La falta de inversión es un antes, no un después

Un informe de la Cámara de Industriales de Proyectos e Ingeniería de Bienes de Capital de la República Argentina (CIPIBIC) sobre el financiamiento a la industria de bienes de capital concluye que entre los principales factores que, en materia crediticia, condicionan o restringen el desarrollo de la industria de bienes de capital en la Argentina sobresalen los siguientes:

• La vigencia de distintas restricciones para que las firmas del sector puedan acceder a líneas de crédito para el financiamiento de proyectos de inversión y/o capital de trabajo; y
• La ausencia de fuentes de impulso a la demanda interna de bienes de capital, por ejemplo mediante la vigencia de estructuras de financiamiento de largo plazo para la adquisición de bienes de capital fabricados en el país (en especial en grandes proyectos), así como de mecanismos de incentivo a la reinversión de utilidades y/o la amortización acelerada para maquinarias y equipos de origen nacional.

 

La estructura económica argentina se caracteriza por una escasa bancarización y una baja oferta de crédito a la actividad productiva, lo cual ha desembocado en un elevado nivel de auto-financiamiento (fundamentalmente en las pymes).

 

Los marcos regulatorios aplicados (sobre todo la Ley Nº 21.526 de Entidades Financieras y la normativa de Basilea) han propiciado y conllevado el retiro del Estado de su rol como asignador del crédito.

 

Todo ello ha tenido impactos muy variados sobre el desempeño económico (concentración de la producción, fragmentación del segmento de las pymes, perfil de especialización muy ligado al aprovechamiento de las ventajas comparativas con que cuenta el país, predominio de actividades “no productivas ni proclives a potenciar la inversión” en el destino del crédito, inequidades territoriales, procesos de “sustitución inversa”, dependencia tecnológica, etc.), señala el reporte, que lleva la firma de Rubén Fabricio.

 

Algunas propuestas básicas

 

En vistas de avanzar sobre estos sesgos del sistema financiero, y dados los objetivos de política económica que debería tener cualquier Estado para promover el desarrollo económico (con especial atención a la industria de bienes de capital), resulta primordial avanzar en las discusiones tendientes a modificar la regulación vigente y delinear nuevos mecanismos de financiamiento.

 

Algunos lineamientos al respecto deberían apuntar a:

• Por el lado de la demanda, sería importante poner en funcionamiento líneas de crédito preferenciales y de largo plazo para orientar la inversión hacia bienes de capital de origen nacional (en particular, aunque no exclusivamente, en lo que respecta al financiamiento de grandes proyectos)8;
• Por el lado de la oferta, se sugiere implementar estructuras de financiamiento ad hoc para los productores nacionales de medios de producción que sean “flexibles” en diferentes aspectos: tasas, plazos, condiciones en materia de garantías y requisitos patrimoniales, rubros elegibles, etc.;
• Avanzar en una revisión de los programas de asistencia financiera del gobierno nacional con vistas a corregir los sesgos que suelen caracterizarlos; e impulsar en los bancos, sobre todo en los públicos, y en los ministerios con incumbencia en temas productivos la constitución de equipos técnicos con capacidad para evaluar los proyectos de inversión de sectores industriales en general, y de productores de maquinarias y equipos en particular.

 

Desplome

 

Tras la debacle económica de 2001-2002 en la Argentina, el financiamiento al sector privado no financiero se desplomó estrepitosamente.

 

Recién a mediados de 2004 los créditos bancarios mostraron sus primeros síntomas de recuperación. Entre dicho año y 2012, los préstamos al sector privado no financiero pasaron de representar cerca del 8% del PBI a alrededor del 15%.

 

Al respecto, Las evidencias internacionales disponibles para 2012 indican que:

• Entre las naciones que lideran este indicador figuran Japón (179%), Estados Unidos (187%) y Hong Kong (198%);
• En los países desarrollados de Europa el indicador oscila entre el 100% y el 120% (Italia, Francia y Alemania);
• Una mención aparte merecen los llamados “tigres asiáticos”: en la generalidad de los casos, los países que atravesaron por procesos de industrialización tardía muestran un fuerte anclaje en el sistema financiero; por ejemplo, los préstamos internos al sector privado no financiero representan el 148% del PBI en Tailandia, el 137% en Corea del Sur, el 133% en China, el 118% en Malasia y el 116% en Singapur;
• Y en lo que respecta a la región, Chile manifiesta el registro más elevado (100%), seguido por Brasil con casi el 70%. Por su parte, Colombia alcanza el 49%, Bolivia y Paraguay aproximadamente el 45%, mientras que en Perú, Ecuador, Venezuela y Uruguay los coeficientes rondan el 25% de los respectivos PBI.

 

En suma, se trata de sistemas financieros mucho más “profundos” que el argentino.

 

Destinatarios

 

El período 2003-2012 se afianzó en nuestro país una estructura de crédito tendiente a financiar el consumo y a corto plazo.

