La CGT decide si acepta la propuesta de Kirchner de firmar una tregua social

El ofrecimiento es llevar en agosto el salario mínimo al costo que da el Indec de la canasta básica: $ 920 y ajustar asignaciones familiares y jubilaciones mínimas. Desde el Congreso intentan sumar a la UIA a un aporte a la paz social hasta octubre.

5 julio, 2007

La llamada mesa chica de la CGT define la posición que llevará ante el presidente Néstor Kirchner la semana que viene, cuando sean recibidos para acordar una “tregua” hasta después de las elecciones de octubre.

La propuesta del primer mandatario, canalizada a través de Hugo Moyano a sus pares de la central obrera, consiste en aumentar en agosto el salario mínimo, vital y móvil de $ 880 a $ 920. Los sindicalistas pretenden $ 1.030, pero el monto ofrecido por el gobierno coincide con el valor que le asigna el Indec a la canasta básica.

Además, Kirchner quiere reservarse otra carta social antes de las elecciones: un ajuste a los haberes mínimos jubilatorios y a las asignaciones familiares.

El comité cegetista que se reúne con vistas a acudir a la cita presidencial está encabezado por el camionero Moyano, junto con Luis Barrionuevo (gastronómicos), Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (UOCRA), Antonio Caló (UOM), José Luis Lingieri (Obras Sanitarias), Jorge Viviani (taxis), Vicente Mostrocola (plásticos), Jerónimo Venegas (rurales) y Roberto Fernández (colectiveros).

No sólo preocupan al primer mandatario los reclamos salariales en campaña preelectoral, sino las repercusiones que podrían tener las suspensiones de personal que disponen las fábricas para adecuarse a los recortes de energía.

El pedido de Kirchner a Moyano es que la central obrera oficie de contención a las quejas de las bases por las derivaciones laborales que tiene el racionamiento energético y por la erosión del poder adquisitivo del salario que produce la inflación.

Moyano trasladó al seno de la entidad su apoyo a la propuesta oficial, habida cuenta de que la incidencia de los retoques a los mínimos salariales cae de lleno en la caja de las obras sociales que administran.

Y que era preferible hacer un esfuerzo para contribuir a la reelección de este gobierno, encarnado por Cristina Kirchner. Dentro de ese contexto, defendió entusiastamente ante sus pares la necesidad de establecer una tregua que amortigüe movilizaciones y protestas derivadas de suspensiones en la industria automotriz, metalúrgica, curtiembres y estaciones de servicio, a raíz del desabastecimiento energético.

Los gremialistas piden el Ministerio de Trabajo del próximo gobierno, luego del anunciado retiro de Carlos Tomada. El candidato cegetista a cubrir el cargo es el diputado Jorge Recalde, férreo defensor de los intereses de la central obrera en el debate por la reforma laboral.

Impulso parlamentario

En el ámbito legislativo es donde se gesta la inclusión de la Unión Industrial Argentina en la tregua social ofrecida a la CGT y es Daniel Funes de Rioja el portador de la inquietud ante la cúpula fabril.

El descontento de los empresarios por la situación energética sería la barrera para concretar la adhesión patronal al compromiso de la CGT, aunque un marco institucional como el que podría conferirle el Parlamento sería de gran ayuda a la dirigencia para imponerle a las bases una participación como la que persigue el gobierno.

El argumento de situar el período preelectoral en un clima civilizado, como el que le faltó a los comicios porteños por los arteros ataques que caracterizaron las campañas, es el esgrimido por los impulsores de la tregua socioeconómica propuesta.

En esa misma dirección, el interventor del PJ, Ramón Ruiz, convocará para la primera semana de agosto al congreso nacional partidario, según adelantáramos.

El motivo: autorizar alianzas y homologar la postulación de Cristina Kirchner.
Es el paso inicial del primer mandatario para asumir las riendas del PJ una vez que deje la Presidencia de la Nación.

La llamada mesa chica de la CGT define la posición que llevará ante el presidente Néstor Kirchner la semana que viene, cuando sean recibidos para acordar una “tregua” hasta después de las elecciones de octubre.

La propuesta del primer mandatario, canalizada a través de Hugo Moyano a sus pares de la central obrera, consiste en aumentar en agosto el salario mínimo, vital y móvil de $ 880 a $ 920. Los sindicalistas pretenden $ 1.030, pero el monto ofrecido por el gobierno coincide con el valor que le asigna el Indec a la canasta básica.

Además, Kirchner quiere reservarse otra carta social antes de las elecciones: un ajuste a los haberes mínimos jubilatorios y a las asignaciones familiares.

El comité cegetista que se reúne con vistas a acudir a la cita presidencial está encabezado por el camionero Moyano, junto con Luis Barrionuevo (gastronómicos), Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (UOCRA), Antonio Caló (UOM), José Luis Lingieri (Obras Sanitarias), Jorge Viviani (taxis), Vicente Mostrocola (plásticos), Jerónimo Venegas (rurales) y Roberto Fernández (colectiveros).

No sólo preocupan al primer mandatario los reclamos salariales en campaña preelectoral, sino las repercusiones que podrían tener las suspensiones de personal que disponen las fábricas para adecuarse a los recortes de energía.

El pedido de Kirchner a Moyano es que la central obrera oficie de contención a las quejas de las bases por las derivaciones laborales que tiene el racionamiento energético y por la erosión del poder adquisitivo del salario que produce la inflación.

Moyano trasladó al seno de la entidad su apoyo a la propuesta oficial, habida cuenta de que la incidencia de los retoques a los mínimos salariales cae de lleno en la caja de las obras sociales que administran.

Y que era preferible hacer un esfuerzo para contribuir a la reelección de este gobierno, encarnado por Cristina Kirchner. Dentro de ese contexto, defendió entusiastamente ante sus pares la necesidad de establecer una tregua que amortigüe movilizaciones y protestas derivadas de suspensiones en la industria automotriz, metalúrgica, curtiembres y estaciones de servicio, a raíz del desabastecimiento energético.

Los gremialistas piden el Ministerio de Trabajo del próximo gobierno, luego del anunciado retiro de Carlos Tomada. El candidato cegetista a cubrir el cargo es el diputado Jorge Recalde, férreo defensor de los intereses de la central obrera en el debate por la reforma laboral.

Impulso parlamentario

En el ámbito legislativo es donde se gesta la inclusión de la Unión Industrial Argentina en la tregua social ofrecida a la CGT y es Daniel Funes de Rioja el portador de la inquietud ante la cúpula fabril.

El descontento de los empresarios por la situación energética sería la barrera para concretar la adhesión patronal al compromiso de la CGT, aunque un marco institucional como el que podría conferirle el Parlamento sería de gran ayuda a la dirigencia para imponerle a las bases una participación como la que persigue el gobierno.

El argumento de situar el período preelectoral en un clima civilizado, como el que le faltó a los comicios porteños por los arteros ataques que caracterizaron las campañas, es el esgrimido por los impulsores de la tregua socioeconómica propuesta.

En esa misma dirección, el interventor del PJ, Ramón Ruiz, convocará para la primera semana de agosto al congreso nacional partidario, según adelantáramos.

El motivo: autorizar alianzas y homologar la postulación de Cristina Kirchner.
Es el paso inicial del primer mandatario para asumir las riendas del PJ una vez que deje la Presidencia de la Nación.

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