(DYN). – El presidente Fernando de la Rúa firmó ayer (martes 26) el decreto que levanta el secreto sobre los gastos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side), a fin de que la Justicia pueda investigar si de ese organismo salió o no la plata para pagar las supuestas coimas en el Senado para la aprobación de la reforma laboral.
Así lo confirmó el ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra, quien aclaró que la medida tiene carácter “absolutamente excepcional” y se inscribe, según dijo, “en el marco de la firme decisión del gobierno de facilitar y de colaborar con la Justicia para el completo esclarecimiento de estos hechos”.
Gil Lavedra explicó la excepcionalidad de la medida recordando que “es la primera vez que se va a autorizar inspeccionar esas constancias documentarias para cumplir con la instrucción del presidente, de que la investigación sea lo más profundo que se pueda”.
Además, se garantizará la confidencialidad de las operaciones que involucren a los servicios de inteligencia extranjeros, ya que “esto puede afectar la defensa y la seguridad del Estado”, explicó.
(DYN). – El presidente Fernando de la Rúa firmó ayer (martes 26) el decreto que levanta el secreto sobre los gastos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side), a fin de que la Justicia pueda investigar si de ese organismo salió o no la plata para pagar las supuestas coimas en el Senado para la aprobación de la reforma laboral.
Así lo confirmó el ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra, quien aclaró que la medida tiene carácter “absolutamente excepcional” y se inscribe, según dijo, “en el marco de la firme decisión del gobierno de facilitar y de colaborar con la Justicia para el completo esclarecimiento de estos hechos”.
Gil Lavedra explicó la excepcionalidad de la medida recordando que “es la primera vez que se va a autorizar inspeccionar esas constancias documentarias para cumplir con la instrucción del presidente, de que la investigación sea lo más profundo que se pueda”.
Además, se garantizará la confidencialidad de las operaciones que involucren a los servicios de inteligencia extranjeros, ya que “esto puede afectar la defensa y la seguridad del Estado”, explicó.