 

En particular, las líneas destinadas al financiamiento de saldos de tarjetas de crédito y de préstamos personales mostraron las tasas de crecimiento interanuales más elevadas a lo largo del decenio aludido y constituyen, en conjunto, más del 50% del total de los préstamos concedidos al sector privado no financiero.

 

En otras palabras, uno de los rasgos distintivos del funcionamiento del sistema financiero en la Argentina es la preponderancia del crédito al consumo por sobre el destinado a la inversión de mediano y largo plazo (tanto en términos generales como en lo que se refiere a la ampliación de las capacidades productivas domésticas).

Por otra parte, al analizar la estructura de financiamiento por tramo de deuda se observa que la participación de la cartera pyme en el total de los préstamos para el conjunto de bancos apenas alcanzó el 25% a lo largo del período bajo estudio.

 

La distribución de los créditos replica y amplía la concentración de la producción industrial: un grupo menor de grandes empresas y grupos económicos se lleva la mayor parte del financiamiento al sector productivo.

 

No sólo los bancos encuentran a estos actores mucho más rentables y con garantías más sólidas, sino que las compañías de menor envergadura enfrentan numerosas limitaciones para acceder al crédito bancario. Esto no es menor en la medida en que son las pymes las que, en los hechos, suelen estar impedidas de acceder a fuentes alternativas de financiamiento, más allá de los intentos –de escaso impacto real– que han habido por desarrollar un mercado de valores, principalmente a través de los cheques de pago diferido, o el mecanismo de las sociedades de garantías recíprocas.

 

En esa reducida financiación al segmento de las pymes, cabe apuntar que ha sido un número acotado de empresas el que ha logado fondearse; ello, dadas las “rigideces” características del sistema financiero doméstico, entre otras, en materia de garantías, requisitos de acceso y perfil de los instrumentos existentes. Se trata, en su mayoría, de pymes de cierta envergadura (más medianas que pequeñas), con un relativamente elevado componente de formalización de sus actividades, que están ubicadas en las zonas productivas más prósperas de las distintas provincias y regiones y que poseen una vinculación más o menos estrecha con los núcleos productivos predominantes. De esto se sigue que existe una cantidad considerable de pymes que no se constituye como “sujeto de crédito”, no por la falta de proyectos de inversión, sino porque por diversas razones no reúne los requisitos exigidos por los bancos (tamaño patrimonial reducido, informalidad, inserción sectorial, ausencia de garantías “adecuadas”, etc.).

En este contexto debería tomar relevancia el comportamiento de la banca pública. Si bien se diferencia respecto de la banca privada, el financiamiento al sector privado productivo mantiene un lugar restringido en el total del crédito, en especial el destinado a los sectores más pequeños de la producción.

 

Más allá de algunas líneas de crédito del Banco Nación y el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), la banca pública e incluso la cooperativa actúan bajo una lógica similar que la banca privada.

De allí que no resulten casuales las implicancias de esta dinámica financiera en el afianzamiento de las tendencias a la concentración económica y la segmentación del tejido pyme en el transcurso de la posconvertibilidad.

 

En los últimos años el gobierno nacional ha lanzado o relanzado líneas de asistencia financiera que, en su “espíritu”, procuran incrementar la “profundidad” del sistema financiero en lo que respecta al apalancamiento de la inversión reproductiva.

 

En tal sentido, se destacan los ejemplos del Programa de Financiamiento Productivo del Bicentenario (lanzado en 2010), la reforma a la carta orgánica del Banco Central de 2012 (que, entre otras cosas, estableció que las entidades bancarias deben destinar el 5% de su cartera a créditos productivos, en particular para el segmento pyme) y la creación en 2014 del Fondo para el Desarrollo Económico Argentino (Fondear). Este último puede resultar una herramienta decisiva, no solo por los altos montos del fondeo que se anunciaron sino, sobre todo por la flexibilidad de las garantías, que tendrían un carácter no bancario.

 

Se ha definido al sector de Bienes de Capital como estratégico para el Fondear, y aunque se aclaró que financiará la oferta y no la demanda de cada sector, es dable esperar impactos positivos en la actividad sectorial. 

 

En lo que lleva de transcurrida la década actual se manifiesta un aumento en la participación de los créditos al sector privado no financiero en el PBI total (de casi 4 puntos porcentuales entre 2010 y 2012); sin embargo, las evidencias disponibles indican que, en la medida en que estas líneas no implican una revisión de los criterios que suelen priorizar los bancos en la asignación crediticia, no se ha logrado romper el sesgo apuntado de favorecer a las grandes empresas y, dentro del tejido pyme, a las compañías medianas y más formales3.

Como complemento de las consideraciones realizadas, cabe analizar someramente los resultados de la dinámica aludida sobre la estructura económica de la Argentina.

 

Distribución sectorial del crédito

 

Pocos fueron los cambios en términos de composición del crédito. Más allá de lo sucedido en los primeros años de recuperación económica, de 2006 en adelante la participación relativa de cada actividad industrial en el total de financiaciones al sector privado no se ha visto mayormente alterada.

 

En 2013, los sectores fabriles más representativos fueron la industria alimenticia y la elaboradora de sustancias y productos químicos, es decir, dos de las actividades manufactureras de mayor gravitación en la estructura sectorial.

