Investigación judicial a todo el Senado
Es por malversación de caudales públicos y eventuales enriquecimientos ilícitos .Afecta a todos los miembros del cuerpo desde 1992 hasta hoy. Se estudiarán declaraciones juradas y cuentas bancarias.
El Senado comenzó a entregar a la Justicia las declaraciones juradas, y los números de cuentas bancarias y tarjetas de créditos de todos sus miembros, en una causa donde se investiga la supuesta malversación de fondos públicos y el eventual enriquecimiento ilícito de algunos senadores.
La investigación se inició a raíz de los supuestos sobornos entregados para votar la ley de reforma laboral, y quien
dio la orden de entregar la documentación requerida fue el presidente provisional del cuerpo, Mario Losada, pese a los la oposición del PJ.
El requerimiento había sido enviado por el fiscal Paulo Starc, en quien el juez Adolfo Bagnasco delegó las investigaciones sobre el Senado.
Respecto de la presunta malversación de fondos, pidió las declaraciones patrimoniales de “todos quienes se hubieren desempeñado como senadores desde agosto de 1992 a la fecha” (incluye al presidente Fernando de la Rúa —senador hasta 1995—, a siete gobernadores, una ministra y a los actuales 69 senadores).
En el supuesto enriquecimiento ilícito, en cambio, se investiga a tres senadores: Augusto Alasino, Jorge Massat y Emilio Cantarero.
A pesar de su manifiesta oposición de días pasados, los legisladores del PJ aseguraron que están de acuerdo con entregar sus declaraciones patrimoniales a la Justicia pero “en las condiciones que fija la ley”.
Ayer, el jefe del bloque, José Luis Gioja, dijo que “las declaraciones juradas son públicas, hasta salieron en los diarios”. Pero se refería a las de 1999, no a las de años anteriores.
Con las declaraciones juradas en sus manos, la Justicia podrá determinar la evolución patrimonial de todos los senadores en los últimos años.
Presentar esta información no fue obligatorio hasta 1998, año en que se aprobó la Ley de Etica Pública.
El Senado comenzó a entregar a la Justicia las declaraciones juradas, y los números de cuentas bancarias y tarjetas de créditos de todos sus miembros, en una causa donde se investiga la supuesta malversación de fondos públicos y el eventual enriquecimiento ilícito de algunos senadores.
La investigación se inició a raíz de los supuestos sobornos entregados para votar la ley de reforma laboral, y quien
dio la orden de entregar la documentación requerida fue el presidente provisional del cuerpo, Mario Losada, pese a los la oposición del PJ.
El requerimiento había sido enviado por el fiscal Paulo Starc, en quien el juez Adolfo Bagnasco delegó las investigaciones sobre el Senado.
Respecto de la presunta malversación de fondos, pidió las declaraciones patrimoniales de “todos quienes se hubieren desempeñado como senadores desde agosto de 1992 a la fecha” (incluye al presidente Fernando de la Rúa —senador hasta 1995—, a siete gobernadores, una ministra y a los actuales 69 senadores).
En el supuesto enriquecimiento ilícito, en cambio, se investiga a tres senadores: Augusto Alasino, Jorge Massat y Emilio Cantarero.
A pesar de su manifiesta oposición de días pasados, los legisladores del PJ aseguraron que están de acuerdo con entregar sus declaraciones patrimoniales a la Justicia pero “en las condiciones que fija la ley”.
Ayer, el jefe del bloque, José Luis Gioja, dijo que “las declaraciones juradas son públicas, hasta salieron en los diarios”. Pero se refería a las de 1999, no a las de años anteriores.
Con las declaraciones juradas en sus manos, la Justicia podrá determinar la evolución patrimonial de todos los senadores en los últimos años.
Presentar esta información no fue obligatorio hasta 1998, año en que se aprobó la Ley de Etica Pública.
