La tregua del campo: Lousteau implementará los reintegros con gobernadores que intermedien
La primera respuesta a la intimación al diálogo que elevaron las cuatro entidades del campo será que Martín Lousteau empiece a aplicar las compensaciones a las retenciones móviles a los productores, con la ayuda de los gobernadores.
Ya regresó del exterior el ministro de Economía y se halla en condiciones
de retomar los temas pendientes de ejecución respecto de la protesta agropecuaria,
como ser la implementación de los reintegros a chacareros que cosechen
hasta 500 toneladas de oleaginosas y la diferencia por flete a los que se encuentran
más distanciados de los puertos.
Antes de poner fecha a reunión cumbre alguna, como exigen los productores
tras pedir audiencia, la intención de la Casa Rosada es que sean los
gobernadores de las provincias interesadas directamente en este régimen
de retenciones y subsidios los que encabecen encuentros con representantes zonales,
a fin de instrumentar los detalles técnicos de cada una de las medidas
y sus alcances reales.
Una de las cuestiones a allanar es la regularización impositiva en cada
distrito, ya que la condición para acogerse al beneficio fiscal dispuesto
por el Ministerio de Economía de la Nación sería que se
haga contra factura.
Este rol de mediadores, y de algún modo, garantes del cumplimiento de
las pautas impositivas que rigen en todo el territorio, pone de nuevo en juego
a los mandatarios provinciales, quienes tendrán “potestad”
política para autorizar el reintegro a los pequeños productores
que estén en trámite de regularizarse con el fisco.
El de Entre Ríos, Sergio Uribarri, ha sido el primero en constituirse
en la delegación provincial de la ONCCA para acortar las distancias entre
la medida general y los campos.
Si bien los de Córdoba y Santa Fe, Juan Carlos Schiaretti y Hermes Binner,
se mantuvieron alejados de los palcos desde los cuales la presidenta fustigó
a los productores, no serían discriminados por el gobierno nacional en
la intermediación con los hombres del campo que accedan al subsidio.
En la provincia de Buenos Aires ya se empezó a analizar la composición
de las tierras afectadas a cosechas y ganadería mediante una suerte de
censo entre contribuyentes al impuesto inmobiliario rural, que servirá
para saber quién es quién a la hora de repartir reintegros, pero
también para calcular el valor a aplicar en el tributo territorial y
luego en las tasas municipales.
Los electorados rurales en cada una de las provincias, aunque no sean determinantes
en los comicios, tienen poder de desempate (caso Córdoba) cuando son
reñidos, y la conexión comercial y social con las ciudades resulta
determinante para formar opinión, lo cual se vio claramente en las adhesiones
que recibió el paro agropecuario desde los propios éjidos urbanos.
El mayor reclamo que reciben hoy por hoy gobernadores e intendentes es la falta
de presencia institucional de las demandas locales en foros específicos
como el Congreso Nacional y los foros federales. En otras palabras, que hayan
cedido terreno al manejo homogéneo de los recursos nacionales en un círculo
cerrado del poder central.
Pero en las grandes ciudades, la burocracia política vive otra realidad.
La Casa Rosada amplía la base de las retenciones, que no son coparticipadas
con las provincias, y las distribuye discrecionalmente entre los gobernadores
que le son afines o funcionales, lo que les permite a éstos afrontar
mayores gastos que los que les tocarían entre la torta fiscal nacional
y los ingresos propios. (Ver “Unitarismo con tácito consenso federal”
en sección Economía y Política.
Ya regresó del exterior el ministro de Economía y se halla en condiciones
de retomar los temas pendientes de ejecución respecto de la protesta agropecuaria,
como ser la implementación de los reintegros a chacareros que cosechen
hasta 500 toneladas de oleaginosas y la diferencia por flete a los que se encuentran
más distanciados de los puertos.
Antes de poner fecha a reunión cumbre alguna, como exigen los productores
tras pedir audiencia, la intención de la Casa Rosada es que sean los
gobernadores de las provincias interesadas directamente en este régimen
de retenciones y subsidios los que encabecen encuentros con representantes zonales,
a fin de instrumentar los detalles técnicos de cada una de las medidas
y sus alcances reales.
Una de las cuestiones a allanar es la regularización impositiva en cada
distrito, ya que la condición para acogerse al beneficio fiscal dispuesto
por el Ministerio de Economía de la Nación sería que se
haga contra factura.
Este rol de mediadores, y de algún modo, garantes del cumplimiento de
las pautas impositivas que rigen en todo el territorio, pone de nuevo en juego
a los mandatarios provinciales, quienes tendrán “potestad”
política para autorizar el reintegro a los pequeños productores
que estén en trámite de regularizarse con el fisco.
El de Entre Ríos, Sergio Uribarri, ha sido el primero en constituirse
en la delegación provincial de la ONCCA para acortar las distancias entre
la medida general y los campos.
Si bien los de Córdoba y Santa Fe, Juan Carlos Schiaretti y Hermes Binner,
se mantuvieron alejados de los palcos desde los cuales la presidenta fustigó
a los productores, no serían discriminados por el gobierno nacional en
la intermediación con los hombres del campo que accedan al subsidio.
En la provincia de Buenos Aires ya se empezó a analizar la composición
de las tierras afectadas a cosechas y ganadería mediante una suerte de
censo entre contribuyentes al impuesto inmobiliario rural, que servirá
para saber quién es quién a la hora de repartir reintegros, pero
también para calcular el valor a aplicar en el tributo territorial y
luego en las tasas municipales.
Los electorados rurales en cada una de las provincias, aunque no sean determinantes
en los comicios, tienen poder de desempate (caso Córdoba) cuando son
reñidos, y la conexión comercial y social con las ciudades resulta
determinante para formar opinión, lo cual se vio claramente en las adhesiones
que recibió el paro agropecuario desde los propios éjidos urbanos.
El mayor reclamo que reciben hoy por hoy gobernadores e intendentes es la falta
de presencia institucional de las demandas locales en foros específicos
como el Congreso Nacional y los foros federales. En otras palabras, que hayan
cedido terreno al manejo homogéneo de los recursos nacionales en un círculo
cerrado del poder central.
Pero en las grandes ciudades, la burocracia política vive otra realidad.
La Casa Rosada amplía la base de las retenciones, que no son coparticipadas
con las provincias, y las distribuye discrecionalmente entre los gobernadores
que le son afines o funcionales, lo que les permite a éstos afrontar
mayores gastos que los que les tocarían entre la torta fiscal nacional
y los ingresos propios. (Ver “Unitarismo con tácito consenso federal”
en sección Economía y Política.
