de 272.119 empleados públicos con contrato fijo que dejó Néstor Kirchner en diciembre, por un monto total de us$ 5.870 millones. O en la nómina de obras sociales que igual terminan solventando los salvatajes oficiales.

En el caso de los pequeños productores, la variedad hace al gusto, porque están los que alquilan campos, los que trabajan en grupo familiar con la tierra propia y/o ajena, que apelan a alguno que otro peón para abarcar las tareas, los agricultores y aquellos que tienen que alternar granos con hacienda. La economía de todas estas modalidades es tan compleja, que hasta ven trabado su acceso a las habituales promociones crediticias instrumentadas a través de los bancos por no poder asentar ese enjambre de relaciones en los formularios de práctica.

La tendencia ha sido, en consecuencia, que esta clase de chacareros vaya cediendo campos al avance de los grupos más organizados, como los pooles de siembra, que tienen detrás ejércitos de contadores para dar forma a la administración de fideicomisos exentos del impuesto a las ganancias que invierten en cada campaña. Estos “financistas” ataviados con bombacha y chambergo sí logran aprovechar cuanto subsidio fiscal o crediticio concede el gobierno, porque dominan el encuadre legal de las sociedades y la arquitectura para llenar planillas.

El Censo Agropecuario calcula que desaparecieron en pleno boom del campo 100 mil productores.

Cobranza fácil, pago difícil

Desde el interinato de Eduardo Duhalde en adelante, la administración tributaria dio una vuelta de campana que derivó mágicamente en superávit fiscal, gracias al aprovechamiento integral de los precios excepcionales que adquirían los alimentos, de los que Argentina tiene importantes excedentes exportables, en la plaza internacional.

El cambio consistió en eliminar burocracia en el grueso de la recaudación y trasferirla al manejo de los subsidios que la devuelven en forma selectiva. O sea, cobrar fácil y pagar con complicaciones.

De este modo, con sólo analizar el destino de los 15.000 millones de pesos que se distribuyen en subsidios, se advierte que son pocos los recibidos por las fuentes de inspiración política: los más necesitados.

Los 1.181 millones que se reparten para sostener el precio de los alimentos estuvieron siendo entregados a usinas lácteas, molinos acopiadores y hasta supermercados, mientras el 21 % del IVA en los alimentos los pagan por igual ricos y pobres que los retiran de la góndola.

En el caso del transporte, las empresas que explotan las líneas son compensadas por mantener las tarifas en los valores oficiales, que benefician a todo aquel que saque el boleto, sea pudiente o pobre.

Ahora le tocaría el turno a las oleaginosas, siguiendo el camino de la leche, pero siempre con la limitación que la propia estructura tributaria impone.

Las compensaciones que otorga la Oncca muestran la desproporción entre lo que recauda y lo que redistribuye dentro del sector: mientras se estima que para 2008 los ingresos totales por retenciones treparán a unos $ 43.000 millones anuales (US$ 13.500 millones), las compensaciones llegaban a fin de marzo a apenas $ 1.524 millones (US$ 480 millones). Si se anualizara esta última cifra, no alcanzaría al 15% de la primera. Y su distribución revela que, más que a fortalecer a pequeños productores rurales, apunta mayormente a las industrias para que sus productos puedan acercarse a los precios fijados por Moreno. De aquellos $ 1.500 millones, casi dos tercios ($ 992 millones) se destinaron a las industrias láctea, molinera y aceitera, a través de una compleja y burocrática maraña de subsidios cruzados.

El año pasado, el récord de la recaudación impositiva se debió al salto que dieron los derechos de exportación por el aumento de las retenciones: del 7,3 % que representaba del total de los ingresos tributarios pasó al 15 %. El mérito de este sistema es que el Estado se lo queda antes que llegue al bolsillo del contribuyente mediante un asiento contable.

Hubo otros dos impuestos que crecieron un poco porque subió el consumo y el ingreso de la población y otro por la inflación: IVA y ganancias. El primero ocupa 28 % de la torta tributaria y el segundo, el 18,1 %, del cual el personal con relación de dependencia que está por encima del mínimo no imponible tampoco toca, por tratarse de una retención hecha por el empleador.

El cheque aporta 7 % limpio de polvo y paja porque se percibe automáticamente de los bancos al liquidar sus posiciones con el Central.

La seguridad social (que abarca 20 %) es de más complicada cobranza, porque se nutre de los aportes empresarios y los patronales, donde la mora es más corriente. Es en este renglón donde la administración tributaria tiene aún mucho por hacer, ya que se calcula que la mitad trabaja en negro.

Pero de uno u otro modo, una de las mayores inequidades del sistema impositivo está resumido en la propia presión global: 28 % del PIB, la más alta de la historia. Tan es así que termina estimulando las prácticas evasivas y elusivas en toda la escala de contribuyentes “voluntarios” y lleva a las autoridades hacia el camino más sencillo: basar la recaudación en las retenciones para asegurar el grueso de la cobranza sin mayor esfuerzo.

