Las provincias rentistas y el fracaso económico

No es un secreto afirmar que Argentina ha fracasado en términos de crecimiento económico en las últimas cinco décadas, en que descendimos decenas de puestos en el ranking mundial.

Lo que se debe a muchos factores, -explica el informe del IERAL de la Fundación Mediterránea-, entre ellos, las características de su organización federal y sus consecuencias en términos de incentivos.

En esta línea, uno de los problemas centrales en la organización del federalismo fiscal argentino es el excesivo peso que adquieren las transferencias nacionales en los recursos totales con que cuentan las provincias.

En 21 de las 24 jurisdicciones el peso de las transferencias (coparticipación y otras) supera el 50%, y en 4 de ellas resulta mayor al 90% (Formosa, La Rioja, Santiago del Estero y Catamarca).

Esta situación genera el fenómeno llamado “ilusión fiscal”: como los ciudadanos de muchas provincias pagan con sus impuestos sólo una porción minoritaria del gasto de sus gobiernos provinciales, votan propuestas que prometen alto gasto y empleo público.

Además de los problemas de sustentabilidad fiscal que ello puede acarrear, buena parte de las transferencias recibidas se utilizan para contratar empleo público, más allá de lo que sus funciones justifican. Así, las provincias más favorecidas por las transferencias suelen contar hasta tres veces la cantidad de empleo público per cápita que exhiben las jurisdicciones menos favorecidas. Luego, las provincias con exceso de personal o de gasto en personal suelen desatender la inversión en infraestructura, que les ayudaría a desarrollar sus economías y mejorar el bienestar de sus poblaciones.

Por caso, en el primer semestre de 2020 Chubut derivó el 84% de sus recursos corrientes al gasto en personal, con problemas para cumplir con los pagos y escaso margen para gastar en otra cosa.

El exceso de empleo público dificulta y encarece la contratación de trabajadores por parte del sector privado, lo que desalienta las inversiones privadas, que se dirigirán a provincias con mejor relación entre productividad y salarios. Pero además, las inversiones privadas son desalentadas por la mala calidad institucional que suele caracterizar a las jurisdicciones en las que el sector público tiene un peso muy relevante y el sector privado es relegado, pues suelen contar con escasa independencia en la justicia local, problemas para la libertad de expresión, escasa alternancia en el poder, entre otros inconvenientes en sus sistemas democráticos y republicanos, que general un mal clima de negocios.

La situación anterior ocurre principalmente en las llamadas provincias rentistas, que dependen en alta proporción de las transferencias nacionales y/o en que pesan mucho las actividades de extracción de petróleo, gas y minerales. Finalmente, la escasa inversión privada y pública traba el crecimiento económico, aun cuando suele tratarse de provincias fuertemente subsidiadas a través de las transferencias fiscales de la Nación.

Una posible causa de la configuración del sistema de transferencias fiscales existente en Argentina (y sus efectos perversos) podría estar dada por la excesiva sobre-representación política de algunas provincias. En este sentido, Argentina es uno de los países federales con mayor “sobrerepresentación” de algunas provincias, no sólo por el hecho que en el Senado de la Nación cada jurisdicción tiene igual cantidad de representantes, más allá del tamaño de su población, sino también porque en la Cámara de Diputados existe una cantidad mínima de legisladores por provincia, lo que aumenta la representación relativa de las provincias menos pobladas.

En este marco, las provincias menos pobladas y más sobre-representadas ayudan a diseñar un sistema de transferencias fiscales que las beneficia. Así, se tiene que en el Senado de la Nación, las 13 provincias menos pobladas del país, que pueden reunir una mayoría de votos (54%) en dicha cámara y filtrar así la aprobación de leyes, suman sólo un 16% de la población y 17% de las exportaciones totales del país, pero explican un 24% del gasto consolidado de las provincias y un 25% del empleo público provincial.

 

 

 

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