 

En ese marco, la participación del sector fabricante de maquinarias, equipos e instrumentos en el crédito al sector privado no financiero siempre se ubicó por debajo del 2%.

 

En consecuencia, se trata de un tipo de financiamiento que no apuntala procesos de cambio estructural en el perfil de especialización productiva e industrial de la Argentina (reforzando, por ende, la centralidad y el predominio de rubros ligados mayormente al procesamiento de recursos naturales), al tiempo que afianza los procesos de concentración del capital y de fragmentación del entramado pyme, es decir, la heterogeneidad estructural que caracteriza a la economía nacional.

 

Inversión e incorporación de bienes de capital

 

Por su relación con la evolución del financiamiento a la actividad productiva, vale realizar algunas consideraciones sobre la trayectoria reciente de la inversión en general, y de aquella relacionada con la incorporación de bienes de capital en particular.

 

A comienzos de la década de 2010, el PBI total del país era el 77,4% más elevado que en 2001, mientras que el correspondiente al conjunto de las manufacturas era el 83,8% superior.

 

En el caso de la industria de bienes de capital, los niveles de actividad de 2011 más que duplicaron a los bajísimos registros verificados a fines de la convertibilidad.

 

En ese contexto expansivo en términos agregados, y luego del desplome de la formación del capital sobrevenido con la crisis y el abandono del esquema de caja de conversión fija, la tasa de inversión aumentó de forma significativa (11,5 puntos del PBI entre 2002 y 2012 –al final de la serie fue del 22,8%, con un valor máximo del 24,5% en 2011).

 

En particular, las evidencias disponibles indican que la inversión destinada a la incorporación de maquinarias y equipos explica el 37% del incremento de la formación de capital al cabo de la década señalada, siendo la construcción el ítem de mayor dinamismo en tanto dio cuenta de alrededor del 50% de la suba experimentada por el coeficiente inversor (el resto provino de las erogaciones en material de transporte, con un componente importado considerable).

Inversión en bienes de capital

 

Durante el decenio de 1990, en un contexto de apertura importadora, rezago cambiario, vigencia del “arancel cero” y reestructuración sectorial regresiva, las maquinarias importadas aumentaron fuertemente su presencia: pasaron de significar algo más del 39% de la inversión global en este rubro, a casi el 52% en 2001.

 

Luego de 2002, en el que los productos procedentes del exterior representaron el 24,2% de la exigua inversión total en bienes de capital, la expansión de la actividad económica e industrial, así como de la formación de capital, derivó en una suba pronunciada en las importaciones de maquinarias y equipos: en 2012 dieron cuenta del 61,3% del total invertido en el rubro.

El hecho de que en la última década, bajo el influjo de una economía en crecimiento, el “dólar alto” (hasta 2007-2008) y un régimen macroeconómico mucho más proclive que su antecesor al dinamismo de las actividades productivo-industriales, se haya registrado un aumento tan pronunciado en el componente importado de bienes de capital dentro de la inversión, es indicativo de que, a raíz de la desindustrialización de la fase 1976-2001 y de ciertos aspectos críticos de la posconvertibilidad (como, por caso, el despliegue de un proceso acotado de sustitución de importaciones en lo cuantitativo y lo cualitativo), el sector nacional productor de maquinarias y equipamientos para la producción presenta un ostensible déficit de competitividad y, por diversas razones, carece de “espalda” suficiente para hacer frente a una demanda inversora en expansión.

 

Así, la industria local de bienes de capital tiene una participación sumamente exigua en los préstamos a los sectores productivos, al tiempo que una proporción muy considerable de la inversión que se realiza en otros sectores (muchas veces financiada por la vía bancaria y/o a través de diversas subvenciones estatales) se sustenta en maquinarias importadas que, en no pocos casos, desplaza a fabricantes nacionales dando lugar a una suerte de “sustitución inversa”.

 

Mediante diferentes instrumentos (Fonapyme, Sistemas Productivos Locales, Fontar, Fonarsec, Prosap, diversas líneas crediticias del Consejo Federal de Inversiones, etc.), el gobierno nacional, a través de distintos ministerios, ofrece asistencia financiera a las empresas de menor tamaño (créditos a tasa subsidiada, aportes no reintegrables, amplios plazos de repago y períodos de gracia, etc.).

 

Se trata de herramientas interesantes que, no obstante, adolecen de ciertos sesgos no menores en su aplicación efectiva, entre los que sobresalen: lo engorroso de los procedimientos burocráticos involucrados, las exigencias a los beneficiarios (más flexibles que las de los bancos, aun así con restricciones importantes en materia de “amplitud de acceso”), la demora en la asignación de los fondos, lo acotado de los montos disponibles y, con pocas excepciones, el hecho de que no “atan” la asistencia financiera a algún tipo de incorporación de maquinarias y tecnologías elaboradas en el país. Naturalmente, todo ello restringe sobremanera la capacidad de crecimiento sectorial y la posibilidad de acceder a grados superiores de competitividad internacional.