Esta distorsión sería materia de una profunda reforma impositiva que incluya la coparticipación federal y no materia de debate cuando lo que está en juego es el abastecimiento de la población, el desalojo pacífico de las rutas y el regreso al trabajo de un sector importante, aunque no el único, de la economía nacional.

El confuso desarrollo teórico elaborado por el ministro de Economía, Martín Lousteau, para no mostrar que daba una marcha atrás selectiva en las retenciones móviles, aun sin eliminarlas, ignora un dato fundamental, que sí conocen los 62.500 productores de soja y girasol supuestamente beneficiados con la medida: las trabas burocráticas y, en no pocos casos, la desprolijidad contable de la mayor parte de ellos tornará inaccesible para muchos el subsidio prometido.

Se ha venido dando el caso con los tamberos de que muy pocos cobran la compensación ideada por el propio novel funcionario, apenas 9 % de los más pequeños, porque requieren de constancias administrativas como condición para ser procesadas por los bancos que la acreditan en la cuenta de los productores, y campea la informalidad en esas pequeñas explotaciones.

Los dirigentes de las cuatro entidades del sector que dialogan “on y off the record” con el gobierno no pueden defender, de hecho, que la mayor parte de sus afiliados de menor dimensión relativa de negocios esté en negro y, por lo tanto, desestimar públicamente ofertas que impliquen un mayor costo fiscal por la velada imposición previa a regularizarse. No parecería ser el mejor momento para discutirse este tema, en el medio de forcejeos con la Gendarmería. Los fogones que cortan las rutas están ocupados en un enorme porcentaje por enojados productores para los que hoy el tema no pasaría por si se manejan o no con factura A y B.

La propuesta oficial en la emergencia tal vez debería poder traducirse por la llamada Mesa de Enlace en forma más amigable al papel y lápiz del hombre que se ha pasado tres semanas en piquetes, si la intención fuese hacerle deponer la bronca y que acepte desalojar la ruta. Bastante que tendrá que hacer el esfuerzo de omitir que el gobierno no cumplió con su parte del gesto para abrir el conflicto y dialogar, al dejar las retenciones como estaban en el decreto de la discordia con el propósito de no quedar políticamente mal parado.

Planteado así parecería que se está hablando de evasores. Pero, por suerte, el presidente del Círculo Argentino de Periodistas Agrarios, Matías Longoni, los definió en un artículo aparecido en DiarioSobreDiarios: “los que cortaron la ruta laburan mucho más que yo, que vos y seguramente que los municipales”. Fundamentaba así que se llama erróneamente lock out patronal y no paro a la medida de fuerza.

(La referencia al gremio de los municipales, enfrentado con el gobierno de la Ciudad por el despido de más de 2.000 supuestos ñoquis no bien asumiera Mauricio Macri, fue porque había aportado afiliados a la movilización de la semana pasada en Parque Norte.)

Las caras del gasto público

A la concentración de Plaza de Mayo convocada por el secretario general de la CGT, Hugo Moyano, con la dramática consigna de “salvar a la democracia”, asisten los siguientes movimientos: la Federación de Tierra y Vivienda (FTV), de Luis D´Elía, el Frente Transversal Nacional y Popular, la Militancia Social, el Partido de la Revolución Democrática, el Movimiento Plátano y el Partido Proyecto Popular; el Movimiento Octubre, la Corriente Federal Kirchnerista, el Partido Comunista, el Frente Barrial 19 de Diciembre, el Partido Democracia y Liberación, la Agrupación Envar El Kadri, el MTL, Segundo Centenario, el Frente de Organizaciones Sociales, Movimiento 26 de Julio y el Frente Grande, entre otros.

Sin entrar a considerar si es cierto o no que a cada movilizado le dan 100 pesos y “refrigerio”, lo cual termina siendo solventado directa o indirectamente por el mismo fisco que le sube las retenciones a los productores, sería muy raro encontrar a la mayor parte de ellos en el padrón de contribuyentes, que los haya alcanzado el aumento de la cuota mensual a los monotributistas dispuesta hoy o siquiera prestando servicios laborales en negro a alguna fuente productiva.

A lo sumo algunos pueden estar entre la plantilla de 272.119 empleados públicos con contrato fijo que dejó Néstor Kirchner en diciembre, por un monto total de us$ 5.870 millones. O en la nómina de obras sociales que igual terminan solventando los salvatajes oficiales.

