La Tablada: inminente conmutación de penas

Colombo confirmó que el decreto se firmará mañana, según las previsiones de De la Rúa. La mayoría de los detenidos dejaría la cárcel en abril de 2002, pero ellos advierten que seguirán en huelga.

28 diciembre, 2000

El jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, confirmó hoy (jueves 28) que mañana saldrán los decretos de necesidad y urgencia referidos a la conmutación de penas para los presos por el copamiento de La Tablada.

“Delo por hecho. Seguramente van a estar todos mañana”, afirmó Colombo en declaraciones en la Casa de Gobierno, refiriéndose también a los decretos para la reforma previsional, al plan de Infraestructura y la desregulación de las obras sociales.

El ministro de Justicia, Jorge De la Rúa, había asegurado hoy que era “inminente” la firma del decreto de “conmutación de penas”, mientras el mismo presidente Fernando de la Rúa había adelantado en la víspera que sería firmado “entre jueves y viernes”.

La decisión que adopto el Presidente se produjo después de haber recibido el aval de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para resolver por esa vía el conflicto internacional que provocó el caso.

El decreto de conmutación de penas no implicará la liberación inmediata de los 12 presos y la mayoría de los detenidos dejaría la cárcel recién en abril de 2002.

En este sentido, al visitar la Cámara Civil, si bien De la Rúa eludió precisar los alcances de ese decreto, explicó que dependerá de “la situación particular” de cada uno de los detenidos, que cumplen hoy 116 días de huelga de hambre.

En respuesta a estas declaraciones, los detenidos advirtieron que si la medida no les permite salir inmediatamente de prisión seguirán adelante con la huelga de hambre.

Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos, que depende de la OEA, le envió una carta al canciller Adalberto Rodríguez Giavarini, en la que sostiene “la inevitabilidad de adoptar medidas de carácter excepcional por parte del Poder Ejecutivo” para considerar cumplido el reclamo.

Además, por medio del comunicado que lleva la firma del comisionado Robert Goldman, relator de la CIDH para la Argentina, el organismo aseguró que “no avala una huelga de hambre que afecta la salud y arriesga la vida de las personas” y llamó a los detenidos a levantar la medida.

El Gabinete ministerial se encuentra dividido en relación a este tema; pero finalmente, se impuso la postura impulsada por Giavarini y el ministro del Interior, Federico Storani, a la que se sumaron el secretario general de la Presidencia, Horacio Jaunarena, y Jorge de la Rúa.

En su resistencia, el ministro de Defensa, Ricardo López Murphy tuvo como aliados al jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, y a la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich.

El jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, confirmó hoy (jueves 28) que mañana saldrán los decretos de necesidad y urgencia referidos a la conmutación de penas para los presos por el copamiento de La Tablada.

“Delo por hecho. Seguramente van a estar todos mañana”, afirmó Colombo en declaraciones en la Casa de Gobierno, refiriéndose también a los decretos para la reforma previsional, al plan de Infraestructura y la desregulación de las obras sociales.

El ministro de Justicia, Jorge De la Rúa, había asegurado hoy que era “inminente” la firma del decreto de “conmutación de penas”, mientras el mismo presidente Fernando de la Rúa había adelantado en la víspera que sería firmado “entre jueves y viernes”.

La decisión que adopto el Presidente se produjo después de haber recibido el aval de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para resolver por esa vía el conflicto internacional que provocó el caso.

El decreto de conmutación de penas no implicará la liberación inmediata de los 12 presos y la mayoría de los detenidos dejaría la cárcel recién en abril de 2002.

En este sentido, al visitar la Cámara Civil, si bien De la Rúa eludió precisar los alcances de ese decreto, explicó que dependerá de “la situación particular” de cada uno de los detenidos, que cumplen hoy 116 días de huelga de hambre.

En respuesta a estas declaraciones, los detenidos advirtieron que si la medida no les permite salir inmediatamente de prisión seguirán adelante con la huelga de hambre.

Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos, que depende de la OEA, le envió una carta al canciller Adalberto Rodríguez Giavarini, en la que sostiene “la inevitabilidad de adoptar medidas de carácter excepcional por parte del Poder Ejecutivo” para considerar cumplido el reclamo.

Además, por medio del comunicado que lleva la firma del comisionado Robert Goldman, relator de la CIDH para la Argentina, el organismo aseguró que “no avala una huelga de hambre que afecta la salud y arriesga la vida de las personas” y llamó a los detenidos a levantar la medida.

El Gabinete ministerial se encuentra dividido en relación a este tema; pero finalmente, se impuso la postura impulsada por Giavarini y el ministro del Interior, Federico Storani, a la que se sumaron el secretario general de la Presidencia, Horacio Jaunarena, y Jorge de la Rúa.

En su resistencia, el ministro de Defensa, Ricardo López Murphy tuvo como aliados al jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, y a la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich.

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