Kirchner-Moyano, pacto, sin otro compromiso que sostenerlo hasta que firme
La retirada de Barrionuevo y los Gordos del consejo directivo de la CGT hizo tambalear al secretario general. El gobierno, sin abrirle las listas de diputados y sin asegurar que no dará personería a CTA, lo apoyó.
En tanto cerró el presupuesto como hecho consumado para concertar.
El presidente Néstor Kirchner salió a respaldar al titular de la CGT, Hugo Moyano, ante los embates recibidos por el camionero de sus pares Luis Barrionuevo y los llamados “Gordos”, quienes se retiraron de la mesa de conducción de la entidad para debilitarlo y forzar su desplazamiento.
El primer mandatario considera a Moyano vital para cerrar un pacto social que acompañe la primera etapa de un eventual gobierno de Cristina Kirchner, en connivencia con el titular de la UIA, Juan Lascurain.
De todos modos, el espaldarazo presidencial lejos estuvo de ser un cheque en blanco para el dirigente aliado, ya que en sendas reuniones que compartieron también estuvo presente quien suena como sucesor, el metalúrgico Antonio Calo.
Tampoco hubo de parte del gobierno señal alguna de que el acercamiento significaría vetar la gestión de personería gremial para la Central de Trabajadores Argentinos, a la que también necesita para incluir en la concertación.
En realidad, el debilitamiento de Moyano se tradujo en la omisión de los candidatos obreros a integrar las boletas oficiales de candidatos para la próxima elección. Sin embargo, tanto el judicial Julio Piumato como el rural Jerónimo Villegas integraron la comitiva que tuvo dos encuentros con el presidente, pese a haber sido ignorados al confeccionarse las listas.
De este modo, el poder de presión de la CGT a la Casa Rosada se diluyó con los enfrentamientos internos, y la única aspiración de Moyano se redujo a ser sostenido por Kirchner y que el propio primer mandatario sea quien le sostenga la mano cuando su esposa asuma, obviamente para lo cual primero tendría que imponerse en los comicios. El precio que deberá pagar será, justamente, lo que advirtió a la candidata oficial que no haría: brindar su apoyo y contener las demandas sin conocerla.
El rédito que recibe el discutido líder de la CGT es la virtual homologación por parte del gobierno de sus maniobras para engrosar la caja del sindicato que controla con su hijo, el de los camioneros, quitándole afiliados a los gremios colegas, como hizo principalmente con los mercantiles y gastronómicos.
De ahí la retirada del consejo directivo de los dirigentes afectados, como Armando Cavalieri y Barrionuevo, a quienes acompañaron sus naturales aliados, los Gordos, el ferroviario José Pedraza, West Ocampo (sanidad) y Rodolfo Daer (alimentación).
El presidente se metió de lleno a anudar un pacto social que pueda ponerse en marcha antes de fin de año, si es que Cristina triunfa en las elecciones, cosa que descuenta. Y para ello necesita de los máximos sellos sociales, sin reparar demasiado en lo que suceda debajo de la corteza, ya que el acuerdo servirá para mostrar afuera una cohesión socioeconómica formal que acompañe el resultado de las urnas.
De cualquier manera, ya envió al Congreso el proyecto de presupuesto del año que viene, que deberá administrar el gobierno que lo suceda, donde ya están definidas las pautas de inflación (8%), superávit primario (3,15 puntos del PIB) y crecimiento (4 %) sobre las que los actores sociales deberán “firmar al pie” como hecho consumado.
La iniciativa en cuestión, que será la que se convierta en ley y cuente con el aval de las cúpulas empresarias y sindicales, ya lleva aumentos en el programa de seguridad social y en la asignación a Planificación Federal, que es el administrador de los subsidios y obras orientados a la energía y el transporte.
¿Cuál será el margen de negociación en consecuencia? La representatividad de los firmantes, bendecida por el gobierno, aparece como el premio subyacente.
El estilo de confección del presupuesto repite los precedentes. O sea, la subestimación en los cálculos de crecimiento e inflación para conjugar ambos con el despuntar de la ejecución y que se redistribuyan las partidas apelando a los superpoderes que el Congreso le otorgara al jefe de Gabinete.