En el caso de los pequeños productores, la variedad hace al gusto, porque están los que alquilan campos, los que trabajan en grupo familiar con la tierra propia y/o ajena, que apelan a alguno que otro peón para abarcar las tareas, los agricultores y aquellos que tienen que alternar granos con hacienda. La economía de todas estas modalidades es tan compleja, que hasta ven trabado su acceso a las habituales promociones crediticias instrumentadas a través de los bancos por no poder asentar ese enjambre de relaciones en los formularios de práctica.

La tendencia ha sido, en consecuencia, que esta clase de chacareros vaya cediendo campos al avance de los grupos más organizados, como los pooles de siembra, que tienen detrás ejércitos de contadores para dar forma a la administración de fideicomisos exentos del impuesto a las ganancias que invierten en cada campaña. Estos “financistas” ataviados con bombacha y chambergo sí logran aprovechar cuanto subsidio fiscal o crediticio concede el gobierno, porque dominan el encuadre legal de las sociedades y la arquitectura para llenar planillas.

El Censo Agropecuario calcula que desaparecieron en pleno boom del campo 100 mil productores.

Cobranza fácil, pago difícil

Desde el interinato de Eduardo Duhalde en adelante, la administración tributaria dio una vuelta de campana que derivó mágicamente en superávit fiscal, gracias al aprovechamiento integral de los precios excepcionales que adquirían los alimentos, de los que Argentina tiene importantes excedentes exportables, en la plaza internacional.

El cambio consistió en eliminar burocracia en el grueso de la recaudación y trasferirla al manejo de los subsidios que la devuelven en forma selectiva. O sea, cobrar fácil y pagar con complicaciones.

De este modo, con sólo analizar el destino de los 15.000 millones de pesos que se distribuyen en subsidios, se advierte que son pocos los recibidos por las fuentes de inspiración política: los más necesitados.

Los 1.181 millones que se reparten para sostener el precio de los alimentos estuvieron siendo entregados a usinas lácteas, molinos acopiadores y hasta supermercados, mientras el 21 % del IVA en los alimentos los pagan por igual ricos y pobres que los retiran de la góndola.

En el caso del transporte, las empresas que explotan las líneas son compensadas por mantener las tarifas en los valores oficiales, que benefician a todo aquel que saque el boleto, sea pudiente o pobre.

Ahora le tocaría el turno a las oleaginosas, siguiendo el camino de la leche, pero siempre con la limitación que la propia estructura tributaria impone.

Las compensaciones que otorga la Oncca muestran la desproporción entre lo que recauda y lo que redistribuye dentro del sector: mientras se estima que para 2008 los ingresos totales por retenciones treparán a unos $ 43.000 millones anuales (US$ 13.500 millones), las compensaciones llegaban a fin de marzo a apenas $ 1.524 millones (US$ 480 millones). Si se anualizara esta última cifra, no alcanzaría al 15% de la primera. Y su distribución revela que, más que a fortalecer a pequeños productores rurales, apunta mayormente a las industrias para que sus productos puedan acercarse a los precios fijados por Moreno. De aquellos $ 1.500 millones, casi dos tercios ($ 992 millones) se destinaron a las industrias láctea, molinera y aceitera, a través de una compleja y burocrática maraña de subsidios cruzados.

El año pasado, el récord de la recaudación impositiva se debió al salto que dieron los derechos de exportación por el aumento de las retenciones: del 7,3 % que representaba del total de los ingresos tributarios pasó al 15 %. El mérito de este sistema es que el Estado se lo queda antes que llegue al bolsillo del contribuyente mediante un asiento contable.

Hubo otros dos impuestos que crecieron un poco porque subió el consumo y el ingreso de la población y otro por la inflación: IVA y ganancias. El primero ocupa 28 % de la torta tributaria y el segundo, el 18,1 %, del cual el personal con relación de dependencia que está por encima del mínimo no imponible tampoco toca, por tratarse de una retención hecha por el empleador.

El cheque aporta 7 % limpio de polvo y paja porque se percibe automáticamente de los bancos al liquidar sus posiciones con el Central.

La seguridad social (que abarca 20 %) es de más complicada cobranza, porque se nutre de los aportes empresarios y los patronales, donde la mora es más corriente. Es en este renglón donde la administración tributaria tiene aún mucho por hacer, ya que se calcula que la mitad trabaja en negro.

Pero de uno u otro modo, una de las mayores inequidades del sistema impositivo está resumido en la propia presión global: 28 % del PIB, la más alta de la historia. Tan es así que termina estimulando las prácticas evasivas y elusivas en toda la escala de contribuyentes “voluntarios” y lleva a las autoridades hacia el camino más sencillo: basar la recaudación en las retenciones para asegurar el grueso de la cobranza sin mayor esfuerzo.

Esta distorsión sería materia de una profunda reforma impositiva que incluya la coparticipación federal y no materia de debate cuando lo que está en juego es el abastecimiento de la población, el desalojo pacífico de las rutas y el regreso al trabajo de un sector importante, aunque no el único, de la economía nacional.