sábado, 7 de diciembre de 2024

La Corte Suprema analiza su ajuste

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Mañana, jueves, el alto tribunal que preside Julio Nazareno resolverá qué mediadas adopta el Poder Judicial frente a la ley de ajuste de gasto público.

(NA). – Los miembros de la Corte Suprema de Justicia resolverán mañana (jueves 9) qué medidas de reducción de presupuesto adoptará la Justicia en el marco del ajuste de gastos solicitado por el gobierno de Fernando de la Rúa.

Varios de los magistrados del Alto Tribunal habían dejado trascender que no son partidarios de recortes salariales, aunque estarían dispuestos a buscar mecanismos de achicamiento de gastos administrativos.

La Comisión de Administración del Consejo de la Magistratura, por ejemplo, dispuso en la víspera no rebajar los salarios de los magistrados y sí aplicar una reducción de gastos en la compra de papelería, viáticos y servicios.

Asimismo, solicitaron un presupuesto para el sector de $ 800 millones que ya elevaron a la Corte Suprema.

Esos puntos serán analizados mañana por el alto tribunal que preside Julio Nazareno.

En tanto, el juez de Cámara porteño Hugo Rocha Degreef señaló que la crisis económica “no se soluciona quitándole el sueldo a los jueces; se soluciona quitándole a aquellos que se llevaron el dinero fuera de la Argentina”.

De todos modos, en declaraciones formuladas a Radio 10 consideró que los jueces tienen “una situación de privilegio porque no pagamos impuestos” y se mostró partidario de que se realice algún ajuste en el sector.

“Gestos heroicos corresponden a todo el mundo, y no se debe hacer discriminaciones entre trabajadores públicos, privados, judiciales o legisladores”, apuntó.

En este sentido, agregó que “los jueces antiguamente percibían el equivalente a una renta para asegurarse la honestidad de sus actos y que no se influya en ellos; no sólo adquirir un sueldo privilegiado, sino también una renta vitalicia justamente para asegurar esa necesidad”.

El Gobierno nacional impulsó la extensión del recorte salarial a la Justicia y el Poder Legislativo, al proponer la ley de ajuste de gasto público, que establece la alternativa de producir recortes en salarios y jubilaciones cuando la recaudación sea insuficiente.

(NA). – Los miembros de la Corte Suprema de Justicia resolverán mañana (jueves 9) qué medidas de reducción de presupuesto adoptará la Justicia en el marco del ajuste de gastos solicitado por el gobierno de Fernando de la Rúa.

Varios de los magistrados del Alto Tribunal habían dejado trascender que no son partidarios de recortes salariales, aunque estarían dispuestos a buscar mecanismos de achicamiento de gastos administrativos.

La Comisión de Administración del Consejo de la Magistratura, por ejemplo, dispuso en la víspera no rebajar los salarios de los magistrados y sí aplicar una reducción de gastos en la compra de papelería, viáticos y servicios.

Asimismo, solicitaron un presupuesto para el sector de $ 800 millones que ya elevaron a la Corte Suprema.

Esos puntos serán analizados mañana por el alto tribunal que preside Julio Nazareno.

En tanto, el juez de Cámara porteño Hugo Rocha Degreef señaló que la crisis económica “no se soluciona quitándole el sueldo a los jueces; se soluciona quitándole a aquellos que se llevaron el dinero fuera de la Argentina”.

De todos modos, en declaraciones formuladas a Radio 10 consideró que los jueces tienen “una situación de privilegio porque no pagamos impuestos” y se mostró partidario de que se realice algún ajuste en el sector.

“Gestos heroicos corresponden a todo el mundo, y no se debe hacer discriminaciones entre trabajadores públicos, privados, judiciales o legisladores”, apuntó.

En este sentido, agregó que “los jueces antiguamente percibían el equivalente a una renta para asegurarse la honestidad de sus actos y que no se influya en ellos; no sólo adquirir un sueldo privilegiado, sino también una renta vitalicia justamente para asegurar esa necesidad”.

El Gobierno nacional impulsó la extensión del recorte salarial a la Justicia y el Poder Legislativo, al proponer la ley de ajuste de gasto público, que establece la alternativa de producir recortes en salarios y jubilaciones cuando la recaudación sea insuficiente.

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