Alberto Fernández hizo uso este año en 37 oportunidades de sus prerrogativas para redireccionar gastos. En la última oportunidad movilizó 12 % de un plumazo, o sea, $ 14.000 millones.
El aval social a este procedimiento requiere, en principio, de sentar a aliados incondicionales a la mesa, de ahí la importancia que asignó Kirchner a sostener a Moyano pese a no ser santo de la devoción de la por ahora primera dama.
Con la UIA, el acuerdo se concretó “a libro cerrado” al limarse asperezas entre el primer mandatario y el líder empresarial Paolo Roca. El número uno de Techint no es ajeno al nombramiento de un ex ejecutivo del holding, Juan Carlos Lascurain, al frente de la UIA, ni a la designación de Miguel Peirano (otro ex miembro de su staff) al frente del Palacio de Hacienda.
Y por si hubiera hecho falta un gesto oficial fuerte, la presencia del matrimonio Kirchner en las plantas de Techint y Aluar como parte de la campaña terminó de abrochar el paquete.
Moyano, en cambio, tiene un tembladeral debajo, que el gobierno se encarga de exacerbar, ya que no le conviene un desplazamiento del camionero que ungiera a Barrionuevo o los Gordos, en quienes no confía, pero tampoco le sería útil a su estrategia que se les impusiera.
La pantalla del titular de la CGT le ha costado al gobierno una transferencia de fondos y de poder que ya considera suficiente: hasta es miembro del directorio de Belgrano Cargas y maneja una de las obras sociales más fuertes.
Alberto Fernández ya le envió una señal de sosegate al incluir al portero Víctor Santa María en el segundo lugar de la lista porteña y se ocupó de incluir al metalúrgico Antonio Calo en los encuentros con el presidente.
También ha quedado en la órbita del jefe de Gabinete la negociación con la CTA, cuyo titular Hugo Yasky llenó todos los formularios para el reconocimiento de la personería gremial que le abrirá las puertas a los convenios colectivos.
La CTA suma unos 250 gremios y cuenta en sus filas a uno de los candidatos a diputado por el kirchnerismo, el socialista Ariel Basteiro, pero la puntada final del acercamiento al gobierno viene siendo trabada por Moyano y la UIA, los pilares de la concertación social que pretende imponer el gobierno de Kirchner “a libro cerrado”.
En tanto cerró el presupuesto como hecho consumado para concertar.
El presidente Néstor Kirchner salió a respaldar al titular de la CGT, Hugo Moyano, ante los embates recibidos por el camionero de sus pares Luis Barrionuevo y los llamados “Gordos”, quienes se retiraron de la mesa de conducción de la entidad para debilitarlo y forzar su desplazamiento.
El primer mandatario considera a Moyano vital para cerrar un pacto social que acompañe la primera etapa de un eventual gobierno de Cristina Kirchner, en connivencia con el titular de la UIA, Juan Lascurain.
De todos modos, el espaldarazo presidencial lejos estuvo de ser un cheque en blanco para el dirigente aliado, ya que en sendas reuniones que compartieron también estuvo presente quien suena como sucesor, el metalúrgico Antonio Calo.
Tampoco hubo de parte del gobierno señal alguna de que el acercamiento significaría vetar la gestión de personería gremial para la Central de Trabajadores Argentinos, a la que también necesita para incluir en la concertación.
En realidad, el debilitamiento de Moyano se tradujo en la omisión de los candidatos obreros a integrar las boletas oficiales de candidatos para la próxima elección. Sin embargo, tanto el judicial Julio Piumato como el rural Jerónimo Villegas integraron la comitiva que tuvo dos encuentros con el presidente, pese a haber sido ignorados al confeccionarse las listas.
De este modo, el poder de presión de la CGT a la Casa Rosada se diluyó con los enfrentamientos internos, y la única aspiración de Moyano se redujo a ser sostenido por Kirchner y que el propio primer mandatario sea quien le sostenga la mano cuando su esposa asuma, obviamente para lo cual primero tendría que imponerse en los comicios. El precio que deberá pagar será, justamente, lo que advirtió a la candidata oficial que no haría: brindar su apoyo y contener las demandas sin conocerla.
