Katrina altera el clima legislativo y la agenda del gobierno

El cimbronazo político del huracán perturba los planes de George W.Bush y sus iniciativas ante el congreso. En esencia, la serie de revelaciones relacionadas con la catástrofe no parece agotarse y pone en peligro el “legado” presidencial.

13 septiembre, 2005

La renuncia de Michael Brown, criador de caballos, no ha sorprendido a nadie. Ahora, la Casa Blanca debiera explicar por qué a semejante personaje le entregaron la agencia de emergencias federales (FEMA, según la sigla en inglés). Esto le corresponde al secretario de Seguridad interior, que tampoco exhibe títulos para el cargo.

Esta vez, Bush se movió rápido y nombró a David Paulison, ex bombero y director operativo en FEMA. Se trata de alguien con experiencia, pues estuvo a cargo del departamento municipal de salvamento en Dade (Florida sur), durante los terribles desastres ocasionados por el huracán Andrés (1992). Obviamente, su nombre fue sugerido por Jeb Bush, gobernador de ese estado y aspirante a presidente.

Esta designación podría iniciar el paulatino reemplazo de altos funcionarios políticos o empresarios amigos no idóneos por profesionales en cada área. Inquirido por varios medios, el presidente no quiso tocar el tema. Pero, según corrillos de Washington, la “ideóloga” del proceso es Condoleezza Rice, secretaria de Estado últimamente lejos de las candilejas. Por ejemplo, no ha abierto la boca sobre la propuesta del Pentágono, en cuanto a ataques nucleares preventivos sobre países peligrosos.

Sea como fuere, un creciente grupo de legisladores republicanos, que no excluye conservadores, empieza a presionar sobre la agenda del poder ejecutivo. Después de todo, muchos se juegan la banca en 2006, en tanto Bush ya no puede aspirar a mandato alguno.

En realidad, Catalina es también un pretexto de senadores y diputados para ir disputando al presidente el centro de la escena en una serie de cuestiones. Por ejemplo, el manejo del presupuesto social y las futuras partidas para obras en Nueva Orleáns o para sistemas de prevención de catástrofes tan previsibles como este huracán. Fundamentalmente, riesgos de sismos e inundaciones en California.

Por otra ala, los congresistas y gobernadores demócratas explotarán al máximo, en la campaña por elecciones de “medio término”, los graves errores en Luisiana y el deterioro de la imagen presidencial. Aunque se trate de una situación coyuntural, circulan ya sondeos donde el apoyo público a Bush baja de 39/40%. Estos números son los peores de las últimas presidencias (incluyendo a Bush padre).

Por de pronto, los republicanos piensan postergar la ampliación hasta 2010 de rebajas tributarias (15%) sobre dividendos y ganancias empresarias. La idea es congelar la muy inoportuna propuesta de la Casa Blanca hasta el año próximo. Fiel a sus compromisos e intereses, Bush ve ese proyecto como clave de su legado económico. Otra clave es la privatización de la seguridad social y las reducciones de gastos en atención médica a sectores desprotegidos (son unos 45 millones de norteamericanos).

La renuncia de Michael Brown, criador de caballos, no ha sorprendido a nadie. Ahora, la Casa Blanca debiera explicar por qué a semejante personaje le entregaron la agencia de emergencias federales (FEMA, según la sigla en inglés). Esto le corresponde al secretario de Seguridad interior, que tampoco exhibe títulos para el cargo.

Esta vez, Bush se movió rápido y nombró a David Paulison, ex bombero y director operativo en FEMA. Se trata de alguien con experiencia, pues estuvo a cargo del departamento municipal de salvamento en Dade (Florida sur), durante los terribles desastres ocasionados por el huracán Andrés (1992). Obviamente, su nombre fue sugerido por Jeb Bush, gobernador de ese estado y aspirante a presidente.

Esta designación podría iniciar el paulatino reemplazo de altos funcionarios políticos o empresarios amigos no idóneos por profesionales en cada área. Inquirido por varios medios, el presidente no quiso tocar el tema. Pero, según corrillos de Washington, la “ideóloga” del proceso es Condoleezza Rice, secretaria de Estado últimamente lejos de las candilejas. Por ejemplo, no ha abierto la boca sobre la propuesta del Pentágono, en cuanto a ataques nucleares preventivos sobre países peligrosos.

Sea como fuere, un creciente grupo de legisladores republicanos, que no excluye conservadores, empieza a presionar sobre la agenda del poder ejecutivo. Después de todo, muchos se juegan la banca en 2006, en tanto Bush ya no puede aspirar a mandato alguno.

En realidad, Catalina es también un pretexto de senadores y diputados para ir disputando al presidente el centro de la escena en una serie de cuestiones. Por ejemplo, el manejo del presupuesto social y las futuras partidas para obras en Nueva Orleáns o para sistemas de prevención de catástrofes tan previsibles como este huracán. Fundamentalmente, riesgos de sismos e inundaciones en California.

Por otra ala, los congresistas y gobernadores demócratas explotarán al máximo, en la campaña por elecciones de “medio término”, los graves errores en Luisiana y el deterioro de la imagen presidencial. Aunque se trate de una situación coyuntural, circulan ya sondeos donde el apoyo público a Bush baja de 39/40%. Estos números son los peores de las últimas presidencias (incluyendo a Bush padre).

Por de pronto, los republicanos piensan postergar la ampliación hasta 2010 de rebajas tributarias (15%) sobre dividendos y ganancias empresarias. La idea es congelar la muy inoportuna propuesta de la Casa Blanca hasta el año próximo. Fiel a sus compromisos e intereses, Bush ve ese proyecto como clave de su legado económico. Otra clave es la privatización de la seguridad social y las reducciones de gastos en atención médica a sectores desprotegidos (son unos 45 millones de norteamericanos).

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