Lavado de dinero: postergan la reglamentación de la ley
Los bancos se opondrían a la creación de una unidad de investigación financiera. Reabren una causa contra el presidente del Banco Central. Un fiscal imputó a Menem en otro caso.
Mientras algunos funcionarios manifestaban su preocupación por el impacto negativo que puede tener sobre la imagen del país el tema del lavado de dinero, el Gobierno decidió postergar la reglamentación de la ley contra el blanqueo de activos ilegales, aprobada por el Congreso en marzo último.
El secretario general de la Presidencia, José Horacio Jaunarena, señaló que se “sigue trabajando en la reglamentación de una ley lo más adecuada posible para evitar este tipo de maniobra, que deja en el mundo más de US$ 500 mil millones por año”.
Según algunos analistas políticos y medios de prensa uno de los puntos conflictivos que se han presentado ante la reglamentación de la mencionada ley es que el sector bancario se opone a la creación de la Unidad de Información Financiera, órgano que deberá controlar las operaciones sospechosas de transferencias de fondos.
Además, algunos legisladores de la Alianza y funcionarios del Gobierno salieron a la palestra con declaraciones de diverso tenor y dureza.
La diputada Elisa Carrió acusó al jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, y al ministro de Economía, José Luis Machinea, de “garantizar la impunidad”, por haber dado ambos su respaldo a la continuidad del presidente del Banco Central, Pedro Pou.
Fuentes de Economía respondieron a la prensa que esos ataques eran injustificados “porque promovimos la ley, estamos por sacar la reglamentación y nos integramos al grupo de acción regional contra el lavado”.
El jefe del Frepaso, Carlos Alvarez, le solicitó al diputado Darío Alessandro, jefe del bloque de la Alianza, que “incorpore el asunto del informe del Senado norteamericano como tema institucional en Diputados”.
Por su parte, la viceministro del Interior, Nilda Garré también realizó declaraciones manifestando su intención de que el presidente del Banco Central sea removido de su cargo.
Desde la Justicia se habrían intensificado algunas investigaciones; el fiscal Miguel Osorio pidió informes a la embajada de Estados Unidos sobre el ex presidente Carlos Menem, al que imputó por lavado de dinero en una causa en la cual también están imputados funcionarios de su administración y algunos empresarios.
La jueza federal María Servini de Cubría reabrió, además, contra Pedro Pou, por pedido de los diputados socialistas Alfredo Bravo y Jorge Rivas.
El caso había sido archivado porque el fiscal Carlos Stornelli consideró que no existían evidencias suficientes.
Mientras algunos funcionarios manifestaban su preocupación por el impacto negativo que puede tener sobre la imagen del país el tema del lavado de dinero, el Gobierno decidió postergar la reglamentación de la ley contra el blanqueo de activos ilegales, aprobada por el Congreso en marzo último.
El secretario general de la Presidencia, José Horacio Jaunarena, señaló que se “sigue trabajando en la reglamentación de una ley lo más adecuada posible para evitar este tipo de maniobra, que deja en el mundo más de US$ 500 mil millones por año”.
Según algunos analistas políticos y medios de prensa uno de los puntos conflictivos que se han presentado ante la reglamentación de la mencionada ley es que el sector bancario se opone a la creación de la Unidad de Información Financiera, órgano que deberá controlar las operaciones sospechosas de transferencias de fondos.
Además, algunos legisladores de la Alianza y funcionarios del Gobierno salieron a la palestra con declaraciones de diverso tenor y dureza.
La diputada Elisa Carrió acusó al jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, y al ministro de Economía, José Luis Machinea, de “garantizar la impunidad”, por haber dado ambos su respaldo a la continuidad del presidente del Banco Central, Pedro Pou.
Fuentes de Economía respondieron a la prensa que esos ataques eran injustificados “porque promovimos la ley, estamos por sacar la reglamentación y nos integramos al grupo de acción regional contra el lavado”.
El jefe del Frepaso, Carlos Alvarez, le solicitó al diputado Darío Alessandro, jefe del bloque de la Alianza, que “incorpore el asunto del informe del Senado norteamericano como tema institucional en Diputados”.
Por su parte, la viceministro del Interior, Nilda Garré también realizó declaraciones manifestando su intención de que el presidente del Banco Central sea removido de su cargo.
Desde la Justicia se habrían intensificado algunas investigaciones; el fiscal Miguel Osorio pidió informes a la embajada de Estados Unidos sobre el ex presidente Carlos Menem, al que imputó por lavado de dinero en una causa en la cual también están imputados funcionarios de su administración y algunos empresarios.
La jueza federal María Servini de Cubría reabrió, además, contra Pedro Pou, por pedido de los diputados socialistas Alfredo Bravo y Jorge Rivas.
El caso había sido archivado porque el fiscal Carlos Stornelli consideró que no existían evidencias suficientes.