El rédito que recibe el discutido líder de la CGT es la virtual homologación por parte del gobierno de sus maniobras para engrosar la caja del sindicato que controla con su hijo, el de los camioneros, quitándole afiliados a los gremios colegas, como hizo principalmente con los mercantiles y gastronómicos.
De ahí la retirada del consejo directivo de los dirigentes afectados, como Armando Cavalieri y Barrionuevo, a quienes acompañaron sus naturales aliados, los Gordos, el ferroviario José Pedraza, West Ocampo (sanidad) y Rodolfo Daer (alimentación).
El presidente se metió de lleno a anudar un pacto social que pueda ponerse en marcha antes de fin de año, si es que Cristina triunfa en las elecciones, cosa que descuenta. Y para ello necesita de los máximos sellos sociales, sin reparar demasiado en lo que suceda debajo de la corteza, ya que el acuerdo servirá para mostrar afuera una cohesión socioeconómica formal que acompañe el resultado de las urnas.
De cualquier manera, ya envió al Congreso el proyecto de presupuesto del año que viene, que deberá administrar el gobierno que lo suceda, donde ya están definidas las pautas de inflación (8%), superávit primario (3,15 puntos del PIB) y crecimiento (4 %) sobre las que los actores sociales deberán “firmar al pie” como hecho consumado.
La iniciativa en cuestión, que será la que se convierta en ley y cuente con el aval de las cúpulas empresarias y sindicales, ya lleva aumentos en el programa de seguridad social y en la asignación a Planificación Federal, que es el administrador de los subsidios y obras orientados a la energía y el transporte.
¿Cuál será el margen de negociación en consecuencia? La representatividad de los firmantes, bendecida por el gobierno, aparece como el premio subyacente.
El estilo de confección del presupuesto repite los precedentes. O sea, la subestimación en los cálculos de crecimiento e inflación para conjugar ambos con el despuntar de la ejecución y que se redistribuyan las partidas apelando a los superpoderes que el Congreso le otorgara al jefe de Gabinete.
Alberto Fernández hizo uso este año en 37 oportunidades de sus prerrogativas para redireccionar gastos. En la última oportunidad movilizó 12 % de un plumazo, o sea, $ 14.000 millones.
El aval social a este procedimiento requiere, en principio, de sentar a aliados incondicionales a la mesa, de ahí la importancia que asignó Kirchner a sostener a Moyano pese a no ser santo de la devoción de la por ahora primera dama.
Con la UIA, el acuerdo se concretó “a libro cerrado” al limarse asperezas entre el primer mandatario y el líder empresarial Paolo Roca. El número uno de Techint no es ajeno al nombramiento de un ex ejecutivo del holding, Juan Carlos Lascurain, al frente de la UIA, ni a la designación de Miguel Peirano (otro ex miembro de su staff) al frente del Palacio de Hacienda.
Y por si hubiera hecho falta un gesto oficial fuerte, la presencia del matrimonio Kirchner en las plantas de Techint y Aluar como parte de la campaña terminó de abrochar el paquete.
Moyano, en cambio, tiene un tembladeral debajo, que el gobierno se encarga de exacerbar, ya que no le conviene un desplazamiento del camionero que ungiera a Barrionuevo o los Gordos, en quienes no confía, pero tampoco le sería útil a su estrategia que se les impusiera.
La pantalla del titular de la CGT le ha costado al gobierno una transferencia de fondos y de poder que ya considera suficiente: hasta es miembro del directorio de Belgrano Cargas y maneja una de las obras sociales más fuertes.
Alberto Fernández ya le envió una señal de sosegate al incluir al portero Víctor Santa María en el segundo lugar de la lista porteña y se ocupó de incluir al metalúrgico Antonio Calo en los encuentros con el presidente.
También ha quedado en la órbita del jefe de Gabinete la negociación con la CTA, cuyo titular Hugo Yasky llenó todos los formularios para el reconocimiento de la personería gremial que le abrirá las puertas a los convenios colectivos.
La CTA suma unos 250 gremios y cuenta en sus filas a uno de los candidatos a diputado por el kirchnerismo, el socialista Ariel Basteiro, pero la puntada final del acercamiento al gobierno viene siendo trabada por Moyano y la UIA, los pilares de la concertación social que pretende imponer el gobierno de Kirchner “a libro cerrado”.
