La Anses canceló 1.300 jubilaciones truchas

Según Laxageborde, el Estado ahorraría unos $ 36 millones entre este año y el 2002. “Los implicados tienen que devolver todo lo que efectivamente han cobrado”, aseguró el funcionario.

6 septiembre, 2001

(DYN)- El gerente de Control y Prevención de Fraude de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Juan José Laxageborde, reveló hoy (jueves 6) que como resultado de las investigaciones para detectar jubilaciones truchas “ya hemos dado de baja 1.300 jubilaciones que implican un ahorro para el Estado estimado en $ 36 millones entre este año y el 2002”.

El funcionario indicó al respecto que “hemos hecho las denuncias penales para que los culpables vayan presos y nos devuelvan la plata indebidamente cobraron”, refiriendo que la asignación de jubilaciones indebidas se produjo principalmente entre el año 1994 y 1996, cuando se transfirieron las Cajas de 10 provincias mas la de la Capital Federal a la Nación.

Laxageborde detalló el trabajo de investigación realizado en el padrón de jubilados de La Rioja, y señaló que “desde el punto de vista administrativo los implicados tienen que devolver todo lo que efectivamente han cobrado ya que si no pagan son pasibles de un embargo, o de una inhibición general de bienes”.

(DYN)- El gerente de Control y Prevención de Fraude de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Juan José Laxageborde, reveló hoy (jueves 6) que como resultado de las investigaciones para detectar jubilaciones truchas “ya hemos dado de baja 1.300 jubilaciones que implican un ahorro para el Estado estimado en $ 36 millones entre este año y el 2002”.

El funcionario indicó al respecto que “hemos hecho las denuncias penales para que los culpables vayan presos y nos devuelvan la plata indebidamente cobraron”, refiriendo que la asignación de jubilaciones indebidas se produjo principalmente entre el año 1994 y 1996, cuando se transfirieron las Cajas de 10 provincias mas la de la Capital Federal a la Nación.

Laxageborde detalló el trabajo de investigación realizado en el padrón de jubilados de La Rioja, y señaló que “desde el punto de vista administrativo los implicados tienen que devolver todo lo que efectivamente han cobrado ya que si no pagan son pasibles de un embargo, o de una inhibición general de bienes”.

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